«Europa reconoce la obligación de las administracionesde solucionar los cortes de luz en el distrito Norte»

«Es una noticia tremendamente positiva», valora Manuel Martín, Defensor de la Ciudadanía de Granada, tras conocer la resolución del Parlamento Europeo en la que se reconoce la obligación de las administraciones de solucionar los cortes de luz en el distrito Norte. Asimismo, el Defensor de la ciudadanía estima que Europa «saca los colores a todas las partes implicadas, Ejecutivo, Junta y Fiscalía, por no paliar el problema».

Este martes se ha conocido de esta forma que el Parlamento de la UE ha respondido a la petición de amparo cursada por el Defensor de la Ciudadanía. En su respuesta, solicita a «las autoridades nacionales que actúen en consecuencia». Manuel Martín entiende que «es un paso muy importante», este pronunciamiento del Parlamento Europeo. «Europa nunca lo había dicho. Esto es importante. Es la primera vez. Hemos abierto una puerta», resume el trabajo realizado.

Quizá no sea una resolución la del Parlamento Europeo todo lo dura que cabría esperar. «El problema es el tema competencial. Europa no tiene las competencias, que pertenecen a cada país miembro. Por eso, lanza una petición. Se trata de una llamada urgente de atención para que todas las administraciones implciadas actúen de forma coordinada, con un enfoque holístico, es decir, global, interdisciplinar. Viene a decir que no bastan las acciones puntuales». Y en este sentido, sorprende que se haya incluido también a la Fiscalía del TSJA», añade el Defensor de la Ciudadanía

Las reacciones al respecto han sido variopintas. La Fiscalía dle TSJA no ha entrado a valorar esta respuesta del Parlamento Europeo en la que se le incluye al estar en periodo vacacional. La Junta de Andalucía responde que «no hacemos valoraciones al respecto».

La subdelegación del Gobierno en Granada sí ha querido responder. «Desde la subdelegación del Gobierno se lleva trabajando de manera intensa en este tema tanto impulsando la mesa técnica de los cortes de luz para mejorar la coordinación con Endesa y otras administraciones, como con la intensificación en la lucha contra la persecución del delito de defraudación de fluido eléctrico por parte de Policía Nacional y Guardia Civil, con los resultados que se ofrecen de manera pública cada seis meses y que requieren de un gran esfuerzo tanto de medios materiales como personales».

Este trabajo, según la última información, fechada hace dos semanas, ha dado como resultado el desarrollo de un total de 614 operaciones vinculadas con el cultivo de la marihuana por parte de ambos cuerpos en los primeros seis meses del año. Esta cifra supone un significativo incremento del 50% con respecto a las operaciones realizadas en el mismo período de 2022, cuando se desarrollaron 409 operaciones.

Este incremento se ha producido, sobre todo, por las actuaciones desarrolladas por la Guardia Civil, que se han incrementado un 55,6%, mientras que las realizadas por la Policía Nacional han subido un 38,6%. De la misma forma, en los seis primeros meses de 2023 se aprehendieron 128.511 plantas, mientras que en el mismo periodo de 2022 fueron 125.485, es decir un 2,4% más. Por lo que se refiere al número de detenidos o investigados, la cifra también se ha incrementado en este periodo pasando de los 416 de 2022 a los 558 de 2023.

En cuanto a los desenganches realizados, han descendido casi un 6% pasando de los 903 de enero a junio de 2023 a los 850 en el mismo periodo de este año.

Manuel Martín respeta que Europa derive la responsabilidad a los estados miembros y se felicita por el hecho de que tambien se haya remitido dicha misiva a la Fiscalía pero lamenta que «apelar nuevamente al asunto competencial no sirve de nada si nadie obliga a las administraciones a actuar ni éstas exigen nada a la empresa distribuidora»

Para el defensor granadino «resulta sorprendente que si la comisión europea remitió la citada carta a las administraciones el 7 de febrero de este año, hayan podido transcurrir más de cinco meses desde entonces y no se haya hecho nada»

«Ahora nuevamente las administraciones competentes se pasarán la responsabilidad una a la otra, mientras tanto los negocios quiebran o se marchan del distrito; las familias se desesperan; la gente no sabe qué hacer; las instituciones tenemos que resolver asuntos ciudadanos por complejos que resulten».

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