El alcalde ofrece «recursos» a la familia que sigue en el edificio okupado en calle Lepanto

Las fuentes consultadas explicaron que, pese a las conversaciones que se mantienen con Servicios Sociales, la situación sigue encallada. Las necesidades habitacionales de la familia siguen ahí, motivo por el que reclaman al Ayuntamiento una solución más a largo plazo que la que se le ha ofrecido hasta el momento, que radica en que regresen al alojamiento municipal en el que estaban instalados hasta el pasado 21 de enero o se trasladen a un hostal.

La misma situación vive la otra familia envuelta en los hechos. La pareja, con dos críos, no pudo regresar al edificio de Lepanto en el que residían desde hace días y aceptó la propuesta de Servicios Sociales, por lo que pasó la noche en la residencia de Fernando de los Ríos. Sin embargo, como confirmaron las mismas fuentes, se trata de una fórmula temporal, de apenas tres días, motivo por el que insisten en buscar una solución más a largo plazo también para ellos.

El alcalde de Granada, el socialista Paco Cuenca, se refirió este jueves a lo sucedido y explicó que el Ayuntamiento de Granada se limitó a hacer cumplir la ley. «Ahora mismo, dos menores están en la Residencia Fernando de los Ríos, como servicio municipal, y otra familia sigue ahí y se le está ofreciendo cobertura básica en alojamiento porque los derechos de los niños deben estar cubiertos. A partir de ahí, quedamos en manos de un juez, que será el que dicte las próximas actuaciones y pasos a seguir», señaló.

Según explicó, «el Ayuntamiento, desde el primer momento, no solo ha estado pendiente de la situación de las familias, especialmente de los menores, y la atención ha sido constante, directa y priorizando esos derechos de los menores». Cuenca recordó que una de las familias renunció al alojamiento que tenía «para propiciar una situación incómoda para todo el mundo». Señaló, no obstante, que el Consistorio tiene claro que debe «garantizar los derechos y el cumplimiento de la ley». A este respecto, aclaró que trabajará para preservar los derechos de los niños, así como «el que tiene todo el mundo a poder proteger su espacio privado».

El colectivo Stop Desahucios se pronunció también este jueves sobre la situación de ambas familias. En un comunicado, denunció la «violencia policial que han sufrido las personas que solidariamente han acudido a defender el derecho a la vivienda de estas familias y a denunciar la impunidad de las instituciones para saltarse la legalidad y echar gente a la calle sin orden judicial».

En su opinión, lo sucedido «solo nos revela con demasiada crudeza lo que en el fondo ya sabemos: que los gobiernos no tienen palabra, que prefieren malvender un edificio antes que ponerlo disponible para viviendas sociales, que los agentes de policía protegen propiedades y no personas; a las personas las echan a la calle y golpean si protestan».

El colectivo recordó que en 2015 se llevó al pleno una moción para pedir la no colaboración en las comisiones judiciales de desahucios, la retirada de fondos públicos de entidades que desahucian e incrementar el sistema de protección social, «con un parque de vivienda pública garantista para las familias que no pueden acceder al régimen hipotecario o de alquiler de mercado libre».

Expuso que el actual regidor Paco Cuenca defendió la propuesta y meses después volvió a llevarla a pleno, exigiendo al Ayuntamiento que rechazase colaborar. Sin embargo, denunció que «un dispositivo de la policía local, sin orden judicial, ha forzado la entrada de un edificio y desalojado a varias familias, algunas con menores a cargo, que habitaban un inmueble a espaldas del Consistorio donde Paco Cuenca declaró que no ocurriría en Granada bajo su gobierno».