Los atentados del 'Comando anticomunista' contra todos los partidos en Granada

La sede del Partido Comunista, en la plaza de los Campos, fue la última que se vio arrasada por las llamas en 1984. Era la quinta sede que sufría un incendio provocado en ese año, todos con apenas semanas de diferencia. Cuando Granada, junto al resto del país, iba acostumbrándose a la normalidad democrática, las siglas de los nuevos partidos se vieron de pronto en las páginas de sucesos.

El 10 de octubre de 1984 ardía la quinta sede política de ese año. En aquella ocasión le tocó al Partido Comunista, pero antes habían sido pasto de las llamas las oficinas del PSOE, del Partido Andalucista, del Colectivo Pablo Iglesias y de Alianza Popular. Todos en ese fatídico 1984. Años antes también habían sido atacadas las oficinas de la UCD.

Pero los atentados contra las sedes políticas de 1984 tenían elementos en común y la oleada incendiaria derivó en una ardua investigación policial, mientras se abría paralelamente una crisis política que obligó a comparecer al entonces subdelegado.

No fue 1984 un año fácil para los políticos granadinos. Aunque la Transición había sentado unas buenas bases, los hechos que marcaron estos meses dejaron claro que todavía quedaba camino por recorrer. Las investigaciones policiales se centraron en los grupos de ultraderecha desde el principio.

El 'modus operandi' en los distintos incendios provocados era similar. Uno o varios sujetos se colaban de noche en las dependencias del partido. Recopilaban documentación en papel, usando esos archivos como piras incendiarias que colocaban estratégicamente. Y posteriormente prendían fuego a esas torres, lo que hacía que las llamas se propagaran rápidamente por todas las estancias del inmueble. Luego, escapaban antes de que llegaran Policía y Bomberos.

Pero la liturgia no quedaba ahí. Además del incendio, posteriormente reivindicaban los hechos. Una voz masculina llamaba en las horas siguientes a la redacción de IDEAL para asumir el atentado contra cada una de las sedes. Y lo hacía en nombre del autodenominado 'Comando Anticomunista'. En ocasiones, se apuntaba incluso un motivo para haber prendido fuego al edificio. Así lo hicieron en agosto de ese año tras convertir en carbón la sede de Alianza Popular, cuando la voz anónima dijo que lo había hecho por «cerdos y traidores».

En aquella ocasión, hubo otra llamada para amenazar al que entonces era senador Gabriel Díaz Berbel, así como al gerente del partido, Jesús María Cascón. «Después de lo del partido, ahora te toca a ti», le espetaron, lo que obligó a poner vigilancia policial en los dos domicilios particulares.

Aquellos episodios se investigaron desde el área de Información de la Policía Nacional, que es la que se hace cargo de los hechos terroristas. Desde un principio, tanto los objetivos elegidos como el propio nombre del comando les llevó a buscar a los responsables entre los grupos de la ultraderecha.

Y, tras días intensos de pesquisas, se dio con los responsables. Hubo tres detenciones por estos hechos, dos autores materiales y un presunto encubridor. Los incendiarios eran, entonces, un joven de 19 años, Eduardo P. T. y otro de 21 años, Francisco F. G. Se detuvo a una tercera persona pero fue exculpada después.

Los dos detenidos admitieron tres de los incendios en sedes políticas. Según recogen las crónicas de la época, desvelaron ante la Policía que pensaban seguir quemando la Diputación y los locales de la Junta. Y adujo motivaciones políticas. Pero los Cuerpos de Seguridad practicaron decenas de registros en domicilios de personas significadas dentro de la ultraderecha.

De hecho, se llegó a detener y acusar a cinco personas más de Falange Española, incluido el que era su jefe provincial entonces, José María Caballero. Se les acusaba de haber sido los inductores de estos hechos, porque los autores materiales estaban relacionados con esta organización, como apuntaron algunos testigos.

Caballero llegó a admitir que había dado dinero a la madre de uno de los detenidos, aunque no para que cometieran esos atentados. Los miembros de Falange Española prestaron declaración, pero no llegaron a ir a juicio, porque se retiró la acusación contra ellos tras practicas algunas diligencias.

Años después, en abril de 1989, se celebró el juicio en la Audiencia Provincial. Se supo entonces que los dos sujetos llevaban también una bandera andaluza en cada uno de los asaltos que cometían a los partidos políticos. Las pérdidas que provocaron en los incendios fueron millonarias, además de dejar sin 'memoria' a esas siglas. Los dos sujetos fueron condenados por un delito de incendio continuado.