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El consejo de gobierno de la Junta comenzó su reunión de ayer a las 10.30 de la mañana, según consta en la agenda. A las 14.23 terminó la rueda de prensa posterior. A las 15.03 llegó la referencia de los asuntos tratados y, en el último punto, figuraba el capítulo de 'nombramientos', que estaba vacío. No fue hasta las 17.12 cuando se recibió el listado con los 122 cargos, entre ellos los seis nuevos delegados territoriales granadinos.
¿Un documento así no se tiene preparado con antelación? Si se descarta que algunos de los elegidos –o elegidas– no terminasen de encajar en la estructura, sólo puede deberse a la improvisación o la impericia. En Granada, alguno de los nombres no se confirmó hasta las 17.22, pese a que se había abordado en la reunión del consejo de gobierno. Y se puede afirmar sin exagerar en exceso que la dirección de su partido en la provincia se enteró al mismo tiempo que la prensa –o después–.
Ni la cúpula granadina de Ciudadanos ni la del PP han intervenido en exceso en la elección de los últimos seis delegados. Algún nombramiento –mínimo dos– ha sorprendido o incluso molestado. Los 'padrinos' –o 'madrinas'– no estaban en el aparato provincial del partido. Son otros tiempos.
Antonio Granados, al frente de una macroárea, ha contado con el aval personal de la consejera Marifrán Carazo, a la que ha dado libertad de acción del propio presidente, Juanma Moreno. El concejal de la capital –cargo que tendrá que dejar– colaboró con ambos en las pasadas primarias en apoyo de Soraya Sáez de Santamaría. Especialmente desde ese momento, Granados se distanció del entorno del líder provincial, Sebastián Pérez.
La elección de Indalecio Sánchez Montesinos ha sido sólo una sorpresa relativa para la dirección popular. No es alguien ajeno a este círculo. De hecho, el partido le arropó indirectamente en su candidatura al Rectorado hace cuatro años. Por decirlo de alguna manera, le habría preferido a Pilar Aranda. Entre sus mentores profesionales está el también catedrático Antonio Campos, hombre que tiene ascendencia sobre la dirección del PP. Indalecio Sánchez Montesinos forma parte de una Comisión de Sanidad que se reúne mensualmente y ha sido uno de los dos nombres que planteó el partido desde Granada. Se ha optado por él por su perfil más técnico y su prestigio en un área tan convulsa políticamente.
El de María José Martín en Agricultura y Desarrollo Sostenible sí ha sido una designación afín a la dirección provincial, que al mismo tiempo abre un hueco en el Senado para un eventual anticipo electoral. Su nombre no provocaba estridencias en Sevilla. Algún otro que se ha manejado, sí.
Ninguno de los tres delegados de Ciudadanos forman parte de la estructura política provincial, aunque han participado en los grupos de trabajo. En los tres –justifican fuentes provinciales del partido– ha pesado su «currículum». El nombramiento más comentado ayer fue el de Elisa Isabel Fernández Vivancos al frente de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local. De todos los delegados es el caso más «delicado», según fuentes directas.
Ayer mismo por la tarde, la dirección provincial lo puso en conocimiento de Sevilla para despejar las dudas. El elemento controvertido es su paso por la jefatura de los servicios jurídicos en Granada y que en su etapa final –estuvo 14 años– coincidió con la reclamación patrimonial de Tomás Olivo por la paralización de las obras de Parque Nevada. El abogado de la Junta no acudió a la vista y la jueza sólo pudo valorar la pericial que presentó el empresario. No se sabe cómo se habría resuelto el pleito, lo único cierto es que el Gobierno andaluz ha pagado por aquel fallo 165 millones de euros.
Fernández Vivancos –que no es militante– ofreció ayer una versión a Ciudadanos que le ha convencido. Justifica que el asunto se le asignó a otro letrado, que adujo «problemas de señalamiento en su agenda» para excusar su ausencia. Después ella fue cesada y este letrado «ascendido» como jefe de los servicios jurídicos.
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