Los directores de los centros de día denuncian que «nadie de la administración asume responsabilidades»

Al menos así lo creen los gerentes de los 23 centros de día que forman parte de Agrued (Asociación Granadina de Unidades de Estancia Diurna), que aglutina el mayor número de plazas concertadas con la administración de la provincia. Esta mañana de miércoles se han reunido en la capital para mostrar su malestar por el cierre o la restricción parcial de sus centros. Creen que hay un «descontrol total» y que nadie por parte de la institución regional les ha sabido aclarar muchas dudas que tienen sobre la orden del BOJA, como por ejemplo: por qué hay unos centros que han cerrado y por qué otros no lo han hecho pese a compartir municipio y, por tanto, también índice de contagios. El lío es morrocotudo.

Todo comienza con el BOJA y la noticia de que un centro de estancia diurno regido por Asprogrades decide cerrar, tras hablar con su epidemiólogo de referencia de Salud, haciendo caso estricto al boletín en vigor. Es jueves por la tarde, y la noticia corre como la pólvora entre los asociados de Agrued, que empiezan en cascada a hablar con sus respectivos enlaces en el SAS y con los distintos órganos superiores. Llaman a la Agencia de Servicios Sociales (también de la Junta), que los remiten a su vez a Salud.«Nadie sabía nada, ni quería asumir responsabilidades. Al ver que la decisión recaía en nosotros pues, lógicamente, hicimos caso a lo que nos dice una orden como la del BOJA», cuenta José Antonio Sánchez, director del centro de día Mediterráneo de Maracena.

En su caso ha cerrado solo al 50% porque el índice en su municipio lo permite. Lo ha tenido que hacer de manera atropellada. Como todos. La mayoría de centros de la capital y algunos en el Área Metropolitana cerraron o restringieron en parte su actividad entre el jueves y el lunes pasado. Todo por una tasa de contagios general. «No es justo porque el índice de positivos en los centros ha sido prácticamente inexistente», señala Samara Atero, presidenta de Agrued, que tampoco cree acertados unos valores epidemiológicos a su juicio demasiado estrictos.

La asociación denuncia que los centros de día están siendo muy «maltratados» y que el cierre supone dañar la salud de muchas personas cuya mejoría depende de acudir a estos recursos cada día. También hay casos en los que la conciliación es imposible: no ir al centro puede abocar a una persona mayor a tener que quedarse sola. En algunos de estos cierres al 50% se ha tenido que dar prioridad a los usuarios en más dificultades, y en otros que han tenido directamente que cerrar, han sido los propios trabajadores los que se han visto obligados a acudir a las viviendas de estas personas para ducharles, acompañarles... etc. Es el caso de Los Tulipanes, en la Chana, que este miércoles ha abierto pero solo para celebrar la reunión de Agrued. Su directora, Silvia Luque, piensa que es absurdo basar los cierres en una tasa que oscila continuamente. «Yo no puedo cerrar o abrir de forma intermitente porque al final nos quedaremos sin usuarios o trabajadores», señala.

Qué hacer con los empleados es otra de las quejas de Agrued, cuyos asociados dicen no tener instrucciones sobre cómo protegerles del cese de la actividad. Es por esto por lo que solicitan a la Junta en un manifiesto que rectifique. Y si no lo hacen, protestarán «hasta el final». La semana que viene tienen un encuentro en la Junta con el director de personas mayores, pero esperan tener muchos más al menos para despejar todas las incógnitas que rodea a unas restricciones con las que no están para nada de acuerdo.

Por su parte, desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación dejan claro que no tienen la competencia para cerrar los centros de día y se remiten al BOJA publicado, en el que se traslada esa prerrogativa a los distintos directores. De cualquier forma explican que acaban de establecer nuevas medidas para «garantizar» la atención a las personas usuarias de los centros de día para personas mayores, con discapacidad y los centros ocupacionales de Granada. Entre otras cosas, se ha determinado la reserva de plaza para las personas beneficiarias que no puedan incorporarse al centro mientras subsistan circunstancias que lo impidan. Y también que los centros deberán realizar tareas diarias de seguimiento domiciliario o telemáticas adaptadas a cada situación concreta en un supuesto cierre de las instalaciones. En ese caso, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía abonará, por las plazas ocupadas, la diferencia entre el coste de cada plaza y las cantidades que deberían pagar las personas titulares. Así como también se reducirá a las personas beneficiarias el 60% de su aportación mientras reciba el servicio de manera no presencial.