El decano del Colegio de Abogados de Granada pide la dimisión o el cese de la ministra Pilar Llop

«Si la ministra de Justicia no sabe hacer su trabajo o no quiere hacerlo, que se vaya o que dimita o que la cesen, pero desde luego así no podemos seguir», espetó el decano en la rueda de prensa que ofreció en la sede de la institución.

Cabrera, que estuvo acompañado de otros miembros de la Junta de Gobierno de la entidad colegial, ilustró con cifras estimadas -ante la ausencia de datos oficiales- el panorama que se vive actualmente en los juzgados de Granada. Según sus cálculos, más de 6.000 actuaciones procesales se han paralizado durante este primer semestre en los juzgados de la provincia.

Pero no solo eso. La parálisis de trámites, juicios y ejecuciones por la ausencia, primero de los LAJ y ahora de gran parte de los funcionarios de las plantillas, también está provocando que haya acumulados en las cuentas de consignación de los juzgados alrededor de 20 millones de euros. Este dinero al que no se le está dando salida, como precisó, está destinado, entre otros fines, al pago de pensiones alimenticias y de indemnizaciones de despidos o accidentes de tráfico.

«La paralización de la Justicia nos está llevando a una situación tan lamentable que tenemos que levantar la voz», expresó tajante el decano, que duda que esta situación se pueda sostener por mucho más tiempo. «Tenemos que decir un basta ya enorme, en letras grandes», agregó, para instar a los implicados para que se sienten a negociar.

En este punto, Cabrera tildó de «intransigente» la postura del Gobierno y «fundamentalmente» de la ministra Llop, la cual adjetivó de «intolerable e inadmisible». Al mismo tiempo consideró que no es excusa que el Gobierno esté en funciones. «El hecho de que el Gobierno esté en funciones no significa que el Gobierno no funcione», apostilló.

El decano recalcó que desde el mes de febrero no ha habido prácticamente juicios y ese estancamiento repercute directamente en los bolsillos de los abogados; provoca, indicó, «que los abogados -2.800 ejercientes en Granada- no estemos cobrando».

El representante del colectivo tildó así de «dramáticas» las circunstancias que atraviesan muchos letrados, abocados en algunos casos al cierre de sus despachos. Son ya casi cinco meses sin poder cobrar apenas honorarios y la «crispación» y la «preocupación» se está apoderando de muchos de los colegiados.

Cabrera subrayó que todos los ciudadanos tienen derecho a la tutela judicial efectiva, un derecho constitucional que, a su juicio, se está conculcando con las suspensiones y aplazamientos que están soportando a diario los justiciables.

Ante este panorama, el ICAGR apela a la responsabilidad de todos los implicados en este conflicto, en el que los funcionarios exigen subidas salariales y funciones claras y delimitadas. Insta así al ministerio de Llop a que se siente de una vez a negociar con los sindicatos convocantes de la huelga (CCOO, UGT, STAJ, CSIF y SPJ-USO).

Sobre la polémica generada en torno a que la sede del ICAGR acoja este miércoles, como evento externo, la presentación del libro de Quico Alsedo 'Algunos hombres buenos', el decano explicó que lo único que ha hecho la institución es ceder la sala. «Cedemos el campo de juego pero no jugamos ni organizamos el tema», aclaró, para subrayar que el ICAGR es una institución «abierta, plural democrática y que pretende servir de foro de debate, de reflexión y de intercambio de opiniones».

Así, confesó su sorpresa por el hecho de que haya algunas voces «minoritarias» que protesten por que se haga este tipo de actos. «Entendemos que es inadmisible que en un estado social y democrático de Derecho se critique de una manera tan virulenta el que alguien exprese su opinión. Eso más bien está en regímenes totalitarios», zanjó.