El 'comodín' de escuchar al pueblo

Miles de personas salieron a la calle en aquellas marchas multitudinarias encabezadas por los indignados que comenzaron a sucederse en 2011. De aquella movilización casi inesperada surgió el fenómenos 15M que, entre otras cosas, buscaba dar voz de nuevo a los ciudadanos. Participación o transparencia comenzaron a ser palabras muy oídas desde entonces. Las consultas populares se erigían como la herramienta para que los gobernados se hicieran oír ante sus gobernantes. Pero este procedimiento no es nuevo, no lo han inventado los catalanes que lo usaron para pulsar a la ciudadanía sobre la independencia ni es un hallazgo de nuevos partidos asamblearios. Andalucía tiene una ley que regula este procedimiento desde 2001 y está contemplado también en la Ley reguladora de Bases de Régimen Local, que data del año 1985.

El alcalde y candidato a la reelección por el PP, José Torres Hurtado, ha anunciado que convocaría una de estas consultas populares para que sean los granadinos los que decidan sobre la viabilidad del proyecto Atrio de la Alhambra. También el presidente extremeño, José Antonio Monago (PP), ha anticipado que convocará una de estas consultas populares para que los ciudadanos opinen sobre la reforma de la Ley Electoral y digan si quieren que gobierne la lista más votada, una segunda vuelta o reducir el número de parlamentarios.

Pese a que parece que se pone de moda, es una herramienta muy infrautilizada:«En España hay más de 8.000 municipios y, desde que se instauró la democracia, el Gobierno ha autorizado poco más de treinta consultas populares», señala a este periódico Miguel Presno Linera, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo y especializado en derecho electoral y participación política ciudadana.

El profesor lamenta que la «participación directa se ha visto como algo de lo que desconfiar, en lugar de una forma útil de resolver conflictos». Para Presno Linares, este tipo de consultas hubiera sido indicado para situaciones como la que padecieron los vecinos de Gamonal, donde se vivió una semana de manifestaciones y disturbios por la oposición de los residentes del barrio a que se hiciera un bulevar que consideraban innecesario, costoso y perjudicial, porque eliminaba 300 plazas de aparcamiento. «Es el ejemplo perfecto en el que se hubiera podido convocar una consulta popular», destaca el profesor universitario.

«Es habitual que las consultas se usen para resolver ante una situación conflictiva o para legitimar una decisión política», señala Presno. El carácter de la consulta no es vinculante (principal diferencia con el referéndum), «aunque si la gente vota mayoritariamente en un sentido, no tendría sentido que el gobernante no les hiciera caso», considera el universitario.

Los ayuntamientos pueden convocar consultas populares sobre cualquier tema que deseen, con dos límites: que no afecten a la Hacienda Local (para que no sufra menoscabo) y que sea un asunto de su exclusiva competencia (que no implique a otras administraciones).

Este tipo de consulta puede promoverla el Consistorio, necesita mayoría absoluta del pleno y debe contar con autorización del Gobierno central, «que a veces se demora un tiempo». Dentro de la Ley 2/2001, la comunidad autónoma andaluza establecía otra modalidad, como es que la puedan promover directamente los ciudadanos. En una ciudad como Granada, que excede de los 100.000 habitantes, podrían solicitarlo los vecinos si reúnen un mínimo de 10.350 firmas verificadas, aunque corresponde al alcalde convocar la consulta popular local mediante decreto.

Presno Linares explica que la pregunta de la consulta debe ser lo más clara posible, y la corporación local debe poner medios para que la consulta sea participativa y para que haya una campaña previa que informe al ciudadano sobre las consecuencias de la decisión que tomen. El experto apunta a que se han convocado consultas para asuntos tan dispares como elegir el trazado de una autovía, la mejor fecha para celebrar las fiestas populares o si el municipio debía someterse al fracking, una técnica que permite extraer gas y petróleo del subsuelo.

Precedentes en Granada

Quizá el mas sonado fue el de Almuñécar, cuando el exalcalde Juan Carlos Benavides propuso que los vecinos se pronunciaran sobre el Plan General de Ordenación Urbana. La consulta se pudo celebrar después de un largo proceso judicial que llegó hasta el Tribunal Supremo y de una costosa campaña informativa. Juan Carlos Benavides logró el sí que buscaba, pero solo movilizó al 33% de los electores.

Hubo otros menos relevantes, como los de La Herradura, en 2001, cuando los residentes y veraneantes decidieron sobre el paseo marítimo del municipio. Los vecinos deseaban que se demoliera el paseo marítimo, una plataforma elevada de madera, y así lo expresaron en las urnas. En Los Villares, en 2007, los 75 vecinos votaron el contra de la instalación de una antena de telefonía móvil. El no ganó por un único voto, porque los residentes querían la antena más lejos de su pueblo.

En 2002, los vecinos de Quéntar eligieron en las urnas las fechas en las que celebrar sus fiestas patronales de moros y cristianos. La mayoría de los 800 vecinos mayores de edad que había en aquel momento eligieron septiembre para la celebración, como había ocurrido un año antes.

También se eligió en las urnas, en 2012, la fecha para la feria de Pinos Puente. El 83% de los censados eligió agosto para el evento.

En Alomartes, el referéndum sirvió para conocer que los ciudadanos deseaban constituirse como entidad local autónoma. La mayoría de los vecinos, y de los partidos políticos representados en el Ayuntamiento votaron a favor de esta segregación.

En la capital también hubo propuestas de consultar a los ciudadanos para dirimir sobre un tema político. Fue en 1998 y el referéndum se propuso sobre el Rey Chico, en concreto sobre una posible demolición del edificio. La idea la lanzaron dos tenientes alcalde del PP, Miguel Valle y José Manuel Urquiza. Un año más tarde, Los Verdes retomó la idea del referéndum. Finalmente, el edificio se reformó demoliendo parte de la cubierta. En Maracena también tienen experiencia en estos asuntos de democracia participativa. Ocurrió en el año 1996, cuando se consultó al pueblo sobre la peatonalización de una calle.