El exalcalde del PSOE 'salvado' por el exdiputado de Vox

También suscitan compañías inesperadas las togas, cuando los políticos en apuros buscan defensores con los que no compartirían una lista electoral. Xavier Melero, abogado de cabecera de parte del independentismo catalán y uno de los letrados del 1 de octubre, participó por ejemplo en las reuniones fundacionales de Ciudadanos.

En clave doméstica, Onofre Miralles tuvo estrecha relación profesional con algunos ayuntamientos gobernados por el PSOE antes de militar transitoriamente en Vox. Miralles era en aquellos tiempos un abogado vinculado en su juventud al PP pero apartado de la estructura del partido. Su conocimiento de los entresijos de la política y de la administración lo convirtieron también en un aliado para alcaldes socialistas inmersos en líos judiciales.

A él acudió Leandro Martín en 2016, cuando era alcalde de Vegas del Genil. [Paréntesis de reportero viejuno: Leandro fue escudero de Luis Salvador cuando disputó la secretaría provincial del PSOE a Teresa Jiménez en 2012. Leandro continuó en el PSOE, Salvador marchó a Ciudadanos, Onofre lo ayudó a que fuera efímero alcalde de Granada y ahora ha solicitado su regreso con los socialistas. Luis, no Onofre].

Leandro Martín se convirtió en regidor en 2015 y, al poco tiempo, fue denunciado en fiscalía por la portavoz del PP –y actual alcaldesa tras numerosos intentos– por una supuesta compra de votos. El asunto necesitaba de un abogado de las causas –casi– perdidas, porque el punto de partida era como el de aquel letrado que le dijo a su defendido: el caso va bien pero, si puedes, te escapas.

Durante la campaña electoral, Leandro firmó un contrato de prestación de servicios por el que se comprometía a contratar a un psicólogo –con nombre y apellidos– para asistir a las personas desahuciadas si, finalmente, conseguía el bastón de mando. Ante los rumores posteriores, el propio Leandro reconoció en Facebook que suscribió este documento de «puño y letra».

La estrategia fue –en apariencia– parecida a la inmolación. No fue solo un contrato, sino ocho los que se firmaron con distintos vecinos. Miralles aportó toda la documentación en las alegaciones a la fiscalía.

Entre las personas que declararon, el psicólogo negó haber sentido que con el compromiso contractual el candidato intentara influir en su voto. No se dio por aludido.

El juzgado de Santa Fe que llevó el caso archivó la causa en julio de 2017. Como el PP –impulsor de las diligencias– no se había personado, no recibió notificación. El entonces alcalde de Vegas de Genil esperó a que se consumiera el plazo habilitado para presentar recurso e hizo público el sobreseimiento. Cuando los populares reaccionaron ya estaba agotado el caso, por más que intentaran después reabrirlo.

En 2019, el PP interpuso una denuncia por otro de los ocho convenios pero, como ya se habían aportado todos originalmente, la defensa de Leandro invocó cosa juzgada. Pasó por varios juzgados, la fiscalía… hasta que, el pasado 24 de noviembre, la Audiencia Provincial desestimó el último recurso y confirmó el archivo de las actuaciones, con alguna reprimenda al PP por no haber estado encima de un caso que llevó a la fiscalía para que se activara la maquinaria judicial, dejar que se le cumplieran los plazos y pretender después mantenerlo a toda costa: «No resultando baladí destacar que la propia parte recurrente, (...) conocedora del estado de sobreseimiento provisional, que no puede negar al haber sido parte personada e, incluso, haber recurrido la providencia que decretó el archivo definitivo, debió sin duda haber solicitado su reapertura y no limitarse a formular nueva denuncia que, en definitiva, por cuantas vicisitudes procesales han rodeado a la misma, se ha visto finalmente abocada al sobreseimiento provisional que ahora se ha confirmado».

Casi una década después, se cierra el capítulo. Leandro Martín ya no es alcalde de Vegas de Genil y ahora está al frente del Ayuntamiento Carmen Ros, la popular que acudió en julio de 2016 a la fiscalía. Onofre Miralles ha tenido tiempo mientras las diligencias daban vueltas por los juzgados para ser candidato de Vox a la alcaldía de Granada, portavoz en la plaza del Carmen, diputado nacional en sustitución de Macarena Olona y abandonar el partido de Santiago Abascal tras ser apartado de las listas para volver a calzarse la toga.

O la justicia es excesivamente lenta o la política te sentencia demasiado rápido.