El empresario de las audioguías: «El Patronato nos ha pagado siempre fatal, mal y tarde»

La vista se celebra en la Audiencia de Granada hasta el próximo 25 de enero para determinar si se benefició por parte de la excúpula del recinto nazarí a la mencionada entidad y si esta engañó a la hora de declarar los alquileres que se prestaban a los visitantes de los equipos para orientarse en el monumento.

El primero en declarar ha sido el exjefe de Contabilidad, contra quien solo ha formulado cargos la Junta de Andalucía, y ha dejado claro que la mayoría del período en el que la fiscalía sitúa las presuntas irregularidades del contrato de las audioguías ocupó cargos desvinculados de este asunto. Así, ha detallado que fue entre mayo de 2007 y junio de 2008 cuando ocupó el puesto que le ha implicado en los hechos; el resto del tiempo pasó por departamentos «ajenos a esta cuestión».

Este acusado, al que la Junta de Andalucía atribuye la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos (al igual que a las exdirectora y exsecretaria del PAG, Mar Villafranca y Victoria Chamorro), ha explicado que las liquidaciones se realizaban anualmente y que fue «en febrero de 2008» cuando hizo «el primer requerimiento» a la empresa de las audioguías por el dinero que adeudaba.

En los meses siguientes, mientras estuvo en esa sección, según ha asegurado, volvió a hacer varios requerimientos más para que la empresa pagase el canon fijo, «y después -ha recalcado- me voy de allí y no vuelvo a hacer nada más en este asunto porque me voy a Personal».

En 2009, según ha desvelado, se hicieron «conteos» de las audioguías que la empresa alquilaba en el mostrador que tenía habilitado en la Alhambra. Fue a instancias, ha dicho, de la exsecretaria del recinto, que estaba «preocupada» porque quería verificar si el número de alquileres de equipos que se declaraban era el real. «Ella me pidió que hiciéramos algo para controlar si eso era verdad», ha indicado. «Había que hacerlo de forma que ellos no lo supieran, para evitar que pudieran modificar nada si es que nos estaban engañando».

De este modo, para contar los aparatos que se alquilaban, se llevaron a cabo controles en «dos puntos» de los palacios por los que todo el mundo pasaba sin posibilidad de retorno. «Los resultados dieron una cifra de alquileres un poquito más alta de los que ellos declaraban pero dentro de una franja de error razonable», ha puntualizado. Por ello, en un informe que elaboró en mayo de ese año al respecto concluyó que el problema (si los alquileres descendían) debía de estar en otro sitio. «Pensé que tenía que ser un problema de tipo comercial».

No fue hasta enero de 2010 cuando José M. V. vuelve a tener relación con el contrato de las audioguías, al entrar en la sección de Ingresos. Y lo primero que hizo, según ha precisado, fue «inmediatamente» tomar «medidas». Pidió un informe al funcionario que había sobre el seguimiento y control de los contratos (no solo estaba el de las audioguías) y le instó a convertir «en documentación contable» las anotaciones que tenía en un sistema informático.

Sobre la prórroga del contrato del servicio de audioguías a la mencionada empresa en 2011 pese a la deuda que acumulaba, el exjefe de Contabilidad ha explicado que la prórroga era competencia «de la sección de Contratación». El acusado ha sido preguntado expresamente por un correo que dirigió a la empresa en junio de 2011 para que presentase «un plan de pagos inmediato», y lo ha enmarcado dentro de la política «de presión» que se adoptó con la empresa para que pagara. En este punto, ha explicado que se iban a licitar nuevamente las audioguías, «pero no obstante se planteó la posibilidad de plantear el tema al pleno del Patronato», pues «había que cobrar ese dinero como fuera».

Con respecto al precio de las audioguías, el exjefe de Contabilidad ha afirmado que se cobraban al que estaba «establecido», a la vez que ha recordado que existe un informe de la Intervención que da fe de que «no se produce modificación» en el precio «más que en el incremento del IVA». José M. V. ha negado además tener ningún tipo de vinculación con familiares del empresario también procesado.

Por su parte, el empresario que explotó el servicio en las fechas que abarca el caso audioguías, que se enfrenta a una petición fiscal de 10 años de prisión y multa de un millón de euros, ha garantizado que su empresa llevaba otros contratos y era «viable», pero comenzó a tener «problemas de tesorería» en «plena crisis económica» debido también a «otras deudas de otras comunidades».

«El PAG nos ha pagado fatal siempre, mal y tarde; nos debía mucho dinero por el Servicio de Información (otro servicio que también prestaban en el monumento)», ha llegado a decir en su interrogatorio, tras precisar que la deuda con la Alhambra era en 2009 de 680.000 y en 2010 de 900.000, pero que a ellos, en enero de 2011, el PAG les debía «más de 200.000 euros».

«Para las liquidaciones nunca me pidieron el tema de los comprobantes», ha manifestado, para enfatizar que «los comprobantes estaban disponibles en el mostrador», donde se hacía caja cada cambio de turno y se supervisaba todo al día siguiente por un coordinador, por lo que «se podían consultar por el responsable que fuera». Y el mostrador, ha ensalzado, «estaba a escasos tres metros de las taquillas».

Sobre el descenso de los alquileres de los equipos, ha recordado que con la venta on line de billetes, los visitantes «extraían su entrada y se iban directos a los Palacios Nazaríes, sin pasar por el pabellón de acceso al recinto», lo que influyó en las ventas de los aparatos, que siempre tuvieron el precio de 4 euros.

En lo que concierne a la prórroga del contrato que obtuvo en 2011, ha resaltado que, en aquella situación, «era la única vía para obtener financiación» y así «afrontar las deudas» que tenían. «Se acaba el contrato y a mí me exigen que hay que prorrogar», ha aseverado.

A este acusado, la fiscalía le atribuye la presunta comisión de tres delitos (prevaricación, malversación y blanqueo de capitales), mientras que la Junta le imputa otro más: una supuesta apropiación indebida. El juicio prosigue este miércoles con las declaraciones de algunos funcionarios del PAG.