Delitos cometidos por niños en Granada

Expertos avisan del auge de la violencia en los colegios y la vinculan con la tecnología

Por otro lado, los últimos episodios mediáticos, especialmente el de los supuestos abusos sexuales, ha reabierto el debate sobre los menores inimputables. La mayoría de expertos contactados por IDEAL no creen que sea necesario que se rebaje la edad mínima legal, pero sí aplicar medidas más específicas cuando se detecten delitos graves. Mientras tanto, las sanciones de las que disponen los colegios andaluces, que se implantaron hace más de una década, son que acudan a aulas de convivencia, que sean expulsados un tiempo o cambien de centro escolar, el castigo más grave. No habría consecuencias legales.

La violencia digital es una realidad, y en ciertas zonas «más estresadas» se produce un trasvase a la violencia física y verbal. Así lo expone Luis Pinto, presidente de la Asociación andaluza de directores de Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre), que conoce de cerca la realidad educativa. «Tendríamos que tener herramientas más poderosas cuando de forma esporádica hay casos de delitos graves en niños. No es que sea necesario bajar la edad legal, es que hacen falta programas más firmes que les haga diferenciar entre el bien y el mal», apostilla. Expulsarlos o cambiarlos de colegio no soluciona el problema, es necesario «modificar su conducta» dentro del centro, «para lo que hacen falta más recursos».

«El problema es que los niños usan los móviles antes de tiempo y en muchos casos sin control parental», indica. Además, la edad mínima para poder usar las redes sociales, a su juicio, debería elevarse «y cumplirse», ya que es común que los niños «falseen la edad» para acceder antes a ellas. Y aunque las familias son una pieza clave, Luis Pinto pone el foco en las empresas que gestionan esas redes. «El algoritmo es deleznable y les enseñan cosas que no están preparados para ver. No todo vale», critica. Otro elemento menos evidente, pero igualmente influyente, es la «música», con ciertas letras que promueven la desigualdad escuchada por niños muy pequeños.

Los móviles llegaron a nuestras vidas sin un manual de cómo integrarlos, y menos si hablamos de niños. Las administraciones intentan adaptarse, con la prohibición de su uso en colegios andaluces y en institutos hasta segundo de la ESO (inclusive), pero la realidad es otra. «Hay partes y expulsiones porque llevan los dispositivos, pero es complejo. A veces es porque las familias quieren controlarlos, saber si han llegado bien», explica Rosa Funes, presidenta de Fampa Alhambra, la federación que agrupa a las ampas de los centros de Granada. En este punto, admite que las familias juegan un papel esencial, pero se echa demasiado peso sobre ellas. Deben estar formadas y saber en qué andan sus hijos, pero subirse al barco tecnológico, a su modo de ver, es inevitable. «Si los chicos están fuera del circuito se quedan excluidos, no saben ni cómo quedar con sus amigos. Antes fijábamos una hora, pero ahora es ambiguo, hablan sobre la marcha», expone.

En cuanto a la edad mínima legal, para Rosa no es necesario bajarla. «Los hechos graves cometidos por menores son excepciones, pero los que los cometen deben recibir un tratamiento especial que corrija su conducta. Creemos en la reinserción», concluye.

La Asociación Imeris, con sede en Granada, atiende de forma especializada a menores y familias en situación de conflicto social y/o familiar. Su presidenta, Marisol Lozano, apuesta por la prevención y educación, además del control «exhaustivo» de cómo usan las redes sociales. «Les dejamos los móviles antes de tiempo y es una puerta abierta a normalizar relaciones que no son saludables», asegura. Cuando haya «factores claros de riesgo», aboga por programas específicos con menores y familias.

Según ha podido saber este periódico, Imeris implantó hace una década un programa para delincuencia infantil -niños que no pueden ser imputados- que dejó de ser financiado por la Junta de Andalucía hace unos años. En su lugar, la administración apostó por otro centrado en la prevención.

¿Cómo detectar a posibles víctimas y agresores? Ana Soria, profesional del centro de psicología Zoraida Rodríguez, ofrece algunas claves para familias y docentes. En los niños acosados se pueden producir cambios de conducta, mostrarse «apáticos, irritables e incluso agresivos». «Otra consecuencia es el aislamiento social, la bajada del rendimiento académico, que vuelvan a casa con pertenencias rotas o que sufran dolores de cabeza, barriga o vómitos. No es que se inventen una enfermedad, es un efecto de la ansiedad», apostilla. Suelen negarse a contarlo porque «les genera vergüenza».

