El expediente 'Obispo' del caso Nazarí llega a juicio esta semana en Granada

La vista está señalada para el próximo jueves, 21 de octubre, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada, cuyo titular es el magistrado Manuel Piñar. Este órgano se halla en el edificio judicial de la Caleta, donde se desarrollará la sesión a partir de las 9.30 horas. No obstante, será en la sala de vistas del Juzgado de lo Penal 6, pues la del órgano enjuiciador está ocupada ese día, según han informado a IDEAL fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA).

En esta pieza solo habrá una acusación: la ejercida por el empresario Ramón Arenas a través del letradoJorge Fernández. La fiscal del caso, Sara Muñoz-Cobo, no llegó a acusar y el PSOE, inicialmente personado también como acusación popular, se retiró recientemente del proceso.

Los delitos que se atribuyen a los acusados son prevaricación urbanística o alternativamente prevaricación común, así como tráfico de influencias. La posible prevaricación se imputa a los tres procesados, mientras que el supuesto tráfico de influencias solo al exregidor y la exedil, que estarán defendidos por los abogados penalistas Pablo Luna y Ernesto Osuna, respectivamente. Este último representará también a Emilio Martín Herrera. Los dos juristas piden la libre absolución para sus clientes y están convencidos de que no hay ilícito alguno.

Ramón Arenas pide cuatro años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación para Torres Hurtado y Nieto, mientras que para el exdirector de Licencias solicita tres años de prisión y diez de inhabilitación, así como multa de 20 meses. Junto a ello, reclama la nulidad de la licencia de primera ocupación del edificio en el que se centra esta parte del caso Nazarí. Se tarta de un inmueble situado en la calle Obispo Hurtado de la ciudad donde el exalcalde y la exedil poseen viviendas. Ambos tuvieron participación en esta promoción inmobiliaria, impulsada por la Congregación de Siervas del Evangelio, por lo que, a juicio de la única acusación, debieron abstenerse en las decisiones municipales adoptadas durante la tramitación de la licencia de primera ocupación.

Las supuestas irregularidades en las que Ramón Arenas ve un posible alcance penal ya dieron lugar a un expediente sancionador, en vía administrativa, que se saldó con una multa. Y consistieron en «un incumplimiento de las determinaciones relativas a cuerpos volados y alturas mínimas en plantas de pisos».

En concreto, Torres Hurtado tiene en propiedad en este edificio un inmueble de uso residencia del 119 metros cuadrados y dos inmuebles de uso almacén/trastero, todo ello con un valor catastral superior a 151.000 euros. Las mismas propiedades tiene Nieto, aunque, en su caso, el valor catastral de todo es de unos 120.000 euros, según figura en el sumario del caso.

En esta pieza separada estuvieron en su momento investigadas también otras cuatro personas: dos ex altos funcionarios de Urbanismo; la ex secretaria del Ayuntamiento, Mercedes López Domech; y María Paz Spínola, ex directora general del área. Los cuatro se quedaron fuera del proceso tras acordar la magistrada de Instrucción 2 de Granada, el 2 de julio del año pasado, el archivo de las actuaciones para ellos.

No será este jueves la primera vez que el exalcalde acapare la atención mediática por tener que sentarse en un banquillo judicial. Ya lo hizo en otro procedimiento urbanístico, el del caso Serrallo, por la construcción, en lugar de un parque de atracciones infantil, de una discoteca junto al centro comercial Serrallo Plaza. En aquel asunto, que está pendiente de un recurso en el Tribunal Supremo, el exregidor salió absuelto, aunque la exedil Nieto no corrió la misma suerte: fue condenada a siete años de inhabilitación.

No se sabe aún cuál será la siguiente pieza separada que llegue a juicio de las que aún siguen 'vivas' y continúan en fase de instrucción. Se siguen actualmente practicando diligencias relacionadas con los expedientes 'Progreso', 'Mulhacén', 'Campus' y 'San Jerónimo'. Las investigaciones de los restantes ('Registrador', 'PP-T1' o el del plan parcial del nunca construido Palacio de Hielo y el denominado 'Parkings') están ya archivadas. Eso sí, el futuro de la pieza 'Registrador' pende de lo que resuelva el Tribunal Supremo sobre un recurso presentado por Arenas.

Si se hace un repaso a este caso, el más mediático de los últimos años de la crónica de tribunales de Granada, cuando las diligencias se iniciaron eran 17 las personas investigadas. Además de al exalcalde de Granada y la exconcejala de Urbanismo, la UDEF dirigió sus investigaciones contra la secretaria general del Ayuntamiento, Mercedes López Domech, defendida en este caso por el letrado Antonio Illana; el ex director técnico de Obras Municipales, Manuel Lorente Sánchez-Palencia;la ex directora general de Urbanismo, María Paz Spínola; el ex coordinador general del Área de Urbanismo, Agustín Belda; el ya indicado ex director general de Licencias y Disciplina; el ex jefe de Servicio de Obras Privadas, Gaspar Navarro;el interventor municipal y un técnico superior de la Subdirección General de Planeamiento, M. P. B; la secretaria de la Junta de Compensación de San Jerónimo, F. D. C.;dos apoderados del empresario José Julián Romero (su hija, R. M. J. M., y J. M. L. S.); el registrador de la Propiedad J. C. E.; y los constructores Enrique Legerén (ya fuera de la causa, tanto él como sus empresas), Roberto García Arrabal y José Julián Romero.

Asimismo, la Policía relacionó a doce empresas con las supuestas ilicitudes: Casería de San Jerónimo, J. Julián Romero Consulting S.L., Fontdeis S.L., Nazarí Asesoramientos, Taler Real Estate S.L., Campus Padel Club Granada S.L., Be Suites Granada S.L., Cooperativa Obispo Hurtado, Inversiones Legerén S.L., Constructora de Obras El Partal S.A.U., Cruz de Lagos Aparcamientos Concesionales S.L. y Sierrapark S.L. (las cuatro últimas ya fuera de sospecha).

En cuanto a los expedientes que siguen bajo la lupa judicial, está bastante avanzado el 'Mulhacén', donde se ha visto salpicada otra exconcejala del PP, Telesfora Ruiz. En su marco, como se ha indicado, se investigan presuntas irregularidades en la concesión de la parcela de uso deportivo sita en la calle Torre de la Pólvora número 35 de la capital que tenía por objeto la ejecución del Pabellón Mulhacén del Zaidín, aparcamientos y edificios para la actividad comercial.

En la pieza del expediente 'Campus' se investiga una autorización, finalmente no concedida, para la construcción de una residencia universitaria en parte de una parcela calificada como equipamiento deportivo. Nunca llegó a edificarse ese centro. En 'Progreso', se analizan los usos del edificio que alberga la sede del PP, en el barrio del Zaidín. Y, por último, en el expediente 'San Jerónimo', también avanzado, se examinan supuestas ilicitudes en las obras de urbanización del Plan Parcial PP-N2. Estas tienen que ver con la desviación de un barranco y la concesión de licencias de primera ocupación de 300 viviendas, trasteros y garajes del residencial Ciudad de la luz, construido por J. J. y próximo a Kinépolis.

En los meses venideros, además del fallo que acabe dictándose en la pieza que esta semana llega a juicio, los avances en esas otras cuatro 'patas' de 'la Nazarí' acapararán la actualidad judicial local.