El denunciante del caso Romanones pregunta al papa Francisco por la investigación canónica

«Con todo el dolor en nuestra alma y la decepción de ver cómo esta Iglesia de Cristo defrauda a las víctimas para abrazar a los abusadores de menores de edad, víctimas inocentes», concluye la misiva de nueve páginas, a la que hoy ha tenido acceso Efe y que firma en Granada y Pamplona junto a otras tres personas que denuncian abusos.

El joven señala en su escrito que unas declaraciones del papa Francisco, en las que aludió a que los sacerdotes investigados en su día habían sido absueltos, resultan «tremendamente ofensivas» para todas las víctimas del que define como «caso de abuso sexuales de Granada».

«Es la muestra evidente de que ni su santidad, ni la Congregación para la Doctrina de la Fe, se han interesado realmente en este caso», indica la carta, en la que hace un extenso repaso a distintas resoluciones judiciales para ratificar que los «abusos y violaciones» sí existieron.

En este sentido, subraya que el proceso jurídico y los diferentes autos hacen «ver de forma evidente que hay y habrá indicios racionales suficientes» para confirmar que los abusos existieron.

El denunciante señala asimismo que el hecho de que no se hayan podido demostrar los hechos más graves imputados al único juzgado por esta causa, el padre Román, no quiere decir que los hechos de abuso sexual con prevalimiento, exihibicionismo y el daño causado por parte de nueve sacerdotes y dos laicos «no sean ciertos ni se puedan probar».

«Esos delitos están prescritos por aplicación legal obligatoria de la ley de prescripción española, pero con indicios fácticos más que suficientes para ser juzgados por el derecho canónico, cosa que no han hecho ni desde el Vaticano, ni desde la Congregación para la Doctrina de la Fe», añade la carta.

Los cuatro denunciantes preguntan además al papa en la carta, que adelanta hoy el diario El País, si seguirán sin ser informados sobre el proceso canónico del que no han tenido «la más mínima notificación».

La causa se inició cuando un joven que ahora tiene unos 28 años denunció unos abusos sexuales, que habrían ocurrido cuando contaba entre 14 y 17 años, ante la Fiscalía andaluza en octubre de 2014, hechos sobre los que llegó a pronunciarse el papa Francisco.

En el proceso judicial, independiente al seguido en la vía canónica, llegó a haber hasta doce investigados, diez curas y dos laicos, aunque la Audiencia decidió de manera definitiva declarar prescritos los delitos atribuidos a once de ellos.

La Fiscalía finalmente retiró, al considerar que no estaban acreditados los hechos, la acusación inicial contra el padre Román, único enjuiciado en la causa y para el que había pedido de forma provisional nueve años de cárcel.

La Audiencia de Granada absolvió en abril de 2017 al padre Román por la falta de persistencia de la acusación y la concurrencia de «graves contradicciones» en la declaración del denunciante.

Este último formalizó un recurso ante el Tribunal Supremo para pedir que se anulara el fallo de la Audiencia por obligarlo a pagar las costas de la defensa, y que las declarara de oficio.

El pasado abril, el Supremo dejó sin efecto esa condena al pago de las costas de la defensa y, para estimar el recurso presentado por el joven, argumentó que el denunciante no actuó con mala fe ni con temeridad.