La factura del Centro Lorca asciende ya a 28 millones, seis más de lo previsto inicialmente

Cuando en enero de 2004 el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, recibió en la Moncloa a la sobrina del poeta, Laura García Lorca, y al ya exalcalde de Granada, José Torres Hurtado, para conocer en detalle el proyecto, las cuentas eran bien claras. El museo estaba presupuestado en 22.624.913 euros. La inversión contemplaba la construcción de un gran centro cultural en la Romanilla, los muebles destinados a contener los fondos de Lorca, la programación de los primeros años y tres plantas de aparcamiento subterráneo. Todo en un plazo, se hablaba entonces, de poco más de dos cursos.

La fotografía final del Centro Lorca está siendo bien distinta. Los problemas en la tramitación de las obras, los retrasos, los sobrecostes y los intereses borraron del proyecto las famosas tres plantas de aparcamiento y han seguido engordando la factura.

Ya en el verano de 2017, una auditoría levantó las alertas. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, compareció en la junta de portavoces del Ayuntamiento para informar al resto de grupos de las conclusiones de un informe que valoraba en 26 millones de euros el dinero público empleado. Según el estudio, 21,3 millones habían ido a parar a la obra y quedaban 4,6 millones destinados a «puesta en valor, programación y gastos asociados».

Es a ese total al que se suman 1.096.021,83 euros -en concepto de intereses de demora- y otros 905.303,00 euros -por intereses de anatocismo- que la magistrada del juzgado contencioso administrativo número 1 de Granada acaba de reconocer a Ferrovial y que deberá afrontar el Consorcio Federico García Lorca.

Según la sentencia, el 4 de marzo de 2005 se suscribió un convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía, el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento, la Diputación, la Residencia de Estudiantes y la Fundación Federico García Lorca para la construcción del museo, acordándose que sería la fundación del escritor la que contrataría obras, servicios y suministros hasta la constitución del consorcio.

En base a la encomienda de gestión, la entidad suscribió con Ferrovial una serie de contratos entre abril de 2008 y septiembre de 2009 para la construcción de obra civil e instalaciones, demolición del local anexo al museo, integración del solar anexo a las obras, ejecución del telón cortafuegos y ejecución de equipamiento escénico.

Sin embargo, como apunta la sentencia, desde marzo de 2010 la Fundación Federico García Lorca dejó de atender las obligaciones contractuales generando una deuda de 2.453.762,21 euros, según reconocieron ambas partes en diciembre de 2013. Dos años después, sin embargo, Ferrovial paralizó las obras hasta que no se hiciera frente a lo adeudado y las instituciones se comprometieron al abono, lo que permitió la inauguración del centro en julio de 2015.

Cuando el 20 de diciembre de 2017, el consejo rector del Consorcio Federico García Lorca acordó la liquidación de la encomienda efectuada a la fundación, las instituciones reconocieron la deuda principal con Ferrovial. Sin embargo, discreparon con los intereses; lo que provocó la reclamación de la constructora en el juzgado.

Ferrovial argumentaba en su declaración que la fundación actuó de forma fiduciaria, por lo que el consorcio del Centro Lorca debía subrogarse en todos los contratos desde el inicio. Por contra, el Consorcio oponía que la subrogación se produjo con posterioridad al recurso y aducía que no procedería exigir el pago de intereses sino desde el 20 de diciembre de 2017, fecha en que se produjo la subrogación de las obligaciones pendientes.

Tras escuchar a las partes y estudiar el caso, la magistrada ha estimado la demanda formulada por Ferrovial contra el acuerdo del consejo rector del Consorcio Federico García Lorca y ha reconocido el derecho del recurrente a que la entidad abone más de dos millones de euros en concepto de intereses de demora y de intereses de anatocismo. Contra la sentencia cabe recurso de apelación, con un plazo de 15 días.