La exdirectora de la Alhambra niega haber intentado beneficiar a la empresa de las audioguías

La primera frase exculpatoria no la pronunció en la sala de vistas. Lo hizo en los pasillos del edificio judicial, en declaraciones a este diario, al que, de forma tajante y serena, Villafranca manifestó que «toda la actuación que se hizo por parte del Patronato se ajustó a la ley» y se realizó «con transparencia, a través de las decisiones del pleno», que es el órgano de gobierno del PAG.

También dijo esperar y confiar en que el fallo sea absolutorio y la despoje por fin, ocho años después de iniciarse la causa, de la condición de encausada por posibles delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa. A cinco años de cárcel se enfrenta.

Minutos después de estas afirmaciones, abandonaba la Audiencia el abogado del Partido Popular (PP), Mariano Vargas, que ejercía la acusación popular y que solo se acercó al juicio para ratificar que el PP, que se había adherido a las conclusiones provisionales de la fiscalía, se retiraba del procedimiento. Con su salida del proceso, las partes acusadoras se han reducido a tres: fiscalía, Junta de Andalucía (acusación particular) y Ayuntamiento de Granada.

El interrogatorio de la exdirectora comenzó después de la ronda de cuestiones previas, en la que solo las planteó el abogado del administrador de Stendhal Museum Solutions (antes GTP Museum Solutions), la empresa que fue adjudicataria del servicio de las audioguías del monumento nazarí entre 2007 y 2015, también acusado y que se enfrenta a diez años de prisión y multa de un millón de euros.

El letrado recordó que este asunto emana de una denuncia de un extrabajador de la empresa ante Hacienda, la cual propició la posterior querella de la fiscalía que detonó el caso, al tiempo que aportó distinta documentación. Entre ella, declaraciones de empleados de la empresa durante el procedimiento tributario, «documentos de otros concursos públicos de otras instituciones parecidos y coetáneos a los de la Alhambra» , cartas de bancos y hasta «un croquis del pabellón de acceso al mostrador de la empresa de las audioguías en 2008».

Junto a ello, tras considerar que se han podido vulnerar derechos de su cliente, solicitó «la nulidad parcial» del auto de apertura de juicio oral que catapultó el asunto a juicio, por entender que no se puede achacar a su cliente el delito de prevaricación que se imputa a la excúpula de la Alhambra.

De igual modo, consideró que tampoco puede ser enjuiciado el empresario por apropiación indebida ante «la imposibilidad» de poder determinar el supuesto perjuicio al PAG por el «supuesto engaño en el número de alquileres» en el que se sospecha pudo incurrir. Ese supuesto quebranto se ha cifrado por la fiscalía en 1,2 millones de euros.

Ya en su declaración, la exdirectora del PAG explicó que es historiadora el arte y que su formación en Derecho era «mínima» cuando llegó a la dirección del monumento en 2004. Tampoco, añadió, estaba versada en trámites administrativos, por lo que «siempre contaba con la asistencia y cualificación de los profesionales» del Patronato a la hora de desempeñar su labor al frente del recinto nazarí.

Aclaró que el PAG cuenta con unos órganos de gobierno con «competencias muy concretas», siendo una jefatura de servicio determinada la relacionada con el contrato investigado, la cual en aquellas fechas estaba vacante. «Yo tuve conocimiento de la problemática con el contrato cuando preparábamos la documentación para el pleno y fue entonces cuando tuve conciencia de la alta deuda que la empresa tenía«, subrayó Villafranca.

Fue exactamente en 2010, «cuando se estaban preparando las liquidaciones de 2009», el momento en que, según detalló, tuvo conocimiento del impago de la empresa. Así, en el pleno del Patronato se explicó que la deuda del PAG ya había alcanzado «los 600.000 euros» y que la mayor parte de esa suma la adeudaba esa entidad.

Como la empresa no pagaba, la entonces secretaria general del monumento, Victoria Chamorro, igualmente acusada en este caso, comunicó a la exdirectora que «se le habían retenido pagos porque la entidad tenía otro servicio en el recinto: el de información al visitante».

«Queríamos llevar a la empresa por vía de apremio», añadió en este punto Villafanca, «pero como afectaba la deuda a los ingresos del PAG, tenía que tomar la decisión el propio pleno del PAG». Y fue este órgano de gobierno el que, según aseveró, «dijo que se intentara al menos cobrar el 50 por ciento de la deuda que estaba reconocida».

Faltaban tres meses para la prórroga del contrato y en el pleno «entendieron que el resto se podía cobrar prorrogando», incidió la procesada, a la vez que enfatizó que la empresa «nunca» dejó de prestar el servicio y se justificó sus impagos en que «tenía un problema puntual de cash, de tesorería«, provocado por administraciones que no le pagaban. »Yo me debo a los acuerdos del pleno y en función de eso se actuó«, sostuvo. Hubo retraso, «fueron pagando poco a poco», pero «al final lo pagaron todo», tras acordarse un plan de pagos.

Villafranca también explicó que la anterior empresa explotadora del servicio puso en conocimiento del Patronato que había sido absorbida por otra entidad y que, tras aquella fusión empresarial, no podía seguir prestándolo. Por eso salió en 2007 a concurso público. «No podíamos firmar la prórroga con ellos porque hubiera sido con otra empresa distinta», afirmó, para dejar claro que ella no formaba parte de las mesas de contratación ni participaba en los pliegos de condiciones, ni en las cláusulas administrativas ni en las técnicas.

La exdirectora, que desveló que por su cargo había días que rubricaba «más de 5.000 papeles», garantizó que «no firmaba nada que no estuviera motivado o bien por una memoria o bien por un inicio de expediente», a la vez que aseguró no recordar haber firmado nada con «carácter urgente» relacionado con este contrato. Asimismo, negó haber tratado de beneficiar a Stendhal Museum Solutions y aseguró que siempre pensó que actuaba al servicio del «interés público».

Tras Villafranca, declaró la exsecretaria del PAG y su interrogatorio se centró en aspectos especialmente técnicos y promenores de la concesión de las audioguías. Victoria Chamorro, precisó que «la responsabilidad o seguimiento del contrato era del órgano de contratación», así como aclaró que en ese momento «no se designaban responsables de forma directa».

Además subrayó que desde su ámbito tenía capacidad para instar una serie de procedimientos, pero no capacidad «para contratar, prorrogar un contrato o rescindirlo». Y ante la deuda que llegó a acumular la empresa, le dijo a María del Mar Villafranca «que ya era una conveniencia absolutamente importante» dejar de trabajar con Stendhal y sacar nuevamente a concurso el servicio. «Ella me dijo que puesto que había una deuda muy grande, ella se sentía mucho más segura si se llevaba al pleno del Patronato».

El juicio continúa este martes con la declaración de los dos acusados restantes (el dueño de la empresa adjudicataria, A. A. L. R., y el ex jefe de Contabilidad de la Alhambra, J. M. V.). El miércoles están previstas las declaraciones como testigos de varios funcionarios del PAG que intervinieron de un modo u otro en la contratación investigada.