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Y. H. y j. m.
Jueves, 27 de junio 2019, 13:10
El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada ha decretado el embargo de más de una treintena de bienes en propiedad de al menos diez ... de los acusados en el caso Serrallo, que se sentarán en el banquillo a partir del 3 de febrero del próximo año por las presuntas irregularidades en la construcción de una discoteca donde debía levantarse un kiosco de chucherías junto al centro comercial. El embargo responde a la petición de una fianza de dos millones de euros a pagar de forma solidaria entre los 17 procesados para cubrir los perjuicios económicos de una posible sentencia condenatoria. Entre los bienes requisados están dos fincas propiedad del exalcalde de la capital, José Torres Hurtado, y otra de su delegada de Urbanismo, Isabel Nieto.
A finales del pasado año, algunos de los acusados empezaron a enumerar los bienes con los que cubrirían su parte de la fianza impuesta en la investigación de la causa. Con los decretos emitidos por el Juzgado a lo largo de los últimos días, a los que ha tenido acceso IDEAL, se da cumplimiento al embargo de propiedades a Torres Hurtado, a tres de los concejales que formaban parte de la Junta de Gobierno Local (Juan Antonio Mérida, Vicente Aguilera y Fernando Egea), a la responsable de Urbanismo, Isabel Nieto, al director del área y cuatro de los funcionarios de la cúpula. En los documentos aparece también el nombre de un empresario de la construcción, y el de una compañía inmobiliaria que responde con 11 fincas rústicas en Motril.
En el listado de las propiedades aparecen dos fincas a nombre del exalcalde Torres Hurtado, inscritas en Granada capital, y una de Isabel Nieto, también registrada en Granada. Uno de los concejales encausados aporta dos propiedades en Almuñécar, mientras que otro compensa parte de la fianza con cinco fincas ubicadas en el municipio jienense de Lopera. Por último, otro ve embargadas una finca en Granada y otra registrada en Órgiva-Ugíjar.
En cuanto al empresario, el Juzgado embarga dos bienes que están inscritos en el Registro de la Propiedad de Granada, uno en Motril y otro en la localidad malagueña de Torrox. En lo relativo a los que fueran miembros de la cúpula de Urbanismo, responden a la fianza solidaria con el embargo de una finca registrada en Fuengirola, dos que figuran en Sevilla, una en Granada y otra en Cájar.
Quienes formaban parte de la junta de gobierno local y algunos funcionarios se escudaron en un primer momento en la existencia de un seguro de responsabilidad civil en el Ayuntamiento para evitar poner sus bienes en juego, pero la juez titular del Juzgado de Instrucción 2, María Ángeles Jiménez, rechazó el pasado año esa posibilidad y reclamó a los acusados que informaran sobre su patrimonio, proceso que comenzó en noviembre de 2018.
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