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Fue un 28 de diciembre, del año 2005, cuando saltaba la noticia de que se habían producido dos detenciones relacionadas con una presunta estafa en la venta de entradas de la Alhambra. El director de una agencia de viajes y un trabajador del monumento prestaban declaración ante la Policía, que llevaba ya cuatro meses investigando el presunto fraude, detectado por los propios gestores del monumento. En el control que se seguía de las taquillas, los responsables del monumento habían comprobado que los números no cuadraban. Crecía el número de personas que entraban, pero bajaban los ingresos. La cuenta era sencilla y acudieron a la Policía Autonómica ese verano de 2005.
A partir de ese momento, la investigación del caso se fue ampliando en círculos concéntricos. Agencias de viajes, touroperadores, funcionarios y personal laboral del Patronato, así como personal del BBVA - que en ese momento tenía la gestión exclusiva de las entradas- fueron investigadas durante años. El juez instructor, Miguel Ángel del Arco, llegó a pedir catorce informes periciales durante los nueve años que estuvo investigando el asunto.
«No es sólo un tema interno de la Alhambra; hay mucha gente de fuera y por eso ha sido tan complejo pillarlo», aclaraban fuentes policiales en los inicios de este caso, que ha tenido el control de accesos al monumento en el punto de mira durante años. «Unos días podrían haber entrado varios grupos de cincuenta; otros días trescientas o cuatrocientas personas; y otros nada», valoraba la policía en los primeros pasos de la investigación.
Poco a poco se fue desentrañando el 'modus operandi'. Las pesquisas que hicieron los propios agentes de la Policía Autonómica en las taquillas del recinto dejaron escenas, cuanto menos curiosas, que quedaron recogidas en el auto del juez instructor.
«El día 5-11-05, a las 9.35, estando de oficial J. M. P. y de porteros A. J. S. P. y C. H. M., entró un grupo de 18 turistas japoneses, que acompañaba la guía L. G. C., sin entregar ticket alguno», reza el auto. «El día 4-12-05, el guía F. G. entra con un grupo de 19 personas sin entregar ticket. Dos días después, M. A. H. entra con 12 japoneses sin entregar ticket», añade el auto, que contabiliza numerosos lances de esta naturaleza.
El poder que el principal acusado, ahora condenado, ejercía sobre los accesos a la Alhambra era notable y daba lugar a situaciones cuanto menos llamativas. Así, la Policía Autonómica presenció, el 7 de noviembre de 2005, un hecho significativo de esa influencia. A las 11.30 de ese día, entró un grupo compuesto por siete personas y el investigador escuchó a R. C. preguntar al guía que lo conducía «¿de qué nacionalidad sois?», a lo que el guía no tuvo empacho en responder: «Somos de Paco Castillo».
Tras la extensa instrucción, el juez apuntó a 77 personas por cinco delitos diferentes. Posteriormente, tras la acusación de las partes, se quedó en medio centenar, que son los reflejados en la sentencia hecha pública ayer.
El 'Caso Alhambra' se ha caracterizado por su un asunto de grandes cifras. Ha consumido la friolera de nueve en la instrucción -investigación-, se la ha tildado de 'macrocausa' por la cantidad de procesados -medio centenar finalmente-. También acumuló muchos ceros. Así, por ejemplo, se calculó que se habían podido 'sustraer' hasta 50.900 entradas de forma irregular, el sumario acumuló 60.000 folios.
Tras los nueve años de instrucción, la sentencia también se hizo esperar más de lo normal, algo más de un año. Y, aunque no se puede medir, el fallo también ha resultado llamativo, con sólo diez condenados del medio centenar que se sentaban en el banquillo. La «extraordinaria» dilación de toda la causa, acabó actuando como atenuante para los procesados, muchos de los cuales celebraban ayer con sabor agridulce la absolución.
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