Imagen de una marcha esta semana a favor de la madre de Maracena. E.P.

Cruce de denuncias entre Juana Rivas y Arcuri en la víspera del juicio para la custodia

El italiano acusa a su expareja de sustracción de menores, mientras que la mujer le encausa de nuevo por violencia de género

Jueves, 16 de enero 2025

La Corte de Apelación de Cagliari acoge hoy una vista decisiva para determinar la guarda y custodia del hijo menor, de 11 años de edad, de Juana Rivas y Francesco Arcuri. El juzgado sardo le otorgó al padre la custodia de los menores en 2018 ... y en 2022. A los 16 años el mayor expresó el deseo de vivir con su madre y la corte aceptó. Italia revisará una sentencia que echó para atrás la Corte Suprema de Casación, el homólogo al Tribunal Supremo español, tras detectar fallos.

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Mientras los padres pleitean en los tribunales españoles y sardos, Juana Rivas interpone de nuevo una demanda por violencia de género que se suma a otras seis registradas en los tribunales españoles y la fiscalía desde el 23 de diciembre. La defensa de la madre registró en la tarde del miércoles la demanda en los juzgados de Violencia sobre la Mujer de la capital, donde anteriormente había solicitado la recusación y abstención de las dos magistradas. En la denuncia, el letrado expone que Arcuri ha intentado contactar en múltiples ocasiones con Rivas a través de reiteradas llamadas de teléfono, que suman un total de 90 intentos en 23 días, y «absolutamente ninguna de ellas ha sido atendida».

En el escrito el letrado reconoce que no existe ninguna orden de prohibición de comunicación entre ambos, pero que debe tenerse en cuenta que es pública la animadversión mutua que sienten. Ante los hechos, Rivas solicita de nuevo protección para ella y sus hijos. Concretamente, demanda la suspensión de la guarda y custodia a Arcuri del hijo menor para que así la madre tenga la custodia exclusiva, además de la prohibición de comunicación y una medida de alejamiento para que Arcuri no pueda acercarse a ellos.

Por su parte, el genovés ha dado el paso de denunciar a la madre de Maracena por un presunto delito de sustracción de menores, tal y como hizo hace casi una década. El italiano considera que Juana Rivas ha podido cometer esta infracción penal, pese a que un tribunal español decretó de forma cautelar la suspensión del regreso del niño a Italia «de forma provisional» hasta que otro órgano se pronunciara a consecuencia de unas denuncias por presunto maltrato contra el padre.

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En el código penal italiano, a menos que el hecho constituya una infracción más grave, la persona que sustrae el niño puede ser castigado con pena de prisión de uno a cuatro años, mientras que en España se prevé pena de prisión de dos a cuatro años. La defensa del italiano baraja presentar otras nuevas denuncias con más delitos.

A finales de agosto de 2017 los niños de Juana Rivas y Francesco Arcuri volvían a Italia, con custodia para el padre. La mujer fue condenada por un delito de sustracción de menores a una pena de dos años y seis meses de prisión, más otros seis de privación de la patria potestad. En noviembre de 2021, el Gobierno indultó a Juana Rivas parcialmente y quedó condicionado a que Rivas no cometiera en cuatro años el mismo delito. Un plazo que aún no ha expirado, por lo que Rivas se expone a que los nuevos frentes judiciales que se han abierto le afecten al indulto.

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Otros procesos abiertos

En Cagliari, además del proceso civil para dirimir la custodia, hay un proceso penal abierto para determinar si Francesco Arcuri, padre de los niños, los ha maltratado. Ya le han archivado a Juana Rivas cerca de una decena de denuncias por supuestos malos tratos a los menores por falta de pruebas, alienación y manipulación de los hijos. En España, Arcuri sí fue condenado por conformidad en 2009 por violencia de género.

El TSJA interviene en un conflicto de competencias entre juzgados, ya que varios tribunales han rechazado llevar el caso. Esta semana, una jueza de violencia de género de Granada desestimaba un recurso interpuesto por el abogado de Rivas a raíz de una denuncia por acoso y amenazas que se registró el 30 de diciembre. La magistrada consideró que no existía intimidación, actuando de la misma forma que otros dos juzgados de violencia sobre la mujer de Málaga. Además, alega que es la corte italiana quien debe pronunciarse en los asuntos de la familia, ya que hay procesos abiertos allí y es donde ocurre presuntamente los hechos denunciados por Rivas.

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