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El vicepresidente, Teodoro Obiang Nguema Mangue ('Teodorín), ha emitido un comunicado a través de su perfil social de X donde acusa al empresario de ... fraude y soborno, además de ocasionar un «grave perjuicio para la administración pública». De acuerdo con el régimen, el propietario de Global Multi Solutions está supuestamente en búsqueda y captura, un extremo que niega el propio interpelado, que asegura que no tiene conocimiento alguno de que exista un procedimiento judicial abierto en su contra y «mucho menos una orden de detención internacional». El empresario dirige también el consejo de administración del Palacio de Congresos de la ciudad de la Alhambra.
De acuerdo con Ahora Guinea Ecuatorial, un medio de comunicación que adelantó la noticia a finales de marzo y con el que ha contactado IDEAL, la televisión pública difundió el pasado 31 de marzo el aviso de una orden de búsqueda y captura que habría emitido el Juzgado de Instrucción Número 1 de Malabo contra este empresario español que mantiene negocios en el país africano para implantar la Televisión Digital Terrestre.
Acusan a Romero Ruiz de cometer sobornos a funcionarios públicos, personas físicas y jurídicas durante la ejecución del proyecto TDT, teniendo en cuenta los delitos y las cantidades millonarios que se han destinado al desarrollo de este avance tecnológico la justicia ecuatoguineana exige de forma inmediata su puesta a disposición judicial. IDEAL consultó a la Policía Nacional si había recibido dicha orden a través de Interpol, sin embargo manifestaron que no podían facilitar la información. En la misma línea, fuentes de la Guardia Civil señalaron a este medio que no les constaba la petición.
El Juzgado de Instrucción N.º 1 de Malabo ha emitido una orden internacional de búsqueda y captura contra José Luis Romero Ruiz, propietario de Wayang Teknical y Terratec, por presuntos delitos de fraude y soborno, con un grave perjuicio para la Administración Pública de Guinea pic.twitter.com/1URMqNvfHJ
— Teodoro Obiang Nguema Mangue (@TeodoroObiang17) April 4, 2025
Presuntamente, fue en enero de este año cuando la Gendarmería Nacional abrió una investigación por los actos de corrupción en el proyecto Televisión Digital Terrestre (TDT) de la televisión pública (TVGE), con la intención de esclarecer el paradero de los más de 10.600 millones de Francos de África Central, equivalente a más de 16 millones de euros, invertidos por el Gobierno para la implementación de la primera fase del proyecto, de cara al apagón digital que se avecina. El contrato para la modernización del servicio televisivo está valorado en total en más de 30 millones de euros.
A este respecto, el empresario, a través de sus representantes legales, el bufete HispaColex, ha declarado a IDEAL que desconoce la existencia de cualquier procedimiento judicial. «Hasta la actualidad no se me ha comunicado ni notificado documento alguno que evidencie que existe un procedimiento contra mi persona y mucho menos una orden de detención internacional», resume. Romero Ruiz ha puesto los hechos y las acusaciones en manos de su abogado porque atentan contra su honor y la reputación de la empresa.
«Todo esto ha surgido por una mera publicación en dicha red social, a instancia de una persona [el vicepresidente ] que, según se puede constatar en numerosos medios de comunicación, sí fue condenada por diversos delitos, como es el caso de la condena en Francia por parte del Tribunal Correccional a 3 años de cárcel y confiscación de 30 millones de euros, o del tribunal federal de California por corrupción y otros delitos», dice. «Por tanto, no es de extrañar que esta persona y sus allegados tengan otros intereses ocultos en todo este asunto y que sus verdaderas sean intenciones, simple y llanamente, perjudicarme y poner fin a los contratos que fueron adjudicados a mis empresas para así poder conseguir que se adjudique de nuevas a personas de su conveniencia, como ya ocurrió con otros proyectos allí adjudicados», argumenta el empresario.
«En definitiva, estamos hablando de una información claramente interesada y difundida con unas pretensiones maliciosas que serán debidamente respondidas por los cauces legales y judiciales correspondientes», sentencia Romero Ruiz.
De acuerdo con las informaciones emitidas por la vicepresidencia de Guinea Ecuatorial, el Juzgado de Instrucción número 1 de Malabo, presidido por el magistrado Victoriano Nsue Alogo, ordenó a principios de mes el ingreso en prisión provisional de doce personas por este supuesto caso de corrupción. Según el escrito, la resolución se ha tomado a partir del atestado presentado por la Gendarmería Nacional, que durante meses investigó presuntos delitos como fraude, soborno, evasión fiscal y negociaciones prohibidas. Los imputados permanecen en prisión por «su elevada capacidad económica y el riesgo de fuga o entorpecimiento del proceso judicial» y fueron trasladados el 7 de abril, a la cárcel pública de Malabo, donde permanecerán mientras se desarrollan las diligencias.
De igual forma y siempre según la vicepresidencia guineoecuatoriana, el departamento de auditoría del Gobierno presentó «un informe detallado que revelaba graves irregularidades financieras cometidas» por las empresas Wayang Teknical, Viprom y Global Farma, vinculadas al empresario granadino. De acuerdo con el Gobierno, la «desorganización de la contabilidad de las empresas es sumamente preocupante», ya que presuntamente usaban fondos de cualquiera de esas firmas para sufragar gastos. Respecto a los pagos irregulares, de acuerdo con la versión estatal, se han detectado transacciones realizadas sin el debido soporte documental. Las supuestas anomalías detectadas en el pago de impuesto ha ocasionado indignación en el país africano. IDEAL se ha puesto en contacto con la vicepresidencia para conocer más sobre el asunto y la situación de los detenidos sin haber obtenido aún respuesta.
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