El agresor tiende a presentar otro perfil; pierde la calma con facilidad, tiene poca tolerancia a la frustración y su actitud es «desafiante». «Les faltan habilidades sociales y tienen un comportamiento vengativo. Vemos que no hay empatía, no comprenden el impacto en la víctima», informa la psicóloga infantojuvenil según su experiencia.

«El móvil es una droga, un instrumento para cometer delitos y un peligro para las víctimas. Se meten en TikTok y pasa lo que pasa». Contundente, como siempre, se muestra el juez de menores Emilio Calatayud. «Los niños están teniendo comportamientos de adultos y les estamos quitando la niñez», insiste. Por eso, para él es inconcebible que un menor de 14 años tenga un móvil. «Nunca antes ha habido agresiones sexuales en estas edades, está relacionado con que no hay niñez», recalca.

En cuanto a las consecuencias legales ante delitos graves, Calatayud pone el foco en los padres, «los responsables de educarlos». «Hay que revisar si están cumpliendo sus obligaciones, que la Fiscalía dé cuenta a los servicios sociales si hay situación de desamparo y que los niños sean reeducados en un centro de protección de menores. Si no hay desamparo, es lógico que se demande a los padres por lo civil y paguen por el daño causado», apostilla.

La Guardia Civil, por un lado, monitoriza posibles delitos o situaciones de riesgo en los entornos de los centros educativos, como puntos de venta de drogas. A la par, ofrece charlas enmarcadas en el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar, al igual que otros cuerpos policiales. «Tratamos hasta 15 temas y les damos instrumentos para que resuelvan los problemas de manera pacífica», detalla Lucas Barrientos, teniente de la Guardia Civil de Granada. Lo más común es el acoso, que se produce cuando es una situación «sostenida en el tiempo», pero hay agresiones puntuales que también requieren de una intervención. «Hay situaciones que pueden derivar en tendencias autolesivas, una actuación a tiempo evita muchas cosas», sentencia.

Los agentes van uniformados y a veces «causa impresión», pero su finalidad es mostrarse como «fuerza amiga» y acercarse a ellos. Además, hacen hincapié en el principio de autoridad que debe mantener el profesorado.

La Policía Nacional precisa que las charlas más demandadas en Primaria son los riesgos de internet, acoso y ciberacoso. También recitan un cuento, 'El club de los secretos', para detectar posibles abusos en el ámbito familiar. En Secundaria se amplía el abanico a violencia de género, delitos sexuales, drogas y alcohol… siempre a demanda de los centros. «En alguna charla hemos detectado comportamientos extraños y hemos hecho informes e investigaciones», cuenta José Manuel Barón, uno de los policías nacionales de Granada encargado de impartirlas.

La edad a la que los niños empiezan a coquetear con la pornografía, recuerda, está «en los ocho años», cuando «no está preparados e interiorizan como normal lo que no lo es». «Si les hablamos de sexting (envío de material íntimo) se miran y se ríen. Notas que lo conocen, que hay algo», admite.

La Policía Local de Granada también imparte charlas a los chavales, siempre con un fin preventivo. «Queremos protegerles y ser una unidad de referencia para el equipo docente, asesorarles ante posibles conflictos», informa Luis Burgos, 'agente tutor' de la Policía Local de Granada. Además de los temas más comunes, hacen hincapié en el absentismo escolar, con resultados «muy positivos». «En la zona Norte, donde más casos hay, se ha erradicado en un alto porcentaje la falta de los niños a clase», comenta.

Además del peligro de los móviles y su acceso a edades tempranas (ocho o nueve años), Burgos recuerda que hay videojuegos «muy violentos» y con escenas de prostitución a los que muchos menores están enganchados. «Pueden reflejarlo en su comportamiento y, además, llegan cansados a clase por estar jugando hasta tarde. La higiene del sueño es importante», destaca.

Son varias las problemáticas que preocupan al Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu; el ciberacoso, la adicción a los videojuegos o la relación entre el acceso a la pornografía y los casos de abusos sexuales. «La educación en competencias digitales no es una opción, es una necesidad y una exigencia», apunta.

En esta labor, dice, se encuentran implicados muchos actores, entre los que destaca uno: la escuela. «Supone una necesidad incrementar la formación afectivo-sexual que ha de impartirse en los centros educativos para evitar los mensajes sexistas que se reciben de la red y para promover la igualdad», indica. Por último, insta a crear entornos digitales seguros donde puedan «navegar sin riesgos»; sistemas de control parental y de verificación de la edad; y herramientas de inteligencia artificial para detectar comportamientos sospechosos.