El exfuncionario que denunció el caso Serrallo dice que la discoteca está construida en zona verde

Yenalia Huertas

Granada

Miércoles, 19 de febrero 2020, 16:44 | Actualizado 18:40h.

Comenta

Juan S. P. es un funcionario ya jubilado del Ayuntamiento de Granada. Fue inspector de Disciplina en Urbanismo hasta 2009 y fue quien denunció en la Fiscalía de Granada las presuntas irregularidades cometidas en el caso Serrallo. Esta mañana ha declarado como testigo en la sala de vistas habilitada en la Caleta para acoger un juicio tras el que la Audiencia de Granada decidirá si en aquellos terrenos aledaños al centro comercial Serrallo Plaza hubo un desmán urbanístico. Para el denunciante, sí.

Durante la sesión celebrada hoy, con la que se ha inaugurado la ronda de testificales, este exfuncionario ha asegurado que donde se levantó la controvertida discoteca debía haberse hecho un parque infantil. Es más, a preguntas de la fiscal de la causa, Sara Muñoz-Cobo, ha considerado que la polémica sala de fiestas, hoy clausurada, está construida en zona verde.

«No he visto ningún negocio similar en Granada», ha subrayado, para dejar claro que no hay ningún otro parque en la ciudad donde haya una 'disco'. Así se ha expresado tras ser interrogado por la defensa de la exconcejala de Urbanismo, Isabel Nieto, que es una de las acusadas en este proceso junto a ex altos cargos de su área, el exregidor José Torres Hurtado (PP) y el promotor Roberto García Arrabal.

En este contexto, Juan S. P. ha negado al letrado de la excúpula de Urbanismo, el penalista Ernesto Osuna, que la sala de fiestas que levantó el promotor allí sea comparable con el restaurante ubicado en Las Titas o la lonja del Violón. «¿Cuál es la diferencia con esos negocios de restauración?», le ha preguntado el jurista, a lo que el testigo ha respondido que en el caso del Violón, por ejemplo, el sitio ya estaba construido. «Consolidado», ha sido el término empleado.

Para este antiguo trabajador del Consistorio, lo que pasó en aquel terreno es que se privatizó, pues «se tenía que entrar por el centro comercial» para acceder a su interior, al existir un vallado.

El hombre ha subrayado que «en un sistema general de espacios libres no se admite otro uso» distinto al previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y que sólo permitía «una construcción mínima, como un quiosco de chucherías, pero no una discoteca» (este extremo ha sido desmentido por fuentes de las defensas a IDEAL, que aseguran que en el PGOU no vienen nada del repetido quiosco).

En este punto, la defensa de la excúpula le ha reprochado que siendo inspector como fue hasta hace una década desconozca que «se permitía un uso lucrativo con determinadas medidas« en esta zona. »No conozco toda la normativa urbanística«, ha asumido.

Durante el incisivo interrogatorio al que han sometido las defensas a este testigo -su testimonio es importante porque fue quien encendió la mecha del caso- el magistrado presidente del tribunal ha declarado impertinentes numerosas preguntas de los letrados. En una de ellas, le preguntaban si había denunciado «en venganza» por haber sido sancionado por obras en su casa. El propio testigo ha desvelado durante su intervención que se le obligó a tirar «una pérgola» y a pagar «7.000 euros».

Durante su intervención, Juan S. P. (que inicialmente estaba personado como acusación particular pero quedó relegado a popular por no ser un perjudicado directo por los hechos) ha aclarado que a la hora de formular su denuncia recibió ayuda. «He tenido ayuda jurídica y técnica para redactarla», ha admitido, para precisar que habían sido su «abogado» y «amigos técnicos» quienes le habían asesorado. Y no ha querido dar nombres, pese a la insistencia de las defensas.

En este punto, negó que intervinieran en su denuncia otros funcionarios de Urbanismo, al tiempo que rechazó tener relación con Jacobo de la Rosa, el ex director general de Urbanismo erigido en testigo clave del caso por un informe demoledor que emitió sobre las presuntas anomalías cometidas para hacer la 'disco' realidad. «El señor Jacobo no me dijo nada, ni tenía relación ni contacto con él», ha afirmado.

Otro extremo controvertido de su declaración ha sido la forma en que obtuvo la documentación administrativa que adjuntó a su denuncia. Las fotos, según ha especificado, las hizo él mismo, y el resto de papeles del expediente le fueron facilitado en gran parte por Izquierda Unida (IU). Luego ha añadido que también el PSOE y el extinto grupo de UPYD le aportaron algunos documentos.

Sobre el modo en el que recabó esos documentos ha ahondado Isabel Nieto, que pese a ser una de los 17 acusados -se enfrenta, al igual que el exalcalde a una petición fiscal de ocho años de prisión-, se está sentando en las bancas reservadas a los abogados por su condición de jurista. «Jamás se me ocurriría ir a Urbanismo a pedir información», ha garantizado, para admitir que denunció tanto la construcción como el uso.

En su denuncia, que formuló en 2013, sostenía que allí se había hecho «una operación especulativa» en un parque, según ha reconocido. «Cuando entro dentro, es cuando me quedo sorprendido por la discoteca, el restaurante y los otros elementos», ha confesado el testigo.

Ha habido más testigos que han desfilado hoy ante el tribunal que determinará si se cometieron delitos contra la ordenación del territorio o prevaricación, entre otros ilícitos. Por ejemplo, ha testificado la que fuera secretaria del exalcalde, Elisa P. L.; el hijo del ex director de Obras, Manuel Lorente; o un técnico forestal que emitió un informe en 2013 tras realizar una visita de comprobación en las obras para el examen de la jardinería y del riego.

Este técnico, como ha admitido, se encontró en la zona un minigolf y un circuito de los que dio cuenta porque tales instalaciones le generaban «dudas», dado que era un parque público que estaba «invadido» por esos elementos.

Fuentes de las defensas consultadas por IDEAL han precisado que la que fuera secretaria de Torres Hurtado ha declarado que este no se ocupaba de cuestiones de Urbanismo, que no utilizaba el ordenador y que ella era la que gestionaba todo su correo y organizaba sus citas y reuniones.

También ha dicho Elisa P. L. que el exalcalde recibía a los empresarios habitualmente con el concejal delegado del tema concreto para el que vinieran a verle, así como que a García Arrabal sólo lo vio recibirle «una o dos veces», y que creía que era en relación con un edificio que no llegó a realizarse.

Por su parte, el hijo de Lorente ha explicado su currículum y su vasta formación para gestionar y dirigir empresas, y ha sostenido que si lo contrataron en una de las del proomotor acusado fue por su dominio del inglés. La vista continúa mañana con más testimonios.