La desescalada judicial de Torres Hurtado

Para comprender mejor lo sucedido –y lo que queda– hay que situarse en el 12 de junio de 2015, el día en el que Torres Hurtado pactó con Luis Salvador en el Asador de Castilla la abstención de Ciudadanos que le permitiría repetir como alcalde por cuarta vez. El acuerdo contemplaba una hipotética renuncia en diferido que, tras tomar posesión, Torres Hurtado nunca aceptó. Vivía en la prórroga, con una minoría en el Ayuntamiento en la que jamás se había desenvuelto; la dirección del partido a la espera de un desliz que acelerase el relevo; y con la sensación de que había perdido cierta habilidad innata para salirse de los problemas con la misma naturalidad con la que metía la pata.

Es imposible saber si una retirada antes de aquellas elecciones municipales le habría evitado también tantos líos con la justicia. Lo que es una certeza es que su empeño por continuar le granjeó enemigos, que se rompieron adhesiones hasta entonces inquebrantables, se filtraron papeles y quienes se sintieron molestos –incluso, avasallados– por su forma de gestionar acudieron a la Fiscalía; entre ellos, el empresario Ramón Arenas, convertido en su archienemigo.

Torres Hurtado quiso repetir como cabeza de lista, en gran parte, para evitar que aquella candidatura la liderase Sebastián Pérez; que cinco años después ya no es presidente del partido, subsiste en el Ayuntamiento sin apenas competencias y ahora es a él al que el partido busca un puente de plata. Tampoco les fue bien a los concejales que arropaban a Torres Hurtado, que terminaron dejando el Ayuntamiento y la inmensa mayoría, también la política.

Aquel pacto del 12 de junio, a la postre, sólo le resultó provechoso a Luis Salvador.

Durante doce años, Torres Hurtado se sobrepuso a las situaciones adversas casi sin desgastarse. Incluso, sin hacer nada para que se resolvieran. Los problemas se arreglaban solos y la gente le votaba. No tuvo ningún coste electoral la salida –cada vez están menos claros los motivos– del que fuera su primer portavoz y hombre fuerte, Luis Gerardo García Royo; algunos dispendios que hoy serían impopulares, como el audi blindado de 100.000 euros que el Ayuntamiento vendió 15 años después por 3.500 para que se hiciera chatarra; el frustrado intento para cambiar de sitio la estación de tren; o la implantación de la LAC. Pero en 2015 había perdido su apabullante mayoría absoluta. En octubre, la fiscal del caso Serrallo cambió el guion y solicitó que acudiera a declarar Isabel Nieto en calidad de investigada; una concejala con pinta de hacer pocos favores y con fama –merecida– de ser una mujer estricta y exigente. En la denuncia original –de febrero de 2014– no estaba implicado ningún político y, finalmente, terminaría toda la junta de gobierno sentada en el banquillo.

Este giro sirvió para que Ciudadanos rompiese con el PP en la plaza del Carmen y dejara a Torres Hurtado en una angustiosa minoría. Nieto no dimitió –o le obligaron a no hacerlo– y Luis Salvador –candidato en aquel momento al Congreso– tensó las relaciones.

La operación Nazarí que saltó aquel 13 de abril de 2016 hizo el resto.

La sentencia conocida este miércoles es la primera que se pronuncia sobre la presunta corrupción en la etapa de Torres Hurtado. El caso Serrallo ha tenido mucho de parto de los montes y, tras tronar las costuras del sistema, ha asomado un ratón. Lo que Isabel Nieto llama un «pequeño detalle»: una condena por prevaricación a siete años de inhabilitación. No se ha probado la existencia –en este caso– de una trama organizada ni de delitos urbanísticos. Y el exalcalde ha terminado absuelto porque –como ha sostenido durante la instrucción– no tenía «ni idea» de estos asuntos porque los había delegado en una concejala que ha cargado con la culpa junto a un funcionario y al promotor.

El PP ha reclamado al PSOE unas disculpas con Torres Hurtado, que no fue la única víctima en aquella primavera de 2016. Para convertir a Paco Cuenca en alcalde, Ciudadanos reclamó la dimisión de un diputado provincial socialista envuelto en líos judiciales de los que después salió absuelto. Mariano Lorente volvió a la política y ahora es otra vez alcalde de Iznalloz.

La sentencia del Serrallo puede ser en gran parte el preludio de la Nazarí. Los hechos investigados, la forma de operar y la mayoría de los protagonistas coinciden. El fallo sostiene que se dio una licencia injusta y se adoptaron «resoluciones que revestían, únicamente, la apariencia de ajustarse a una legalidad que, sin embargo, conculcaban abiertamente». El tribunal considera, sin embargo, que Torres Hurtado no estaba al tanto de esta manera de proceder.

La Nazarí está dividida en siete piezas separadas. El nudo de la investigación es el mismo. No se han constatado indicios de cohecho y todo gira en torno a una presunta organización criminal que, valiéndose de sus influencias, sacó adelante proyectos que supuestamente tuvieron un perjuicio para el erario público y, en ocasiones, contra la ordenación del territorio.

Hay un pieza en la que Torres Hurtado difícilmente podrá alegar que no sabía de su existencia: la que abarca la construcción del bloque de pisos donde vive. Es una de las dos que está a las puertas de juicio. Ya se ha dictado auto de procedimiento abreviado contra el exalcalde, la que fuera concejala de Urbanismo y dos funcionarios. Mañana, 27 de julio, acaba el plazo para que las partes presenten los escritos de acusación. Se investiga si debieron abstenerse en las resoluciones que se adoptaron y si permitieron infracciones urbanísticas que después fueron legalizadas por una sanción económica. La previsión es que el juicio se celebre a lo largo del próximo año.

En el mismo punto están las diligencias sobre el registro de la propiedad de la calle Tórtola, donde se ha investigado la ocupación de un patio interior tras obtener por silencio administrativo licencia y la legalización posterior por sanción de la infracción urbanística. La vista oral también se estima que será en 2021.

En otras cuatro piezas están a punto de concluirse la investigación y dar paso, si corresponde, al procedimiento abreviado y posterior auto de apertura de juicio oral. Como trámite previo, la jueza ha requerido a las partes para que concreten por escrito los hechos que podrían ser constitutivos de delito y los responsables. En dos piezas el plazo concluyó el 23 de julio y, en otras dos, lo hará este martes 28.

Más retrasada está la instrucción del pabellón Mulhacén, de mayor envergadura que las anteriores. La magistrada ha acordado nuevas diligencias de prueba; entre ellas, la declaración de la exconcejala Telesfora Ruiz, aplazada al 30 de septiembre.

La sentencia del Serrallo ha sido la primera fase de una desescalada judicial que tendrá que afrontar Torres Hurtado a partir del próximo otoño y que le puede llevar a sentarse en el banquillo a lo largo de los próximos dos años hasta en siete ocasiones.

Necesitará todavía siete vidas. Pero ya lo dijo el 13 de abril de 2016 tras salir de la Jefatura de Policía: «No sabéis lo que resiste un tío de los Montes».

Cinco días después, dimitió.