El exdirector general de Urbanismo: «Se han implantado usos y edificaciones prohibidos»

Yenalia Huertas

Granada

Martes, 3 de marzo 2020, 15:34 | Actualizado 17:18h.

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El interrogatorio de Jacobo de la Rosa, el exdirector general de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada y principal testigo de cargo en el caso Serrallo, ha centrado la sesión de esta mañana del juicio por la construcción de la controvertida discoteca aledaña al centro comercial Serrallo Plaza. Su testimonio ha sido tan contundente contra las tesis de las defensas como lo fue el informe que registró en el Consistorio antes de abandonar su cargo, en enero de 2013, en el que advirtió de las supuestas irregularidades que la empresa concesionaria, Inversiones Área Sur, del promotor Roberto García Arrabal, habría cometido en aquel lugar.

A preguntas de la fiscal del caso, Sara Muñoz-Cobo, el técnico ha asegurado que en aquellos terrenos, que en su opinión deben ser considerados «zona verde» por formar parte de un sistema general de espacios libres, «se han implantado usos y edificaciones prohibidos». Allí, según ha explicado, debió hacerse «un parque de atracciones infantil», con un mínimo de «seis columpios», entre ellos una montaña rusa, avioncitos y sillas voladoras.

A los pocos minutos de iniciar su intervención como testigo y perito, De la Rosa ha solicitado agua, lo que ha provocado una pausa para que la agente judicial le trajera un vaso y susurros entre el nutrido público que ha acudido hoy a la Sala Antonio Angulo de la Caleta, habilitada para este enjuiciamiento por el elevado número de acusados (17) y, por ende, de abogados. «Discúlpeme, se me pega la boca», se ha disculpado ante el presidente del tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada antes de continuar.

Lejos de suavizar sus acusaciones, el exdirector de Urbanismo las ha ratificado durante el amplio interrogatorio de la representante del ministerio público, cuya versión ha ido apuntalando con cada una de sus respuestas. Para el técnico, que ocupó distintos cargos antes de su designación como director general del área que tramitó la 'disco', hubo una privatización de una zona que debía ser para la ciudad.

Cabe recordar que De la Rosa denunció en su día un supuesto acoso laboral por parte de la exconcejala Isabel Nieto, quien ha asistido atenta a su interrogatorio sentada en el banco de las defensas y con la toga puesta, por su condición de jurista. Ella siempre ha negado esa conducta. Este 'fleco' del caso está pendiente de juicio.

El exdirector ha indicado que antes de dejar el cargo ya había presentado su dimisión. Fue coincidiendo con otro informe que emitió contrario a otra actuación urbanística que se investiga en el caso Nazarí, donde igualmente se le considera un testigo de cargo clave. Se trataba en aquella ocasión de la ocupación de un patio que, a su parecer, era comunitario en la calle Tórtola.

Dicha presunta ocupación irregular es lo que se investiga en el denominado expediente 'Registrador', pues aquella obra se realizó para albergar precisamente las oficinas de un registrador de la propiedad. «También me opuse a esa actuación», ha manifestado, a la vez que ha desvelado que llegó a dirigirse a Sebastián Pérez para dejar el puesto, pero le dijo que «esperara».

«En 2012 ya no quería seguir siendo director de Urbanismo por lo que había pasado», ha dicho el técnico. Y en el marco de esa situación, «que no era la más idónea», fue cuando tuvo conocimiento «de lo que se había hecho en el Serrallo».

De la Rosa, que mientras estuvo como director dependían de él tres subdirecciones, ha detallado que el pliego de condiciones de la concesión del parque de atracciones se hizo en 2005, cuando él prácticamente acababa de aterrizar en Urbanismo. Lo preparó, según ha precisado, «Emilio Martín Herrera», también acusado en esta causa, y él le dio el visto bueno.

