Cuidadores y enfermos de larga duración podrán entrar en la zona de bajas emisiones

La excepción es una de las sugerencias aceptadas por el equipo de gobierno a la ordenanza de Movilidad, que fue aprobada este viernes con el único respaldo del PP. PSOE y Vox, como habían anunciado previamente, rechazaron la normativa al considerar que crea un «muro» entre la capital y los municipios del cinturón.

Un total de 383 alegaciones se habían presentado al texto, el volumen más alto que se recuerda para una ordenanza municipal. Grupos municipales, organizaciones empresariales y sindicales, colectivos ciudadanos y asociaciones habían lanzado propuestas, pero también ayuntamientos del Área Metropolitana y del resto de la provincia. 

El equipo de gobierno ya avanzó que analizaría las sugerencias, que interpretaba como una vía para hacer «más participada» la zona de bajas emisiones«, con interés y que estaría dispuesto a modificar su propuesta. Así ocurrió. Los planteamientos han servido para afinar las excepciones, es decir, aquellos casos en los que personas que no residan en Granada y tengan vehículos altamente contaminantes podrán acceder al área afectada pese a las limitaciones. El resto de personas -por ejemplo, alguien que viva en Granada sea cual sea su coche o un individuo que viva en el Área Metropolitana y su coche sí tenga distintivo ambiental- podrán acceder sin problemas, tal y como venían haciéndolo hasta ahora.

Así, el texto definitivo refleja que, mediante solicitud renovable cada dos años, podrán acceder vehículos particulares o colectivos de personas con movilidad reducida que tengan tarjeta acreditativa de esta condición que no estuviesen ya en el registro de coches que pueden acceder a las zonas restringidas actuales, como el tramo final de Recogidas, el Albaicín o Gran Vía. Los que estuviesen ya en el registro automáticamente tenían permiso desde el inicio del proceso para entrar en la zona de bajas emisiones cuando entrase en vigor.

Con el mismo sistema podrán entrar los titulares de cocheras en la capital que residan fuera de Granada y tengan coches sin distintivos. Tendrán que hacerlo para dirigirse exclusivamente a su propiedad. No entran en la excepción los residentes en Granada con cocheras o los no residentes cuyos coches sí tuviesen distintivos ambientales, que ya podían entrar en cualquier caso a la zona de bajas emisiones.

Asimismo, en esta vía renovable cada dos años, podrá accederse a los centros hospitalarios con coches altamente contaminantes para tratamientos de larga duración. Lo mismo sucederá con aquellos trabajadores en situación de vulnerabilidad que sean autónomos y su sede laboral esté en la capital.

Requerirán comunicación o declaración responsable el acceso en vehículos sin distintivos ambientales a los hospitales «por motivos justificados», aquellos que se dirijan a talleres de reparaciones o a farmacias de guardia en horario no comercial. Esta vía también es la que tendrán que seguir los dueños de coches contaminantes de fuera de Granada cuando tengan que asistir a los juzgados por una citación. Igualmente sucederá con los titulares de vehículos que sean mayores de 67 años.

Otro de los cambios está vinculado a los parkings de la ciudad. Ahora todos tendrán consideración de aparcamiento de borde independientemente de su ubicación, siempre que sean de acceso público y estén sujetos al sistema de control previsto por el Consistorio. 

Durante la comisión en la que se votaron estos puntos, la responsable de Movilidad, Ana Agudo, defendió una ordenanza que «marca un hito» al consolidar hasta 13 ordenanzas distintas y que, con los cambios, da cobertura a cuestiones que van más allá de la zona de bajas emisiones, como los parkings o la carga y descarga. Con su aprobación, «cumplimos las cuestiones normativas», dijo antes de recalcar un proyecto que permite tener una zona de bajas emisiones «legal, participada extensivamente e implantada con acción».

El PSOE se opuso al considerar que respalda un modelo «que lleva a la ciudad al caos». La edil Raquel Ruz aclaró en que su grupo está a favor de la zona de bajas emisiones, «pero no así». En su opinión, el gobierno local «ha apostado por recaudar por multas y empadronamiento en lugar de por mejorar la calidad del aire» y lamentó la «falta de consenso» de un proyecto «que no se apoya en medidas necesarias, como líneas coordinadas o un metro que conecte el Aeropuerto, Chana y los municipios del arco sur».

Vox también rechazó el expediente al considerar que es una «losa» para Granada y la provincia. La concejala Mónica Rodríguez alertó de que, como refiere el informe adjunto a la ordenanza, «las futuras revisiones que se hagan del área no podrán ser regresivas». «Esto quiere decir», según explicó, «que si quisiéramos tirar hacia atrás deberíamos contar con autorización autonómica». La responsable también lamentó unas excepciones que, aunque incluye propuestas de los grupos y los colectivos, «no son suficientes». «Ha dejado fuera a los padres que traen a niños, a los que vienen a coger al bus o al tren. Falta información. Siempre dijimos que no y lo seguimos haciendo», afirmó.

Con la aprobación del texto y de la adenda del Plan de Movilidad Sostenible, también ocurrido este viernes en el pleno, todo está listo para la entrada en vigor de las limitaciones. Al menos lo que tiene que ver con la normativa. Solo queda la publicación en el boletín y la comunicación a las administraciones, con sus propios tiempos, lo que deja el horizonte para la entrada en vigor de las limitaciones en el final de abril. Las multas, como ya avanzó el equipo municipal hace un mes, se activarán en octubre.