Las cuentas saldadas del Nevada

Por su parte, fuentes de la Consejería de la Presidencia de la Junta precisaron que la cuantía de la indemnización por los daños y perjuicios causados a Olivo por mantener 'congelada' la obra del Nevada, con la consiguiente pérdida de ganancias que ello le supuso, ascendió exactamente a 168.258.287 euros. El depósito se hizo el 21 de diciembre.

Se da la circunstancia de que sólo un par de semanas antes de ese ingreso -que según las fuentes del Ejecutivo andaluz fue ordenado por la Consejería de Medio Ambiente-, el Juzgado de lo Penal 3 de la capital remataba con una providencia de sobreseimiento provisional el asunto en la vía penal. Y es que hasta el pasado 7 de diciembre existía aún 'viva' en ese juzgado, que dirige el magistrado Antonio Aguilera, la ejecutoria penal el del caso Nevada, que tantos ríos de tinta ha hecho correr y que tantos quebraderos de cabeza ha dado a su promotora.

Una ejecutoria es un proceso mediante el que se ejecuta lo establecido en una sentencia y, en la de este asunto, el último fleco penal que quedaba por cortar, como informó el pasado mes de septiembre IDEAL, era la cesión de unos terrenos por parte del promotor al Ayuntamiento de Armilla a cambio de no tener que demoler los 1.000 metros con los que la construcción invadió el camino viejo de Alhendín.

Esos 1.000 metros fueron añadidos por la Audiencia cuando en 2011 endureció las penas que el Juzgado de lo Penal 3 había impuesto al promotor y al resto de acusados por la construcción del mastodóntico edificio, al apreciar prevaricación urbanística y un delito contra la ordenación del territorio. En su fallo la Audiencia había establecido que «en ejecución de sentencia» fuesen compensados estos metros «con otros de los terrenos adyacentes».

Y ese último punto es el que se completó el pasado verano, cuando en julio el juez autorizó la propuesta de Olivo de ceder unos «terrenos que hay a ambos lados del aparcamiento de la puerta principal» al Consistorio armillero para dejar zanjado el asunto en la vía penal. Cabe recordar que el juez de Penal 3 ya había dispuesto que se demolieran 1.446 metros cuadrados de la esquina suroeste del centro para que allí se ubicasen los jardines previstos, una demolición que se llevó a cabo, junto a otros pequeños derribos parciales.

El Nevada tuvo en realidad dos paralizaciones. Una, la primera, fue ordenada en la vía contenciosa -donde se abrió el primer frente judicial por la licencia concedida- y la otra, la segunda, en la vía penal. Fue el juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 el que ordenó en 2006 suspender las obras al pedirlo como medida cautelar la Junta de Andalucía, que ha acabado pagando bien caro no instar en su momento la finalización de aquella suspensión.

El citado juzgado fue el primero así en poner el semáforo en rojo para las máquinas y los obreros, si bien autorizó ciertos trabajos para preservar la estructura del edificio. Esos trabajos fueron los que dieron lugar a una segunda paralización en abril de 2007. La construcción fue 'bloqueda' de forma «total e inmediata» por el Juzgado de Instrucción 6 de la capital mientras investigaba el alcance penal de los hechos. Era entonces juez titular Miguel Ángel del Arco, ya jubilado.

El Nevada Shopping abrió sus puertas en noviembre de 2016 y desde entonces ha habido varias resoluciones judiciales importantes. Una de ellas fue la dictada en 2015 por el Tribunal Supremo (TS) que avaló la legalidad del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Armilla en lo que tenía que ver con el Nevada y que, por tanto, respaldó la legalidad de la licencia en su día concedida.

Otra fue una resolución de 2017 en la que también el TS anuló la condena únicamente para los cuatro exediles que votaron a favor de la concesión de la licencia. Se acababa así el periplo judicial para Dinar Romero, Francisco de Sales Ocaña Morales, Miguel Ángel Porcel Terribas y el ya fallecido José Pérez Flores, quienes llevaron su condena hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que dictaminó a su favor y condenó en 2016 a España a indemnizarles con más de 6.000 euros a cada uno porque se les había privado de una nueva vista pública en segunda instancia.

Y otra es la emitida en mayo de 2017 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) - confirmada en mayo del año pasado por el TS al inadmitir el recurso de la Junta- que amplió de 157,4 a 165,6 millones de euros la indemnización que la Junta debía pagar al empresario en concepto de daño emergente y lucro cesante, una cantidad que se ha visto incrementada hasta los más de 168 millones debido a los intereses generados. En cualquier caso, aunque las deudas judiciales del Nevada estén saldadas, la última página está por escribir, pues falta conocer lo que hará ahora el Tribunal Constitucional (TC) con el recurso de amparo anunciado por la Junta de Andalucía.