Ha admitido que sí conocía a García Arrabal, promotor de la sala de fiestas de la polémica, pero ha dicho que no tenía relación profesional con él; con su padre, sí. También ha reconocido que se celebraban entre Nieto y el coordinador del área «muchas reuniones» a las que, según ha afirmado, no le llamaban. «Había situaciones de las que yo no era informado», ha añadido en este punto.

De la Rosa ha ratificado «absolutamente» el informe en el que denunció las supuestas irregularidades, que advirtió por primera vez, según ha aclarado, al examinar «un escrito del jefe de obras privadas», en el cual «se veía una ocupación de la zona verde del parque». Ahí fue cuando comprobó, según ha insistido, «que no se correspondía con lo previsto en la concesión de 2005».

El técnico ha sido contundente al afirmar que «un sistema general de espacios libres tiene a todos los efectos la consideración de zona verde» y que como su propio nombre indica debe tener eso: «espacios libres». Aquel terreno era, ha insistido, una zona verde en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la única excepción para actuar en esa zona era darle un «uso terciario comercial», en el que, a su juicio, no estaba permitido un negocio de hostelería como el edificado (las defensas, por contra, sostienen que sí y que la concesión contemplaba un 2% para dicho uso a cambio de que el promotor hiciera el parque).

«El pliego no hacía referencia a ningún otro uso, ni de bares ni de cafeterías», ha puntualizado el exdirector general, para enfatizar que «jamás» se contemplaba una discoteca. Eso sí, las atracciones infantiles sí se podían cambiar por otras, como sucedió.

En este contexto, ha subrayado que la única forma de encajar allí un parque de atracciones infantil era mediante ese uso terciario. «Cualquier actuación en zona verde es muy restrictiva y está muy controlada», ha alertado, antes de hacer referencia a un dictamen de 1998 del Consejo Consultivo de Andalucía que establece «los posibles usos permitidos compatibles con zona verde son algo totalmente excepcional» y que debe estudiarse cada caso, pero «sólo» cuando se demuestre «un interés público y nunca un interés privado».

En este punto, ha recordado que cualquier cambio de uso urbanístico de una zona verde necesita un dictamen previo del Consejo Consultivo y sólo se puede hacer si hay un interés general permanente. «Y aquí lo que hay es un interés privado permanente», ha criticado, para opinar que si en otros parques de la ciudad se han permitido negocios de restauración es porque estaban construidos de antes. «No conozco esos bares, pero está claro que no tienen nada que ver», ha señalado en alusión a los del Parque Almunia, Las Titas o el Federico García Lorca.

En definitiva, para De la Rosa, que aludió más de una vez al calificativo «traidor» que según él se usó contra él por su postura técnica en este caso, lo que se hizo en el Serrallo fue una «ampliación» del centro comercial existente. Esa superficie comercial, sin embargo, a su parecer sí se construyó de forma correcta, en una zona destinada a ese uso.

Sobre las obligaciones de la concesionaria del parque, ha detallado que eran pagar un canon mensual, cobrar tarifas por el uso de los columpios y mantenerlo.

A preguntas del abogado del Ayuntamiento, que ejerce una de las acusaciones por el supuesto perjuicio económico ocasionado a la urbe, el testigo-perito ha dicho considerar que los cambios introducidos por la concesionaria sí habrían supuesto una modificación contractual esencial. Y preguntado por el letrado de VOX, ha dejado claro no ser afiliado del PP «ni de ningún otro partido».

El interrogatorio continuará mañana y la sesión se iniciará con las preguntas de Isabel Nieto, según fuentes de las defensas consultadas por IDEAL. Esta mañana, al final de la sesión, han podido plantear sus cuestiones los letrados Pablo Luna, que representa al exalcalde José Torres Hurtado, y Ernesto Osuna, que defiende a la excúpula de Urbanismo.

De acuerdo con las mismas fuentes, el primero no ha formulado preguntas porque el propio de la Rosa ha dicho que el exregidor no tuvo intervención en el expediente. El segundo habría desmontado la tesis de la fiscalía, a juicio de las referidas fuentes.