El TS decidirá si el caso Hispakom se investigará en la Audiencia Nacional o en Jaén

Así consta en dos de las últimas resoluciones que constan en el expediente, a las que ha tenido acceso IDEAL. Fue el pasado mes de diciembre cuando la jueza instructora de Jaén, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Úbeda, elevó el asunto al TS, sin que las fuentes consultadas por este diario tengan constancia de que el alto tribunal se haya pronunciado ya.

En cuanto a la instrucción del caso Hispakom, las mismas fuentes precisaron que se encontraba en plena fase de declaraciones de investigados cuando la pandemia por la covid-19 provocó la suspensión de las comparecencias que el juzgado de Úbeda ya había programado.

El caso Hispakom emana de un atestado de la Guardia Civil (el equipo de policía judicial de Baeza) fechado en 2017. El juzgado andaluz abrió entonces unas diligencias que fueron dos veces archivadas y luego reabiertas. La última reapertura se produjo el 28 de noviembre de 2019 y las actuaciones se hallan en 'stand by' hasta que el TS decida si se queda el asunto en la Audiencia Nacional, concretamente en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid.

¿Y por qué la Audiencia Nacional ha rechazado quedarse con este asunto? En un auto que dictó el 18 de noviembre del año pasado juez Santiago Pedraz para devolver la causa a la jueza de Jaén, Elena Jódar, se detallaban los motivos. Uno de ellos es que no se consideraba acreditado que la supuesta defraudación afectara a «una generalidad de personas», sino a «un número limitado de víctimas».

Además, el juez Pedraz entendía que el perjuicio causado a los afectados ( los compradores de los artículos de la empresa que da nombre al caso) no había sido de gran trascendencia, «pues las sumas presuntamente defraudadas –añadía en su auto– están determinadas y el perjuicio no es grave». Sobre este punto, se especificaba que el quebranto habría sido de «menos de 500 euros por víctima».

En la resolución que elevó el asunto al TS, la jueza de Úbeda rebatió esos argumentos y recalcó que del atestado de la Guardia Civil se desprende que «los hechos afectan a una gran pluralidad de personas con domicilio en la demarcación de distintos partidos judiciales del territorio nacional» que exceden de la competencia de una audiencia provincial, que en este caso sería la de Jaén.

En su auto, la jueza indicaba que los investigados en esta supuesta estafa están vinculados a la mercantil Hispakom y que «se aprecia la existencia de unos 1.500 afectados, los cuales residen en distintos puntos de la geografía española. En Jaén, habría 140; en Cádiz, 52; en Córdoba, 32; en Granada, 500; en Almería, 76; en Guadalajara, uno; en Huelva, cuatro; en Murcia, uno; en Toledo, dos; en Madrid, 400; y en Málaga, 250.

«Igualmente de lo actuado se infiere la existencia de un perjuicio económico que pudiera rondar los dos millones y medio de euros», señalaba la jueza Jódar, al tiempo que recordaba «la repercusión mediática que tuvo la operación llevada a cabo».

La causa se sigue por un posible delito continuado de estafa, pero también por otros supuestos ilícitos, como revelación de secretos, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. La jueza llega a hablar de una presunta organización criminal y detalla que hay 17 investigados. Junto a ello enfatiza que los supuestos engaños se realizaron a personas «vulnerables y de especial protección, personas de avanzada edad, consumidores y con escasos recursos económicos».

¿Y en qué consistió la supuesta estafa? En el referido auto de la jueza Jódar especifica que la mayoría de las víctimas era ancianos que habían recibido la llamada de los investigados, «que se hacían pasar por empleados del servicio sanitario, lo que provocaba en la víctima una confianza plena». Así, presuntamente, los investigados lograban que las víctimas firmaran un contrato de venta a plazos o crédito para financiar la compraventa de los productos sin saber exactamente lo que estaban firmando «o desconociendo el importe exacto de la venta y/o financiación».

La jueza de Úbeda no tiene duda de que el caso Hispakom debe investigarse en Madrid y por eso ha solicitado que el TS actúe a modo de árbitro y exponga su «superior criterio».