Duelo de diputados granadinos en Defensa

También el próximo martes quedarán constituidas todas las comisiones donde se realiza el trabajo previo legislativo. Los partidos utilizan estos órganos para repartir tareas entre sus diputados y compensar también a quienes no entran en el reducido grupo de la dirección, aquellos que acaparan los focos en las sesiones de control o en los plenos.

Esta legislatura se dará una circunstancia anecdótica, al coincidir dos diputados granadinos como portavoces de PSOE y PP en la Comisión de Defensa, lamentablemente tan relevante en estos tiempos tan convulsos. El socialista José Antonio Rodríguez pidió este puesto –fue vocal en la anterior legislatura–, se supone que de entre aquellos a los que podía optar. Se mueve desde los orígenes del 'sanchismo' en el círculo próximo al actual presidente y ocupar un cargo dentro del Gobierno –aunque fuera en el segundo nivel o tercer nivel– le sacaría de ese entorno discreto en el que solo sobreviven los que pasan desapercibidos. Como portavoz de Defensa podrá influir en asuntos, por ejemplo, que afecten a la fábrica de El Fargue.

Tendrá que debatir con el motrileño Carlos Rojas, que también será miembro titular de la delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y vicepresidente segundo de la Comisión de Asuntos Exteriores. Rojas fue portavoz adjunto en la pasada legislatura, pero en esta ocasión ha salido de la dirección del renovado grupo popular, para el que Feijóo ha rescatado antiguos arietes del partido como Rafael Hernando o Cayetana Álvarez de Toledo. El problema de cobijar tantas voces distintas es que corres el riesgo de no tener voz propia. Rojas está acostumbrado a resituarse en estos tránsitos y siempre termina en un lugar destacado porque su perfil se ajusta a muchos roles distintos.

Es la pedrea en el reparto de cargos y, aunque no es el premio gordo, estos puestos también tienen una contraprestación económica. Los portavoces de las comisiones perciben un plus de 1.168 euros mensuales en concepto de gastos de representación, que se suma a la asignación fija de los diputados (3.132 euros). Al margen, los que no son de la circunscripción de Madrid tienen derecho a una indemnización de 2.018 euros exentos de tributación.

Por encima cotizan las presidencias de las comisiones, motivo por el que Vox ha abierto una «nueva etapa» –otra vez– con el PP, al no cederle ninguna en el reparto que correspondía a los populares. No abunda la generosidad a cambio de nada y la política, a veces, se explica de manera contable: los presidentes ingresan por representación 1.598 euros mensuales.

Estos puestos se usan a menudo para exministros o diputados con una trayectoria dilatada que se apartan –o son apartados– de la primera línea. Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno y cabeza de lista paracaidista por Granada, será la presidenta de la Comisión de Igualdad. Tiene también su carga simbólica, porque sus divergencias fueron sonadas con la exministra Irene Montero.

Martina Velarde, cabeza de lista cunera de Sumar por la provincia, se ha pasado al Grupo Mixto junto a otros cuatro diputados que militan en Podemos. El Pacto Antitransfuguismo considera 'tránsfuga' a los representantes que, «traicionando al sujeto político (partidos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los presentó a las elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes». Pese a todo, ni Podemos ni tampoco Sumar estiman que Velarde y sus compañeros tengan esta condición al pie de la letra. No es el papel sino la política –y sus intereses– quien lo soporta todo.

Velarde reprocha a IU que la dejara sola en campaña y no le haya permitido presentar iniciativas en el Congreso. «A mí me han cerrado las puertas del grupo, pero mis puertas están abiertas para trabajar por Granada», dice la diputada, de la que solo se recuerdan fotos con ropa de verano en la provincia.

Velarde ha registrado en este tiempo tres iniciativas para respuesta escrita del Gobierno. Se ha interesado por los pensionistas a los que se han aplicado coeficientes correctores por anticipación de su edad ordinaria de jubilación; ha reclamado un plan de choque en el campo andaluz por la sequía; y, por último, ha preguntado por las «previsiones acerca de suspender la compra de material armamentístico a Israel, así como opinión del Gobierno acerca [la redundancia es textual de la pregunta] de si es coherente denunciar los bombardeos de la población civil de Gaza mientras se colabora económicamente con el complejo militar industrial israelí». Cuestiones intrínsecamente granadinas.

La bandera que presidió el desfile de las Fuerzas Armadas el pasado 3 de junio y que fue entregada a la ciudad luce desde el 4 de diciembre en el patio del Ayuntamiento. Fue la insignia que descendió desde el avión junto a la cabo María del Mar Gómez, la primera mujer que protagonizaba este acto simbólico. La colocación tuvo lugar en un acto discreto con presencia de autoridades civiles y militares y hubo un gesto que pasó desapercibido y conviene subrayar.

Cuando tocó descorrer la cortinilla a modo de inauguración, la alcaldesa hizo partícipe, junto a la subdelegada del Gobierno y Al representante del Madoc, al exalcalde Paco Cuenca, que aquel 3 de junio estaba ya de regidor en funciones y a pocos días de entregar el relevo. Aquel acto se gestionó todavía bajo su mandato y es justo darle participación. Estos detalles, lejos de restarle protagonismo a ninguno de los dos, eleva a ambos, tanto a Paco como a Marifrán.