Las denuncias de la patronal de los talleres destapan 40 negocios clandestinos en Granada en un año

La Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Granada (Asemtagra), que agrupa a setecientos establecimientos legales, trabaja desde hace años para hacer visible el problema y mantiene una vigilancia continua sobre el terreno, que le ha llevado en el último año a destapar la actividad de cuarenta negocios que operaban en negro en la provincia. La información recabada en sus inspecciones, y tramitada ante los distintos organismos correspondientes, ha derivado en 350 sanciones administrativas distintas, según los datos aportados por la patronal provincial.

Se trata de un problema que trasciende el de la competencia desleal para los negocios que operan con todas las obligaciones legales y de «desprestigio» para el sector, sino que tiene dimensiones a nivel medio ambiental, ya que no cumplen las normativas vigentes sobre tratamiento de residuos y a nivel de consumo, por la falta de garantías para los ciudadanos.

Pero desde la patronal granadina del sector van mucho más allá. «El intrusismo de los talleres clandestinos ha dejado de ser un asunto exclusivamente empresarial para convertirse en un problema grave y que no es puntual. No es que incumplan las normativas ambientales o sus obligaciones tributarias, es que hemos detectado que estos negocios son focos de actividades ilegales donde se llegan a cometer serias estafas», esgrime la gerente de Asemtagra, María José Medialdea. Cita como ejemplo que tirando del hilo de una de las últimas de las últimas denuncias de la patronal, la Guardia Civil llegó a destapar un caso de venta de vehículos con matrículas falsas. También señala casos en los que el taller clandestino era de un extranjero que se encontraba en el país de forma irregular.

Más allá de estar pendientes de las denuncias que realiza la asociación de talleres, desde delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se mantiene una actividad inspectora intensa y continua de los establecimientos en lo que a su competencia se refiere, que es el cumplimiento de la normativa de residuos.

En este sentido, el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Manuel Francisco García Delgado, explica que durante el pasado 2023, se abrieron expedientes en la provincia a 56 talleres, con sanciones de una media de seis mil euros y que en el primer semestre de este año son ya 28 los expedientes abiertos por no cumplir con sus obligaciones ambientales. «La mayoría nos llegan a través de las inspecciones de los agentes de Medio Ambiente de la Junta pero también del Seprona», incide el delegado. Apunta que desde Medio Ambiente se ciñen a su competencia de sancionar por el incumplimiento de la Ley de residuos y que, en muchos casos, son ellos los que elevan los casos a la Guardia Civil e incluso la Fiscalía «porque son reincidentes y no responden ante las sanciones».

«Una vez expedientados tienen la obligación de regularizar la situación, algunos alegan que no es un taller sino una actividad personal y la mayoría ni contestan... », incide el delegado.

Desde Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Granada reclaman más «agilidad» a las administraciones a la hora de combatir a los talleres clandestinos. «Los ayuntamientos pueden hacer mucho más, tienen que ser mucho más diligentes contra los negocios sin licencia», subraya María José Medialdea.