El Estado, condenado a pagar 3,4 millones a la constructora del tramo Taramay-Lobres de la A-7

Es una asunto añejo. El Gobierno otorgó el proyecto a FCCen enero de 2007 por 84.438.804 de euros, pero las labores no concluyeron hasta 2014. Durante esos siete años, hubo aplazamientos en las expropiaciones de los terrenos, replanteos, modificados..., y unos trabajos que deberían de haberse completado en 33 meses (es lo que decía el contrato), pero el plazo se prolongó durante 74 meses.

FCC, que es propiedad en su mayor parte del multimillonario mexicano Carlos Slim, entendió que las sucesivas demoras por problemas de financiación y otros imprevistos incrementaron los gastos, y la empresa reclamó una compensación para no perder dinero. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana rechazó la petición y la multinacional elevó la discrepancia a los tribunales de justicia y ha logrado su objetivo:el Estado tendrá que abonar a la sociedad casi tres millones y medio de euros. Además, dice la resolución judicial, «dicho importe deberá ser actualizado con intereses legales devengados desde la fecha en que se presentó reclamación administrativa», precisa.

No obstante, la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Mientras eso ocurre, o no, el fallo argumenta «que las ampliaciones de plazo y los modificados contractuales (...) tienen como motivo directo y determinante el comportamiento de la administración», enfatizan los magistrados de la Audiencia Nacional que ha juzgado el caso.

El tramo de la discordia fue inaugurado en 2014 por Ana Pastor, por aquel entonces ministra de Fomento en el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) y que hoy está retirada de la actividad política, lo que da una idea de la 'parsimonia' con la que se desarrollan las infraestructuras en Granada. Es un problema endémico. De hecho, el tramo Taramay-Lobres de la A-7 aún sigue coleando.