El exalcalde de Atarfe defiende la legalidad de sus decisiones en el caso Medina Elvira

La primera sesión se ha dividido en dos. Las cuestiones previas de los numerosos abogados que hay en la causa han centrado la mañana, mientras que por la tarde, a partir de las 16.30 horas, han comenzado los interrogatorios de los acusados, que son finalmente cinco, al haber fallecido tanto uno de los promotores acusados, Marcelino M. F., represnetante legal de Costa Indálica y Costaind, como el exalcalde socialista Víctor Sánchez.

Ha sido el testimonio del también exregidor Tomás Ruiz Maeso el que ha inaugurado la ronda de declaraciones de los encausados. Y este, según su defensa, que ejerce el letrado César Fernández Bustos, ha defendido la legalidad de sus decisiones en esta operación urbanística fallida. Fallida porque ha dejado un reguero de perjudicados, personas, muchas de nacionalidad inglesa, que en su mayoría compraron los pisos que se levantaron en la zona, junto a un campo de golf que sirvió de reclamo, con la idea de destinarlos luego al alquiler.

En sus contestaciones, según su letrado, el exregidor ha sostenido que las licencias que permitieron ocupar los pisos fueron otorgadas en la convicción de que «todos los servicios estaban totalmente garantizados». El único impedimento legal «era la conexión al sistema general» y mientras se solucionaba ese obstáculo, que según su letrado estaba realmente solventado con la emisión de unos avales por parte de las empresas promotoras, concedió esas licencias. Se procuró «un sistema alternativo de saneamiento».

Ruiz, cuya defensa solicita la libre absolución, comparte banquillo con el secretario municipal y el arquitecto del Ayuntamiento atarfeño que intervinieron en aquella operación urbanística, José Antonio L. G. y Luis Gustavo G. C., respectivamente, así como con dos promotores, que son los representantes legales de Bareo Investiments y Vladigolf, y de Península Project Management.

Ruiz, al igual que los dos técnicos, se enfrenta a una petición de la fiscalía de dos años de prisión y diez de inhabilitación, mientras que para los empresarios solicita seis años de cárcel y multa de 14.400 euros. La fiscalía acusa a los primeros de presunta prevaricación urbanística continuada, mientras que a los segundos les atribuye tres delitos continuados de estafa.

El minsterio fiscal pide además en sus conclusiones provisionales la nulidad de las siete licencias de primera ocupación concedidas supuestamente de forma ilegal. En la causa hay una decena de acusaciones particulares, que representan a particulares que compraron pisos en la urbanización, y una acusación popular. Esta la ejercen Ecologistas en Acción, Salvemos la Vega y Adobe Arquitectura y Compromiso Social.

Durante las cuestiones previas, el abogado del ex primer edil, César Fernández Bustos, ha pedido la nulidad de las escuchas telefónicas que dieron origen a la causa. Dichas intervenciones se produjeron a raíz de un informe policial que, en el marco de otra investigación por drogas en Marbella, registró una conversación entre el padre de uno de los promotores y Ruiz Maeso.

Dicho informe fue remitido al juez de Instrucción número 4 de Granada, que estaba investigando otra operación urbanística en unos terrenos del Pantano del Cubillas, también en Atarfe, y provocó que se abriera esta otra causa.

La petición de la defensa, para cuyo análisis se ha retirado a deliberar durante varios minutos el tribunal de la Sección Segunda, ha sido finalmente rechaza. La sala, que encabeza la magistrada Aurora González Niño, no ha cosniderado vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones ni el derecho de los acusados a un juez predeterminado por la ley y ha anunciado que justificará de forma más extensa su negativa en la sentencia que dicte.

Tampoco han aceptado los tres magistrados otra cuestión planteada por el letrado del arquitecto municipal, Fernando Reyes-Gómez Solana, que se ha escudado en una sentencia del Tribunal Supremo (TS) para alegar una posible «falta de legitimación» de las acusaciones particulares que ejercen los compradores de los pisos, que son los perjuidicados en esta causa, para acusar por el delito de prevaricación.

La segunda sesión del juicio está prevista para mañana martes y contará con 35 testigos. Se da la circunstancia de que el Ayunbtamiento de Atarfe ha renunciado a dos tetsimonios previstos para el día 23, uno de ellos el de la viuda de Víctor Sánchez.

Otra de las cuestiones planteadas por la mañana ha sido la petición de que los bancos que concedieron los préstamos a las promotoras sean considerados responsables civiles directos, una cuestión que la presidenta del tribunal ha calificado de «extraña».

Tanto la acusación popular como una de las acsuaciones particulares han retirados los cargos contra el secretario del Ayuntamiento de Artarfe, que está siendo defendido por el abogado Pablo Luna. Pese a ello, seguirá en el banquillo por haber otros perjudicados que los acusan.

Una de las pocas personas que se encontraban en el público esta mañana era Rosa Félix, que fue concejala de Urbanismo de Atarfe hasta el año pasado y miembro del movimiento social que generó aquella actuación urbanística.

En declaraciones a los periodistas, la exedil ha explicado que este es el segundo juicio relacionado con aquella operación y ha confirmado que se abrió por las referidas escuchas telefónicas. «Desgraciadamente, las personas que compraron en Medina Elvira Golf y que no pueden vivir porque la urbanización no está terminada, se han encontrado atrapadas en una urbaniszación fantasma y pagando hipotecas sin tener una casa ni las expectativas que tenían en cuanto a tener un hogar en el que vivir», ha recalcado.

La denuncia la puso la acusación popular, según Félix, en 2007. En ella se planteaban tanto las supuestas irregularidades urbanísticas cometidas y el perjuicio económico que se había generado al Ayuntamiento con esta urbanización, «que se había hecho a través de tres estudios de detalle y saltándose por alto las normas subsidiarias de Atarfe».

Actualmente, según esta exedil, la urbanización está hoy «más deteriorada» y «no hay todavía una alternativa ni urbanística ni económica ni social» para Medina Elvira. A su juicio, cuando esta causa penal se cierre, tendrá que haber una negociación por parte de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y los propietarios actuales, que son los bancos, para ver qué salida se da.

«Nosotros entendemos que tiene que ser una salida ambientalmente sostenible y económicamente sostenible, algo muy difícil cuando lo que hay son bloques en un lugar que estaba catalogado, los alrededores, como de excepcional valor ecológico y ambiental», ha añadido Rosa Félix, para concluir que ha sido una «aberración urbanística de enorme calado». Además, ha tildado de «terrible» la herencia que deja al Ayuntamiento en caso de que se declare su responsabilidad civil subsidiaria.