La Policía Local ha desalojado parcialmente la antigua sede de Emuvyssa, sita en la calle Lepanto, que había sido ocupada hace unos días por dos familias con hijos menores y otras personas. La intervención se encuentra aún en desarrollo y al lugar de los hechos ... se han desplazado miembros de la Policía Nacional. Los menores no se han visto envueltos en ninguna de las intervenciones policiales.
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Como han señalado fuentes municipales, al menos una de las familias, con cinco hijos, se encontraba alojada en un albergue municipal hasta el pasado 20 de enero. Su caso estaba siendo seguido por Servicios Sociales. Sin embargo, ante el aumento de positivos por covid en ese espacio, abandonaron voluntariamente las instalaciones al día siguiente y se trasladaron al edificio de calle Lepanto con el resto de ocupantes.
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Según han señalado desde la Policía Local, los agentes se han desplazado este miércoles al inmueble tras recibir un requerimiento de que se estaba produciendo la ocupación in situ. Varios de los ocupantes han salido y otros han permanecido dentro. En el momento de la aparición de la policía, los niños estaban en el colegio. La versión de los ocupantes es distinta. Han denunciado que llevan varios días dentro y que los agentes no han presentado orden judicial.
Los agentes han solicitado la presencia de Servicios Sociales para tratar de hallar una solución. Los técnicos han ofrecido a una de las familias, cuyos padres seguían en el interior, un alojamiento en una pensión o regresar al albergue, lo que ha sido rechazado.
Poco después del mediodía se ha ofrecido a la familia cuyos padres estaban en el interior que entraran en el interior para reunificar a la unidad familiar. En el transcurso de esas conversaciones, se han producido escenas de mucha tensión. Agentes de la Policía Nacional han desalojado a las personas que se encontraban en el acceso al inmueble y que hasta el momento estaban en actitud pacífica.
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Los afectados han denunciado la «carga» y han cuestionado que se haya producido «cuando se estaba tratando de encontrar una solución y con los menores presentes».
El inmueble era propiedad municipal hasta el pasado julio, cuando lo adquirió la Fundación San Francisco Javier por 1,4 millones de euros
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