Más desahucios tras la pandemia en la provincia de Granada

El aumento en las órdenes de ejecución durante el primer trimestre de 2021, fecha hasta la que alcanzan las cifras más recientes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se deja ver ya en los datos. El organismo cifra en 57 las ejecuciones hipotecarias llevadas a cabo hasta el 31 de marzo, diez más de las realizadas en el mismo período del año previo; en términos porcentuales, la subida es de 21,7 puntos porcentuales. Fuentes del sector bancario reconocen el incremento, aunque explican que para interpretar los datos hay que tener en cuenta el «parón judicial» provocado por dos hechos distintos: la última sentencia del Tribunal Supremo sobre las cláusulas hipotecarias, a la espera de las cuales había muchos procesos parados, y la reducción de la actividad judicial durante los meses más complicados de la pandemia en 2020. Ahora que vuelve a arrancar la actividad en términos de mayor normalidad, explican estas fuentes, es comprensible que esto se refleje en las cifras oficiales.

Esto se produce después de que en 2020 se tramitase el número más bajo de estas actuaciones judiciales de la serie histórica reciente, que alcanza al año 2013, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el año de la pandemia fueron 404 las órdenes de ejecución hipotecaria sobre vivienda que salieron de los juzgados granadinos. Sin embargo, el CGPJ cifra en 176 las que efectivamente se produjeron; es decir, que sólo alrededor de cuatro de cada diez (el 43,6%) del total se llevaron a término.

Esos 404 dictámenes suponen la cifra más baja desde 2013 y una caída a menos de la mitad con respecto a las cifras de 2019, cuando fueron 906. Una tendencia muy similar se registró en los ejecutados. Si las cifras del primer trimestre se mantuvieran sin variación, al cierre de este año el repunte podría llegar al 30%. Un reflejo de la difícil situación en la que pueden quedar muchas familias conforme vayan venciendo algunos de los instrumentos de apoyo a los ciudadanos más vulnerables que han venido poniendo en marcha las administraciones públicas. Entre ellas, por ejemplo, están las moratorias en el pago de las cuotas de la hipoteca para adquisición de vivienda habitual que aprobó el Gobierno el 17 de marzo de 2020, y a la que pudieron acogerse personas con economías más expuestas que hubieran perdido su trabajo o vistos mermados sus ingresos de manera considerable por efecto de la covid-19. De acuerdo con los últimos datos oficiales del Banco de España, un total de 1,47 millones de personas se acogieron a estas moratorias en alguna de sus modalidades; en una extrapolación simple por población, esto significaría más de 28.000 peticiones en la provincia granadina.

La gran incógnita a futuro tiene que ver con la expiración de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que puede dejar al descubierto a muchas familias cuyo sustento depende de algunos de los sectores más castigados por la pandemia.

Pese a todo, la reducción de las órdenes de ejecución hipotecaria en Granada fue la más alta de toda Andalucía tras alcanzar los 55 puntos porcentuales sobre las cifras de 2019. Sólo Almería se acercó a esta cota, mientras el resto de la comunidad sufrió recesos mucho más leves o incluso ninguno en absoluto, como en el caso de Huelva. Esto, sin embargo, tiene un reverso menos positivo, ya que puede asociarse también a que en la provincia ha habido mayor actividad en este sentido, ya que presentó el pasado año la tercera tasa más alta del entorno autonómico, por detrás de Almería y Huelva.

Los datos más preocupantes hay que buscarlos en cualquier caso en los desahucios de personas que viven de alquiler, amparados en la Ley de Arrendamientos Urbanos. El Consejo General del Poder Judicial pone negro sobre blanco que desde 2019 son más las personas expulsadas de su hogar que vivían en régimen de arrendamiento que las que se enfrentaban a una deuda hipotecaria. La brecha, además, aumentó durante la pandemia; si en 2019 el número de ejecuciones en alquileres superó en un 80% al de hipotecas, el año pasado fueron exactamente el doble, 176 frente a 352, prácticamente una cada día.

Pese a lo abultado de la cifra en términos comparativos, también los lanzamientos por alquiler se redujeron con respecto a 2020; en concreto, en 46 puntos porcentuales.

Durante los primeros tres meses del año fueron 160 las familias desahuciadas de sus hogares en Granada amparándose en la Ley de Arrendamientos Urbanos, prácticamente el triple de las 57 de las acogidas a la normativa hipotecaria. La cifra ha aumentado un 80% en los doce últimos meses, lo que da una idea de hasta qué punto el problema puede seguir enquistándose a lo largo de lo que queda de año.

Este empeoramiento de la situación lo notan ya desde hace algunos meses en Stop Desahucios 15M Granada. Ana Guardia, una de sus integrantes, y Lizeth Rosa, abogada, constatan el incremento de las órdenes de ejecución, sobre todo relacionadas con alquileres. Ponen el ejemplo de una familia en la que hay personas con discapacidad que ya tuvo orden de desahucio cuando pagaba hipoteca. Tras ello, pudieron negociar un alquiler con la entidad propietaria; sin embargo, tampoco pudieron hacer frente a estos costes y «se vieron en la necesidad de continuar en la vivienda porque no tenían otro sitio al que ir». Un lanzamiento por hipoteca se convirtió en uno por alquiler y en un tercero por precario, sin propiedad.La justicia no atendió sus peticiones para acogerse a la moratoria del Gobierno.

Por historias como esta consideran imprescindible «una nueva ley de vivienda que garantice y blinde este derecho de manera efectiva», explican, así como, «a corto plazo», poner en alquiler social las viviendas en propiedad de la Sareb, el 'banco malo'. Para luchar por sus objetivos, el colectivo se manifestará en la capital el próximo sábado 9 de octubre.