La defensa de Nieto ve nulo el informe la UDEF sobre sus correos privados, que han alcanzado la condición de «cotilleo»

La defensa de Isabel Nieto, la exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada investigada en el caso Nazarí, ha presentado un escrito en el órgano que instruye la causa, el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, para instar la nulidad del último informe policial que ha llegado a la mesa de la magistrada María Ángeles Jiménez. Se trata del análisis que ha efectuado la UDEF de los correos electrónicos recibidos y enviados desde el correo privado de la exedil, en el cual habría datos que «tras su exposición pública en prensa» alcanzan la condición de «cotilleo».

El escrito de alegaciones de la defensa de la exconcejala, que firma el letrado Ernesto Osuna, considera que el informe policial contiene datos que debían de ser excluidos de la causa, al tratarse de conversaciones en las que participan personas ajenas al proceso. Cita expresamente el abogado algunos correos que, a su juicio, «infringen frontalmente» resoluciones en su día adoptadas por el propio juzgado para proteger la intimidad de terceros no implicados en 'la Nazarí' que apareciesen en la correspondencia electrónica intervenida.

Entre ellos, menciona un correo del secretario del Ayuntamiento sobre unas alegaciones en el parking de la Hípica, y recuerda lo siguiente: «Ni este funcionario está investigado, ni ese aparcamiento tampoco. Ni por ende tienen autorización para ver correos con personas no investigadas. Ni contiene ninguna actividad delictiva».

Otro de los correos que cree que no debieron ser objeto de examen de la UDEF lo enviaba el concejal Antonio Granados, «persona ajena a la investigación», recuerda el escrito, «aunque mencione la recepción de demora de obras del Pabellón Mulhacén«. Este pabellón, construido en el Zaidín, es una de las ocho operaciones urbanísticas bajo sospecha en este caso, en el que se trata de determinar si hubo una trama de presunta corrupción urbanística siendo alcalde José Torres Hurtado (PP).

También detalla otros correos la defensa de Nieto, como el enviado al concejal Juan García Montero para pedirle actas de juntas de distrito. «Aunque se refiera a la promoción del puesto del Albaicín (donde acabó relegado el testigo clave Jacobo de la Rosa, exdirector de Urbanismo) no contienen actividad delictiva», recalca.

Otros envíos a la concejala Telesfora Ruiz sobre los usos complementarios en parcelas de equipamiento deportivo o al edil Francisco Ledesma son también motivo de queja por parte del letrado, quien aparte censura en general la «filtración» del informe a los medios de comunicación.

Osuna pone de relieve que tanto él como otras defensas se han quejado de forma reiterada de lo que denomina «actuación parcial» de la unidad policial que investiga 'la Nazarí', al tiempo que pide «encarecidamente» el auxilio de la jueza y del ministerio fiscal en defensa de los derechos de Nieto. Junto a ello reclama que se excluyan correos intercambiados entre él, como defensa, y la investigada, «por tratarse de conversaciones» con carácter «confidencial». Sobre esos correos, opina que deben apartarse del proceso y «debieran entregarse a la instructora en plica cerrada» para que ejerza el debido control judicial de su contenido.

Por todos estos motivos, el letrado cuestiona la validez del informe, que tilda de «capcioso», y por tanto de los datos que contiene y de sus conclusiones, pues entiende que su nulidad es «absoluta». Insiste en este punto en que había resoluciones de la propia jueza que ponían límites y establecían hasta donde podían llegar los investigadores en su análisis de la cuenta privada de la edil de Gmail, para cuyo análisis hubo que librar incluso una comisión rogatoria a Estados Unidos, por estar allí Google. El letrado se basa así en los propios autos del juzgado que autorizaron la intervención, ya que entiende que los investigadores se habrían extralimitado.

De los correos se desprendía, según la Policía, que el exregidor era conocedor de los asuntos urbanísticos de la ciudad -Torres Hurtado declaró en su día que en Urbanismo lo tenía todo delegado-, así como que había «manga ancha» con ciertos administrados en materia de licencias. Cabe recordar que precisamente lo que trata de averiguar la Policía es si durante el Gobierno de Torres Hurtado se beneficiaba a ciertos promotores.

El informe del que se pide la nulidad está fechado el 16 de noviembre y fue elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). El abogado de Nieto llega a pedir incluso que se deduzca testimonio de su contenido -que se haga una copia del mismo y se investigue judicialmente- «por si fuera constitutivo de desobediencia a la autoridad judicial».