Los criaderos de cerdos dividen a los pueblos del Norte de Granada

El alcalde de este muncipio, Mariano García (PP), biólogo de profesión, es de los pocos que abiertamente defienden los beneficios de estas instalaciones por el empleo que generan. «A día de hoy aquí no hay problemas de moscas, ni olores, lo que hay son más de cien puestos de trabajo palpables, de gente que tenía un horizonte laboral muy negro y ha encontrado una oportunidad», esgrime.

El alcalde cuenta el caso concreto de un vecino al que atendían en los servicios sociales comunitarios y que acaba de encontrar empleo en la fábrica. «Vino con lágrimas en los ojos a darme las gracias. ¿Éso no vale? Parece que solo vale el sello de lo verde. En los pueblos tiene que haber trabajo, si no ¿quién va a vivir aquí?», defiende.

García no es un abanderado de las macrogranjas, de hecho explica que se han rechazado en el pueblo varias solicitudes de integradoras «porque no queremos una cada 500 metros» pero insiste en que «no se puede criminalizar así a proyectos que generan empleo en el territorio».

En la misma línea, al alcalde de Castilléjar, Emilio Sánchez (PSOE) le indigna que cuando alguien goglee su pueblo, donde está situada la mayor explotación ganadera industrial de la provincia, le salgan las polémicas fotos de «la granja más contaminante de España».

«La granja lleva funcionando desde 2004 y ahora les ha dado por ahí, ¿contaminados de qué? No se puede soltar a la ligera estas denuncias. Aquí convivimos perfectamemte con la instalación y las granjas le dan un empujón de 160 empleos a la comarca. Hay más ruido que realidad, aquí sales y respiras de maravilla, este es un pueblo con una calidad de vida impresionante y es una injusticia la imagen que están dando», protesta.

Sánchez acaba de coger el bastón de mando del municipio de 1.400 vecinos –tomó posesion en Navidad– y le ha estallado la polémica de las macrogranajas. Su opinión personal es que hay que plantearse qué carne o qué fruta se consume y si se apuesta por la calidad o por lo barato «pero ese es un problema de sociedad no de Castilléjar»

En Bácor, el pueblo donde se ubica la tercera gran instalación, en este caso de engorde de animales, su alcaldesa pedánea, Laura Martínez, rechaza abiertamente las macrogranjas. «Están a seis kilómetros del pueblo pero en verano hay días queno se puede respirar de la peste a cerdo», subraya la regidora pedánea, que teme la contaminación. «Las granjas de tipo familiar las vemos perfectas, pero las macrogranjas no, haremos todo lo que esté en nuestra mano para evitar nuevas», asegura.

Desde 2018, con las protestas de Zújar y Dehesas de Guadix, hay una ola de rechazo que ha hecho que los gobiernos municipales de las comarcas de Norte, con la mosca detrás de las oreja, se pongan en guardia para evitar nuevas instalaciones.

Así, desde 2018, el Ayuntamiento de Baza, tiene un acuerdo de pleno para liberar al término de macrogranjas de cerdos limitando su instalación «con con el fin de preservar los valores medioambientales del territorio y paliar los efectos» de estas instalaciones.

También en Galera están moviendo ficha. «Tenemos claro que no las queremos, en nuestro pueblo hay mucha población extranjera que es la base de nuestra economía y nos penalizan mucho estas instalaciones, que además no generan empleo», explica su alcalde Jose Manuel Guillén.

En el pueblo paralizaron el proyecto de una integradora de mil cerdos y ahora están de pleitos con los promotores. «Los ayuntamientos tenemos en nuestra mano restringir ciertas actividades en el territorio modificando el planeamiento y en ese punto estamos. Intentando con las armas legales que tenemos que no la pongan y que si tenemos que tragaros esta por una cuestión legal que no nos pase con más», explica Guillén.

Una situación similar viven en Zújar, donde después de paralizar las obras en dos ocasiones, por las protestas de los vecinos, se están prácticamente terminando las obras de una integradora donde se criarán 2.496 cerdos. El proyecto, que se aprobó en 2015 inicialmente, genera una fuerte oposición en el pueblo, porque se sitúa junto a una zona de invernaderos.

«En 2015 nos lo vendieron como una empresa familiar local que iba a vivir de esto y se aprobó», cuenta el alcalde Salvador Moreno, del partido independiente Gente de Zújar, que entonces estaba en la oposición. Después la instalación fue adquirida por otra empresa y tras dos paralizaciones de las obras la promotora ha subsanado los requisitos que se le requerían por lo que el proyecto está a punto de finalizarse.

«La oposición de los vecinos va a ser evidente y polémica va a haber, pero yo no puedo hacer otra cosa que darles la licencia porque cumplen la ley. Espero que sabiendo los antecedentes no dejemos que se ponga más», concluye el alcalde de Zújar.