La expulsión del Ayuntamiento de Granada como acusación, en manos de la jueza de 'la Nazarí'

La magistrada, que es la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, recibió el pasado 25 de enero una petición del empresario Ramón Arenas, que asimismo ejerce la acusación particular en esta parte del proceso, para que expulse al Consistorio como parte perjudicada.

Este empresario –personado junto a su empresa Aremat en el caso porque el referido promotor supuestamente invadió un terreno suyo– quiere que se descarte la condición que ostenta el Ayuntamiento y que, «en su caso» cambie a la de «responsable civil subsidiario, junto a los funcionarios y cargos públicos investigados». Esto supondría a efectos prácticos que, en caso de condena, el Consistorio habría de responder al pago de las indemnizaciones que se fijen en la sentencia de forma subsidiaria.

Entre los investigados, se encuentra la excúpula del Área de Urbanismo siendo alcalde José Torres Hurtado (PP). El abogado de dicha excúpula, Ernesto Osuna, ha respaldado la petición de Arenas, aunque con importantes matizaciones. Este diario ha tenido acceso a las alegaciones formuladas por las partes que hasta este lunes habían expresado su opinión a la jueza María Ángeles Jiménez. Y, según consta en el escrito de la excúpula, si se adhiere a cambiar el papel procesal del Ayuntamiento es porque niega «categóricamente» que se haya cometido delito alguno por parte de sus clientes o que se haya perjudicado el interés público en la ejecución de la concesión administrativa del Pabellón Mulhacén.

Este abogado, que lleva a la exedil de Urbanismo Isabel Nieto y a otros ex altos cargos de su departamento, recalca que discrepa con Arenas en que hubiera «connivencia» alguna con sus clientes para cometer las supuestas irregularidades que se investigan. Niega que se perjudicase al empresario con aquella operación, si bien indica que se debe adherir a su petición de expulsar al Ayuntamiento como acusación particular porque si solicita que no se le considere perjudicado «es porque se descartan totalmente los delitos que atañen a los intereses públicos, como pueden ser fraude, malversación, etc».

En cuanto a la postura del resto, mientras que Rafael López Guarnido, abogado de otro de los funcionarios investigados, concluye que «no es procedente ni posible expulsar al Ayuntamiento como acusación particular en este momento procesal», el PSOE cree que procede el cambio de papel del Ayuntamiento al de «defensa o responsable civil subsidiario». Por su parte, el abogado del promotor del pabellón, César Fernández Bustos, reclama a la jueza «la expulsión» como acusación particular del propio Ramón Arenas, así como que se eche igualmente a las acusaciones populares PSOE y Grupo Municipal de Podemos-Izquierda Unida-Adelante, «o alternativamente se acuerde su intervención en el proceso bajo una única representación procesal».