La crisis de los coches de diésel incrementa un 39% la venta de vehículos de gasolina en 2018

El cambio de tendencia en las adquisiciones de vehículos está siendo más acentuada en Granada que en otros lugares de España. El año pasado todavía existían en la provincia cerca de 19 puntos de diferencia en la cuota de mercado a favor del diésel, que se ha invertido a lo largo de 2018. Ahora -y se espera que esta senda se acentúe hasta final de año- la matriculación de coches de gasolina supera en más de 11 puntos a los turismo de diésel. No obstante, la ralentización de la venta de los coches diésel no preocupa en exceso en los concesionarios de la provincia. Gerardo Pérez, presidente de Faconauto y responsable del concesionario Japemasa, explica que el excedente de estos vehículos «va a salir aunque haya caído la venta de coches nuevos».

Sin embargo, Gerardo Pérez alerta de que el problema se va a dejar sentir pronto en la fábricas. «Esto provoca expedientes de regulación de empleo por la caída de las ventas de este tipo de vehículos y por la incertidumbre que se está generando cuando hace quince años se le vendía a los consumidores que el diésel era más limpio que los coches de gasolina», explica Pérez.

El director de Comunicación de Ganvam, Elías Domingo, comparte el diagnóstico de Gerardo Pérez y considera que la incertidumbre que se está creando «en torno al diésel» y que está lanzando «un mensaje equivocado al comprador sobre esta tecnología que le hace un flaco favor al mercado porque distorsiona la demanda. Cualquier crisis de confianza es un enemigo a batir».

En el diagnóstico que el presidente de Faconauto realiza del sector explica que el verdadero problema del medio ambiente no está en la venta de vehículos diésel y sí en la antigüedad del parque automovilístico de Granada y España. «Tenemos 15 millones de coches con más de diez años y esos vehículos de diésel sí que contaminan más que los coches de gasolina. En el caso de Granada, el parque de la provincia tiene trece años de antigüedad, uno más que en España en donde la edad ya es elevada. Pero ni hay incentivos para el achatarramiento del parque, ni se crean infraestructuras de recarga para los vehículos híbridos», argumenta Pérez, que añade que se están «vulnerando» los derechos fundamentales de los ciudadanos «cuando se prohíbe y se limita la circulación con determinados vehículos por la ciudad y, en paralelo, no se articula un plan alternativo para que puedan sustituir sus coches por otros nuevos».

En el caso del parque automovilístico actual la presencia de los vehículos de diésel es aún predominante. Casi dos de cada tres coches que circulan por las carreteras de Granada son de diésel. En España ocurre algo similar, aunque las diferencias entre turismos de diésel y de gasolina no es tan acentuada. Esto se debe a que a lo largo de la última década la cuota de mercado de coches de diésel en la provincia ha sido mayor -se situó en el entorno del 70-75%- con respecto a la media nacional -que se movió en el 60-65%-.

El sector de la automoción considera que poco a poco «las aguas volverán a su cauce» y el diésel recuperará niveles de venta mayores, pero también se señala con el dedo acusador a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que el pasado verano afirmó que el diésel «tiene los días contados. Durará más, durará menos, pero sabemos que su impacto en partículas y el aire que respiramos es suficientemente importante para ir pensando en un proceso de salida». Ribera analizó que el cambio «al que asistimos necesita muchas cosas a la vez», añadió que el proceso se tiene que acompañar «con facilidades que permitan ir cambiando el patrón que aplicamos e ir cambiando también el patrón de nuestros vehículos privados» y manifestó que no se puede culpabilizar «al que compra ese coche y para facilitar comportamientos de consumidor responsable tiene que haber señales fiscales que permitan discriminar lo que significa cada opción de forma intuitiva y natural sin hacer un análisis profundísimo». Una de esas señales es el incremento del impuesto que tasa el diésel en las gasolineras, que subirán en el caso de que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019. La intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez, como también manifestó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es que llenar un depósito de 55 litros se incremente 2,1 euros. Una medida que, más allá de su carácter recaudatorio, persigue que el consumidor mire con mejores ojos a los coches de gasolina, híbridos o eléctricos que a los de diésel.

Gerardo Pérez expresa al respecto que el sector podría estar «a favor» de que se subiera este impuesto si la medida respondiera a «necesidades presupuestarias». Pero sin embargo censura que se utilicen las cuentas del Estado para «justificar incrementos con los que se está criminalizando a una tecnología de la que dependen millones de personas». «La factura que se le quiere pasar a los ciudadanos es demasiado cara, más aún cuando es falso que el diésel moderno contamine más que un gasolina», asegura Gerardo Pérez.

El Gobierno central es partidario de restricciones como las que ha planteado el Ayuntamiento de Madrid a lo largo de los últimos meses para los vehículos contaminantes, algo que a la ministra Teresa Ribera le pareció «muy razonable y normal», para así lograr que la mala calidad del aire «afecte cada vez en la menor medida posible a la salud de los ciudadanos». En Granada también se está trabajando en medidas similares y el área de Medio Ambiente de la capital está ultimando una ordenanza con la que pretende obligar a llevar la pegatina medioambiental de la Dirección General de Tráfico a partir del próximo verano. Una acción que, en paralelo, contemplará restringir el tráfico en el Centro de la capital en el caso de que se eleven los niveles de contaminación.

La intención de este departamento local es proponer la «anticipación de medidas» relacionadas con los vehículos, que deberán llevar «en la forma indicada legalmente y antes del 30 de junio de 2019, el distintivo de la DGT de clasificación en función de su capacidad contaminante con objeto de que, en caso de superación de los valores límites de NOx -previa declaración municipal de la circunstancia-, se considere prohibido el acceso a la Zona Centro Ampliada» para los vehículos tipo B, C o sin pegatina. Estarán dentro de este Centro 'ampliado' todas las calles que se encuentre dentro de la 'U' que forman Severo Ochoa, Camino de Ronda y Ribera del Genil hacia el Centro. Además, en el supuesto de que active este protocolo de contaminación no se podrá superar «la velocidad de 30 kilómetros por hora en ninguna de las vías de la ciudad».

Estas medidas, que limitarán a los vehículos de diésel anteriores al año 2014 en el caso más extremo, van también encaminadas a la renovación del parque automovilístico con la adquisición de vehículos híbridos o eléctricos, que en el mes de septiembre ya suponían un 7,4% del mercado, con un incremento del 41% con respecto al mismo periodo de 2017.