División entre municipios granadinos por los 300 millones que tienen de remanentes

La propuesta plantea que las entidades locales puedan comprometerse a poner a disposición del Estado la totalidad del remanente de tesorería. Se trata de sus ahorros; es decir, el dinero que queda en las arcas de una institución después de tener en cuenta tanto los derechos pendientes de cobro como las facturas y deudas que están por pagar.

Esos fondos estaban bloqueados desde la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, más conocida como 'ley Montoro', en 2012. Sin embargo, el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y la FEMP abre la puerta a que las entidades locales cedan el superávit al Estado para que éste, a su vez, lo transfiera de regreso con la idea de que sea destinado a paliar la situación generada por la pandemia y afrontar la reconstrucción.

La iniciativa, que se encuentra en vías de tramitación y debe pasar aún el filtro del Congreso, podría tener un impacto importante en las arcas públicas de Granada. Según los últimos datos notificados por las instituciones al Ministerio de Hacienda, la Diputación y los municipios atesoran un remanente de tesorería de 289.703.938 euros. Es decir, que las principales entidades de la provincia cuentan con ahorros suficientes para, por ejemplo, acabar con la deuda completa del Ayuntamiento de Granada, pagar por completo –y sobraría– la obra de la Segunda Circunvalación o financiar la mitad de lo que costó la construcción de la primera línea de metro.

Los fondos no se distribuyen por igual a lo largo y ancho de Granada. La Diputación es la institución que se encuentra en una mejor disposición. Sus ahorros y los de las entidades adscritas –la Agencia Provincial de Extinción de Incendios, el Patronato Provincial de Turismo, el Patronato García Lorca, el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional y el Servicio Provincial de Recaudación– ascienden a un total de 95.836.435 euros.

La situación económica es especialmente saneada en tres municipios del Área Metropolitana: Las Gabias, La Zubia y Armilla. Todos ellos sitúan sus ahorros por encima de los 6 millones de euros. Les siguen otros cinco cuyos saldos en caja son superiores a los 4 millones de euros. Se trata de Albolote, Cájar, Churriana de la Vega, Guadix, y Loja.

En buena situación se encuentran también los ayuntamientos de Atarfe, Baza, Cuevas del Campo, Huéneja, Íllora, Ogíjares y Salobreño, cuyos ahorros son superiores a los 3 millones de euros. Por detrás, hasta sumar un total de 45, hay otros municipios como Caniles, Carchuna-Calahonda, Aldeire, Moclín, Montefrío, Quéntar, Salar o La Taha, entre otros, que tienen más de un millón de euros en la tesorería.

Desgraciadamente, la liquidez de los ayuntamientos varía enormemente de unos a otros. Aunque la mayor parte de las entidades cuentan con saldos favorables, 14 municipios cuentan con remanentes negativos; es decir, no tienen ahorros bajo el colchón. Granada, con -49.922.891 euros, y Maracena, con -9.176.223 euros, son los que se encuentran en una situación peor.

Le siguen los consistorios de Almuñécar, con un remanente de -5.338.619 euros, y Motril, con un salgo negativo de 4.020.846 euros. También los de Dúrcal, que presenta ahorros por -1.973.134 euros, Iznalloz, con -1.561.594 euros, y otros ocho municipios, cuyos saldos son negativos por debajo del millón de euros.

El acuerdo entre el Ejecutivo y la FEMP plantea que los municipios que se adscriban al acuerdo puedan usar los fondos transferidos por Hacienda para el impulso de medidas en materia de movilidad sostenible, transición energética, servicios sociales o promoción de la cultura. Antes, el Gobierno debe lograr pasar el filtro del Congreso, lo que se antoja difícil en estos momentos.

La aprobación de la propuesta, con el apoyo exclusivo del PSOE y la abstención de Podemos e IU, abrió un cisma en el municipalismo que está teniendo efecto en el ámbito provincial. En Granada, los socialistas defienden el acuerdo como «el único posible con la normativa actual» y aseguran, como señala la diputada Olga Manzano, que es una medida «solidaria» hecha en un marco «en el que todos debemos arrimar el hombro».

En el PP, que lleva días en pie de guerra contra la propuesta, lamentan que el Ejecutivo está cargando de obligaciones a las entidades locales y consideran el acuerdo como una maniobra del PSOE para «robar los ahorros municipales». También se muestran críticos en Ciudadanos. Los naranjas aseguran que el acuerdo «vulnera la autonomía financiera de las entidades locales porque supone la incautación de los superávits» y exigen al Gobierno que escuche «la voz del municipalismo». La diputada provincial Cristina Jiménez, de Vox, tacha de «chantaje» el plan y denuncia que los socialistas «vuelven a demostrar que creen que el dinero es suyo» con un acuerdo que tilda de «injusto e insolidario».

La dirección provincial de IU, por su parte, considera «positivo» el acuerdo «porque atiende a una demanda histórica de los ayuntamientos de desbloquear el remanente» y rechaza el «dirigismo» y que no dé respuesta a aquellos municipios «con mala salud financiera, como Granada». «Esperemos que durante la tramitación se solucionen estos problemas», plantea Francisco Puentedura.

Por su parte, la diputada provincial Alejandra Durán, de Podemos, considera «insuficiente» el acuerdo y adelanta que su formación exigirá que se renegocie «para tener más recursos». Asimismo, la dirigente rechaza las críticas de los populares, que tacha de «cínicas». «Nosotras no vamos a permitir que se rasguen las vestiduras cuando fueron los creadores de la arquitectura jurídica que ahoga a los municipios», afirma.