El elenco acusador de 'la Nazarí'

Alrededor de su señoría se sitúan las demás acusaciones, la popular y las particulares, cada una con un papel bien definido. Una defiende intereses colectivos (la popular) y las otras luchan porque se resarzan perjuicios personales (las particulares). La popular la ejerce el PSOE de Granada. En el grupo de las particulares, figura, en primera fila, por ser la más beligerante, la ejercida por el empresario Ramón Arenas y su empresa Aremat Formación. Este se personó como afectado por la operación que permitió la construcción del Pabellón Mulhacén en el Zaidín y los negocios anexos, una concesión que supuestamente invadió un solar de Arenas. En segunda fila está un particular que es abogado de profesión. Se trata de Fernando F. N., un afectado por la operación que auspició el desvío del barranco de San Jerónimo y la concesión de la licencia de primera ocupación a las 300 viviendas del residencial Ciudad de la Luz.

También como acusación particular actúa el Ayuntamiento de Granada que, en caso de condena, tendría que afrontar un eventual pago de indemnizaciones. En el otro lado del escenario se hallan las defensas, siempre pendientes del devenir del proceso para reaccionar con alegaciones y recursos, y convencidas de que no hay caso.

El día 'd' de la Operación Nazarí fue el 13 de abril de 2016. Hubo una cascada de registros y arrestos. Los policías peinaron el Ayuntamiento y la sede de Urbanismo, en Gran Capitán. Fueron a casas, negocios y despachos de tres empresarios del ladrillo (Roberto García Arrabal, José Julián Romero y Enrique Legerén), así como del exregidor, su concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, y varios ex altos cargos de su departamento. Todos los detenidos adquirieron la condición de investigados y comenzaron a desfilar ante la jueza.

En las primeras semanas, los abogados defensores trataban de adivinar qué supuestos desmanes urbanísticos habían derivado en una causa penal que ya se encuentra prácticamente terminada. Levantado el secreto de sumario se ponía nombre a las operaciones supuestamente delictivas. Sobre la mesa de la magistrada los tomos del caso Nazarí empezaban a crecer a un ritmo vertiginoso. Había hechos muy parcelados, propicios para ser investigados de forma independiente. Y eso hizo la instructora: dividió las diligencias 301/2016 en piezas separadas. La causa, en la que la UDEF llegó a hablar de una supuesta organización criminal encabezada por el entonces alcalde, se segmentó en expedientes con nombre propio: Obispo, San Jerónimo, Progreso, Campus, PP-T1, Registrador, Mulhacén y Parkings.

Cada expediente comenzó entonces a seguir un ritmo distinto, marcado por la presentación constante de escritos de las partes e impugnaciones. Los hilos del caso se iban moviendo al son de la ley y de los escritos de las acusaciones. Y una de ellas, la ejercida por Ramón Arenas, empezó a jugar un papel especialmente protagonista en la práctica de diligencias;era y sigue siendo la parte más activa.

Al profundizar en las supuestas ilegalidades, las peticiones de archivo comenzaron a llegar. La propia fiscal descartaba delito en piezas como las obras en un local de calle Tórtola para albergar la oficina de un registrador o en los pisos de Torres Hurtado y Nieto en el bloque de la calle Obispo Hurtado. Esta última actuación es la única juzgada hasta la fecha y su desenlace ha sido la absolución.

Ahora, en estos días, la fiscalía ha vuelto a pedir un archivo: el de la pieza Campus, centrada en una residencia proyectada en el PTS que nunca se construyó. También el PSOE cree que el sobreseimiento será su final.

En el caso de la formación socialista, su personación como acusación popular «se mantiene única» aunque la causa se trocease «por su densidad», según indica su abogado, Joaquín Alcón.

Sobre la pieza de San Jerónimo y el reciente escrito instando su archivo que ha dirigido al juzgado, este letrado zanja la polémica. Sucedió que al reproducir las fechas acotadas por la investigación (que abarcaba desde 2000 a 2015), situó el inicio de la supuesta corrupción municipal antes de la llegada de Torres Hurtado, en época del gobierno tripartito que encabezaba el socialista José Moratalla. Pero esa horquilla temporal no es la que maneja el PSOE. Se trató de un desliz de redacción a juicio de Alcón «irrelevante». En este sentido, deja claro que no puede hablarse de corrupción en aquella época, puesto que «con anterioridadlo que había era una expectativa de desarrollo y de generación de plusvalías descomunales que se querían controlar».

El hecho de que las pesquisas policiales retrocediesen hasta aquellas fechas fue por las concesiones de los parkings de la ciudad, un asunto que ha quedado finalmente fuera de la lupa judicial. La propia fiscalía pidió su archivo por estar prescrito.

Así las cosas, a juicio del letrado del PSOE, la polémica generada a estas alturas sobre esa horquilla de fechas es estéril, pues la posición de los socialistas no ha mutado. Cierto es, no obstante, como admite, que en la pieza Obispo llegó a acusar (pidió 12 años de inhabilitación al exalcalde), pero decidió retirarse del proceso en vísperas del juicio. «Es el único caso en el que nos hemos ido oportunamente, porque el resultado parecía previsible», señala Alcón, tras recordar que las supuestas ilicitudes se limitaban a unos centímetros en las alturas de los techos y una diferencia ornamental en algunos de los balcones de la fachada.

Actualmente, quedan solo tres expedientes sobre la mesa del juzgado: Campus, SanJerónimo y Mulhacén. Esta última operación es la que más visos tiene de prosperar, a juicio del PSOE, que en principio sí aprecia indicios de delito en la segregación que se hizo para levantar los locales comerciales junto al pabellón. «Esa es la pieza que hoy tiene enjundia y quizás la única», asevera. Por contra, las defensas consideran que se trata de cuestiones más propias de la vía contenciosa que de la penal, y que responden a diferencias de interpretación en la aplicación de la normativa urbanística.

Para algunos de los letrados, la Nazarí ha estado marcada por inquinas personales y políticas, y ha ido desvaneciéndose. En el momento actual, pese a que se van cerrando capítulos sin culpables ni delitos, las acusaciones siguen en guardia y, en el caso de Arenas, mirando incluso hacia Madrid, pues recurrió ante el Supremo el archivo de la pieza Registrador. En ella, Arenas y el PSOE llegaron a formular cargos, pero cuando estaba a punto de juzgarse, la Audiencia ordenó su archivo.

El Ayuntamiento, la otra acusación particular que continúa en el proceso, ha tenido dos facetas en la causa con un cariz más económico que político:la de defender sus intereses como perjudicado y la de ser el posible responsable civil subsidiario en caso de condena de alguno de los exmunícipes o ex altos cargos involucrados. Por último, cabe recordar que Vamos, Granada estuvo al principio personado también como acusación popular y fue una parte muy dinámica, encabezada por la exedil Marta Gutiérrez, pero acabó retirándose del elenco acusador de la Nazarí tras la salida de esta del Consistorio.