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Un informe del gerente de Emucesa, la empresa que gestiona el cementerio de San José, ha destapado la existencia de contratos de alta dirección a seis personas del entorno del Partido Popular que, al menos en cinco de los casos, no está acreditado que efectuaran ... trabajos para la citada empresa. El actual gerente y anterior director general sostiene: «No trabajaron en la sede de la empresa y no me consta la realización de trabajos para la misma, dependiendo directamente del consejero delegado». Ese puesto de consejero delegado lo ocuparon dos concejales del PP integrados en el gobierno de Torres Hurtado entre los años 2003 y 2012 y fueron estos dos ediles los que firmaron los contratos de alta dirección a estas seis personas que, en lugar de trabajar para Emucesa, desempeñaron otras tareas, algunos de ellos en la estructura del Partido Popular.
El informe de Emucesa, al que ha tenido acceso este periódico, se elaboró en respuesta a la pregunta de una concejala que pidió información concreta sobre las funciones de los denominados asesores de relaciones institucionales y asesor de proyectos.
El actual director general de Emucesa adjunta en su respuesta los contratos de las personas que ocuparon esos cargos. Y, dado que en el momento en que se efectuaron no se encontraba en la empresa, añade otro escrito de su antecesor.
Este último informe es el que confirma que se hicieron contratos a personas que no está acreditado que prestaran servicios para la empresa en los años en que era de titularidad municipal al 100%. Distingue uno de los casos del resto. Del primero de los implicados dice que «trabajó en la sede de la empresa, desarrollando labores de apoyo administrativo y un estudio, no finalizado, sobre el sector funerario en el Área Metropolitana de Granada».
De las otras cinco personas detalla: «No trabajaron en la sede de la empresa y no me consta la realización de trabajos para la misma, dependiendo directamente del consejero delegado».
En la documentación de los contratos que se adjunta se aprecia que se hicieron siete -una misma persona tiene dos- entre los años 2003 y 2012. Los cuatro primeros los firmó el entonces concejal Eduardo Moral, en los años 2003, 2005, 2007, 2008 y 2009. En el año 2011 y 2012 la rúbrica es de la concejala María Francés.
Todos ellos eran contratos de alta dirección, con importes que varían entre los 34.000 y los 36.900 euros brutos anuales. El primero de todos está fechado en julio de 2003, apenas un mes después de que el PP tomara posesión de la alcaldía tras la victoria de José Torres Hurtado. Aquel primer documento tiene una duración de cuatro años y se firma para un puesto de asesor de proyectos adjunto al consejero delegado.
Dos años más tarde se produce el siguiente contrato, en diciembre de 2015. A partir de ese momento ya no se establece una duración concreta para la relación laboral. «El presente contrato de trabajo se pacta por tiempo determinado y sin periodo de prueba. La duración será desde el día de hoy hasta que cese el actual consejero delegado de la empresa que suscribe este contrato, fecha en la que cesará igualmente el directivo, de forma automática y sin necesidad de preaviso», se recoge en todos los contratos posteriores. El puesto queda directamente vinculado a la presencia del concejal que firma el empleo.
Aunque los contratos que quedan en entredicho con el informe del gerente son de alta dirección, en el escrito ya se establece claramente cuál es el espacio de trabajo. «El lugar de prestación de servicios del directivo serán las oficinas de la empresa», recoge explícitamente el escrito. Se añade: «No obstante, el directivo se obliga a atender cualquier gestión, reunión o conferencia para la que sea requerido allá donde esta haya de tener lugar».
Entre las cinco personas contratadas que no trabajaron para Emucesa se encuentra un presidente provincial de Nuevas Generaciones, que firmó seis meses después de ser elegido. También hay una trabajadora que desempeñaba su labor en la sede del partido y dos personas más que pasaron otros organismos vinculados al PP. El sexto contrato -el que no finalizó el estudio- corresponde a un concejal de un municipio costero que cobraba de Emucesa mientras estaba en el cargo público.
Este periódico contactó con el Partido Popular para recabar su versión sobre estos contratos que se firmaron en su etapa de gestores de Emucesa. El coordinador del grupo municipal, Juan Antonio Fuentes, fue sucinto en su respuesta: «Si el señor Cuenca y el PSOE, actuales responsables de la gestión de Emucesa, tienen alguna duda de que se ha cometido alguna irregularidad ya saben dónde tienen que irse». El edil añadió una advertencia: «Antes de hacerlo que miren muy bien en todas las administraciones y empresas donde gobiernan o han gobernado las funciones del personal de confianza...».
Emucesa es actualmente una empresa mixta, ya que un grupo privado tiene el 49% de las acciones, mientras que el Ayuntamiento se reserva el 51% restante. Esta operación de venta de acciones se llevó a cabo en el año 2013. La operación la aprobó el gobierno de Torres Hurtado (PP) y la ciudad se embolsó en aquel momento 7,5 millones de euros. El gobierno local aprobó la operación y fue la sociedad Inversiones Reunidas del Norte S. L., la única sociedad que se presentó al concurso, la que se lo adjudicó. Este grupo de empresas desembolsó 7,5 millones de euros en total por mantener la gestión del camposanto granadino durante los próximos 50 años, sin posibilidad de prórroga, bajo la supervisión municipal.
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