El expolicía acusado de secuestrar a sus hijos, que viven en Armilla, se escuda en el alcohol y su trastorno mental

El 2 de enero del año pasado, Manuel L. G. recibió a la Policía Nacional, en el domicilio de su pareja, en Dos Hermanas, con un cuchillo de grandes dimensiones y, según testificó uno de los agentes actuantes, se parapetó tras los pequeños, «lanzando puñaladas y apagando la luz» para que no lo vieran. «Nos lo encontramos muy agresivo», detalló el funcionario policial.

Ni las explicaciones ni el arrepentimiento de Manuel convencieron a las acusaciones, que tras una larga sesión no exenta de momentos tensos –hubo varios toques de atención del magistrado al procesado, que fue advertido incluso de que podía ser expulsado de la sala– mantuvieron los cargos contra él. Tanto la fiscalía como la acusación particular que ejerce la madre de los menores, Sonia B. T., reclaman que se le impongan 17 años de cárcel. La defensa de Manuel, que ejerce el letrado Félix Ángel Martín, solicita su libre absolución, pues entiende que lo único que hizo fue no entregar a los niños en el punto de encuentro cuando debió hacerlo.

Y así lo reconoció el propio Manuel, que hizo alarde durante todo su interrogatorio de sus conocimientos de Derecho, utilizando continuamente giros, expresiones y un lenguaje técnicos. «Incumplí la entrega por el hecho de estar un día más con ellos», señaló. «No me comporté bien; no fui un buen padre, pero eso no me hace ser un delincuente», añadió, para opinar que en todo caso cometió un «ilícito civil». Las acusaciones no piensan lo mismo. De hecho, le atribuyen delitos cinco posibles delitos: dos de sustracción de menores y tres de lesiones psíquicas.

Para el exagente, sus hijos están «alienados», «manipulados», y si se comportó así fue porque en aquellas fechas iba a entrar en prisión y quería estar más con ellos. Cuando vio al ya exministro Zoido en televisión hablando de su caso –el asunto tuvo una enorme repercusión mediática– se quedó «atónito», confesó, al tiempo que consideró que los agentes que entraron en su vivienda no respetaron su derecho a la inviolavilidad del domicilio. Fue su actual pareja, una abogada sevillana, quien les entregó las llaves.

Manuel, según las acusaciones, llegó a decir a sus hijos que los iba a fotografiar tumbados y cubiertos con sangre de mentira o tomate frito «para publicarla», un extremo que los niños confirmaron ayer. El procesado lo rechazó indicando. «Eso es una sandez», espetó.

Los dos pequeños, que fueron tratados e interrogados con sumo cuidado por su señoría y por el fiscal, Manuel Ocaña, declararon por videoconferencia y relataron lo que vivieron aquellos días con su padre, unos hechos por los que han tenido que recibir tratamiento psicoterápico.

El niño contó que uno de los días que estuvieron con él fueron a Jabugo, a Huelva, a un hostal, y que su padre los dejó mucho tiempo solos enla habitación, así como que cuando regresó rompió la puerta del establecimiento porque no le abrían. «Era superagresivo y nos pegaba por tonterías», manifestó el crío, tras admitir que sintió alivio cuando llegó la Policía.

También explicó el menor que su progenitor les decía que no se acercaran a la ventana cuando estaban en la casa de Dos Hermanas e indicó que cuando entró la Policía se refugió con su hermana en el baño para protegerse de su padre. «Ahora estamos superbien con mi madre», expresó el crío. «Sentí mucho miedo porque pensaba que no iba a ver a mi madre», añadió. Tanto él como su hermana, de 10 años, confirmaron que sintieron miedo.

Sonia B. T., la madre de los niños declaró tras una mampara. «Yo sabía que mis hijos estaban en mucho peligro», llegó a expresar. Mientras contaba el suplicio que supuso para ella no saber nada de sus pequeños, Manuel permaneció impasible, mirando al frente, con la cabeza alta, el mentón ligeramente subido y las piernas cruzadas.

Un perito de la defensa , psicólogo forense y criminólogo, dijo sobre el acusado que tiene Asperger , lo que le hace ser «políticamente incorrecto» y no poder mentir, una circunstancia que unida a su adicción al alcohol «complica el cuadro». En aquellas fechas, Manuel era, a su juicio, «una caricatura de sí mismo» y tenía sus capacidades «sumamente mermadas».

Por su parte, la forense que evaluó a los críos y a Sonia B. T., ratificó su informe, en el que apreció en los pequeños «maltrato infantil grave»; en ella, datos objetivos de violencia de género; y en los tres, «secuelas psíquicas».

Una periodista de Sevilla también testificó y aseveró que un hombre que se identificó como el procesado, llamó en aquellos días a su emisora para decir que iba a ser «la Juana Rivas» de esa provincia.

El abogado del acusado, a quien el juez permitió que declarase sin esposas, pidió aal inicio de la vista que se declarse nulo todo el proceso por no haber prestado declaración como investigado en Granada, después de que un juzgado de Sevilla remitira aquí el asunto. Allí, sí declaró, aunque según su defensa, fue por el atentado contra los policías que lo detuvieron –uno de ellos resultó con un corte en la mano– y no por la sustracción de sus dos hijos. El juez indicó que resolvería esta cuestión en la sentencia.

Manuel L. G., que se encuentra en prisión cumpliendo la condena de dos años y diez meses que antes de estos hechos le habían impuesto por violencia de género contra su expareja, había sido agente de Alcalá de Guadaíra, pero por sus problemas con la bebida y su patología mental fue jubilado en 2017.