Los asuntos de este Palacio de Congresos avanzan despacio. Sobre todo, porque los mismos dirigentes que en público defienden que se trata de un motor para el desarrollo de la provincia, en privado ejercen de trileros a tiempo parcial; porque la política –la actual– es ... un pulso de pícaros y pillos que pisan las uvas que no se comen. Este es el relato cronológico del episodio ocurrido el pasado martes y que, de momento, tiene aplazada una inversión de cinco millones de euros para modernizar las instalaciones.
La sociedad que explota el Palacio de Congresos necesita un cambio desde hace tiempo. Las negociaciones no han sido fáciles, pero ha aparecido un nuevo socio –bien rodeado– que trae una inversión de cinco millones de euros. La operación se firmó ante notario el 27 de diciembre y se comunicó por escrito al consorcio público propietario de la infraestructura –66% la Junta y 34% Ayuntamiento– el 17 de enero para que autorizara el cambio de manos de las acciones desde la 256 a la 510. Hasta que el consorcio no lo apruebe, el contrato no tendrá validez.
La reunión estaba convocada para el pasado martes 7 de febrero a las 10 de la mañana. El jueves 2, el secretario del consorcio requiere varios originales y se remiten el lunes 6 junto a otros documentos añadidos. El expediente estaba teóricamente completo para la cita del día siguiente.
Antes de las diez se encontraban en el Palacio de Congresos los miembros del consorcio. Entre ellos, el delegado del Gobierno andaluz, Antonio Granados, junto a otros cuatro delegados, y la edil de Unidas Podemos, Elisa Cabrerizo. Pero la cita se retrasa. A la hora prevista, los miembros de la Junta en el consorcio toman café en la sala VIP y, a escasos metros, el alcalde, Paco Cuenca, comparece en una rueda de prensa junto al concejal Eduardo Castillo, también parte del consorcio. Se había incluido en la agenda a las 14.51 horas del día anterior. La concejala de Unidas Podemos hasta asiste como público. Aunque algo sabían, los delegados de la Junta se molestan al anunciar el alcalde en solitario que en la reunión –que aún no se había celebrado– se aprobarían inversiones por ocho millones de fondos europeos más la entrada de un nuevo socio que aportaría otros cinco; trece en total.
Se viven momentos de tensión en los pasillos. Una vez dentro se produce un desencuentro entre las dos administraciones a cuenta del procedimiento para incluir al nuevo socio. El gobierno municipal mantiene que el expediente está completo de más. El delegado de la Junta echa en falta un informe jurídico, que ni está ni tampoco se había reclamado hasta ese momento. La consecuencia es que la entrada del nuevo accionista se queda sobre la mesa.
Ya está convocada otra nueva reunión del consorcio para el próximo viernes 17 de febrero. Diez días después del duelo a las diez. Diez días perdidos.
LA PRESA, QUE RULES
Lo verdaderamente extraño de los 31 trenes encargados para Cantabria y Asturias no es que por un error de gálibo no quepan por los túneles, sino que el estrambote no haya sucedido en Granada. Aquí se tuvo el empeño y atrevimiento de hacer pasar un pseudoave por el túnel de San Francisco en Loja, un pasadizo angosto del siglo XIX. Y tuvo que ser así después de mover en varias ocasiones el trazado proyectado por esa zona al toparse las obras con un acuífero del que se advirtió y no se hizo excesivo caso.
Tampoco debe sorprenderse en exceso el granadino del pifostio de los trenes de vía estrecha del norte de la Península, cuando aquí se construyó una presa sin tuberías y en casi dos décadas las administraciones han sido incapaces de ponerse de acuerdo para ejecutarlas. Las obras se declararon de interés general del Estado por ley en 2001. Mucho interés tampoco es que haya habido.
Desde la oposición, todos los partidos visualizan la solución pero luego se atrapan cuando tienen responsabilidades de gobierno. El marrón de la presa, que Rules.
Las obras del primero de los tramos deben empezar este año. Al PSOE le corresponde exigir al Gobierno central que aproveche los fondos europeos para acelerar al máximo los proyectos que faltan. Porque en su momento también hubo dinero y faltó la capacidad para gastarlo. El 27 de julio de 2010 se movilizó por primera vez la sociedad civil de la comarca de la Costa bajo el lema 'Por las infraestructuras pendientes'. El PSOE, que estaba también entonces en el Gobierno central, se sumó a la manifestación: «Estaremos pidiendo lo mismo que los empresarios, pero denunciaremos la chabacana conducta de los enredadores profesionales», se refirió el siempre acerado Manuel Pezzi a sus rivales del PP. Para templar los ánimos, los socialistas anunciaron que la Junta –entonces la competencia era de la Agencia Andaluza del Agua– contaría con 80 millones de euros de fondos europeos para las obras de las canalizaciones de Rules; dinero que el agua se llevó finalmente a otra provincia.
También el PP tiene ahora una responsabilidad adquirida con su promesas en el pasado reciente. Le toca reclamar a la Junta su compromiso para que estudie cofinanciar parte de los trabajos. El propio Juanma Moreno ofreció en la clausura de la escuela de alcaldes en Almuñécar el pasado 1 de septiembre constituir una UTE entre las administraciones. Quizás por eso, al alcalde sexitano no le debió resultar extraño que esta semana circulara un vídeo de Juanma Moreno en el que se refería a la «enorme piscina» sin utilizar y se mostraba dispuesto a poner «casi la totalidad de los recursos» aunque no sea «responsabilidad» de la Junta «con tal de que salga adelante». Juan José Ruiz Joya escribió en redes sociales: «Gracias, presidente. Almuñécar y La Herradura te necesitan. Qué gran noticia».
Sucede que el vídeo de Juanma Moreno correspondía en realidad a un fragmento de su discurso en la entrega de los premios IDEALES de 2021.
En asuntos de agua, conviene pisar pocos charcos.