El fiscal mantiene su petición de 5 años de prisión para Villafranca por el caso audioguías

El representante del ministerio público en este proceso, Rafael Sancho, ha seguido solicitando cinco años de cárcel para la exdirectora del PAG, Mar Villfranca, y la exsecretaria general del monumento, Victoria Chamorro, como presuntas autoras de delitos de malversación en caudales públicos y prevaricación. A ambas les ha reprochado la «falta de control» y «dejar hacer» en el cumplimiento del contrato con la empresa a la que se adjudicó en 2007 el servicio de las audioguías, Stendhal Museum Solutions (antes GTP Museum Solutions).

Sí ha introducido el fiscal un cambio en sus conclusiones definitivas que atañe al dueño de la citada empresa, A. L., también acusado y que se enfrenta a diez años de prisión y al pago de un millón de euros por la supuesta comisión de los dos delitos anteriores y otro de blanqueo de capitales. La modificación ha consistido en plantear como ilícito alternativo a la supuesta malversación un delito de apropiación indebida.

Por ese delito alternativo ha reclamado, en cualquier caso, la misma pena de cárcel (5 años de prisión), aunque también una pena de cinco años de inhabilitación especial para realizar actividades de comercio e industria.

En la causa hay otras dos acusaciones, que igualmente han mantenido los cargos contra los acusados. Una de ellas es la de la Junta de Andalucía, que solo ha modificado sus conclusiones en relación a los intereses de la indemnización que reclama por el supuesto perjuicio al PAG a raíz de las irregularidades contables del contrato de las audioguías.

La otra es la que ejerce el Ayuntamiento de Granada y ha modificado también su petición de responsabilidad civil (según las fuentes consultadas cercana a 862.000 euros) al solicitar los intereses desde la fecha del contrato.

Las defensas, por su parte, han seguido proclamando la inocencia de los procesados, si bien el abogado de Mar Villafranca, ha pedido al tribunal de la Sección Segunda del tribunal provincial que, en caso de dictar una sentencia condenatoria, tenga en cuenta la dilaciones indebidas que, en su opinión, se han producido en la causa (ha llegado a juicio siete años y medio después de iniciarse) y las penas sean bajadas en dos grados.

En su informe final, el fiscal del caso ha destacado que el empresario que explotó el servicio, A. L. no cumplió ni su oferta económica (un canon fijo de 77.000 euros anual y un 47% de canon variable) «ni con lo establecido en los pliegos». Su oferta económica, ha subrayado, «era claramente temeraria», mientras que su oferta técnica, por la que recibió puntuación para la adjudicación, «es papel mojado».

«Desde el primer momento el empresario no cumple con lo establecido y lo más graves es que la directora (Mar Villafranca) y la exsecertaria (Victoria Chamorro) lo permiten», ha sentenciado, para incidir en que «desde el primer minuto se ve la voluntad deno cumplir del empresario», pues en la primera liquidación anual, la de 2008, no pagó el canon fijo. Y aunque se le requirió para ello «incumplió y no se hizo absolutamente nada».

No es hasta 2011 cuando realizó A. L. el primer pago, según ha recordado el fiscal y pese a sus «incumplimientos» y a que la deuda crecía, el PAG acordó la prórroga del contrato en lugar de rescindirlo. «A. L. no paga lo que debe, peor no es que se retrase en el pago, es que deja de pagar lo que debe».

En este punto ve el fiscal también responsabilidad de la excúpula de Urbanismo, en tanto que en el contrato se omitieron por lo visto cláusulas para establecer los plazos de pago para el empresario. Además, pese a la deuda que aumuló por incumplir con las liquidaciones (llegó a deber 900.000 euros) se le prorrogó el contrato en lugar de resolverlo, realizando dos reconocimientos de deuda para supuestamente garantizar su cobro, en lugar de acudir a la vía de apremio. «¿Para qué están los embargos a las empresas?», se ha preguntado el fiscal.

«¿Es que yo me apropio de la Alhambra y la Alhambra es mía?», ha llegado a decir el fiscal en un momento de su informe final, en el que ha acusado a A. L. de «chantajear y presionar» al PAG, así como de «ocultar» la recaudación real que obtenía de los alquileres de los equipos de audioguías a los visitantes, que durante su época de explotación descendieron considerablemente. Hubo, ha dicho, una «disminución vertiginosa» que ha causado un perjuicio al monumento.

También se ha referido el fiscal a la reciente sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas (un órgano fiscalizador con sede en Madrid) que ha declarado la «responsabilidad contable por alcance» de Mar Villafranca, a quien ha condenado a pagar a la Junta de Andalucía más de 404.000 euros por el menoscabo a los fondos públicos causados con el contrato relativo a las audioguías y otro relacionado con las tiendas de la Alhambra.

Sobre la responsabilidad tanto de Villafranca como de la exsecretaria, el fiscal ha ensalzado que por sus cargos y obligaciones debían de haber resuelto el contrato ante los incumplimientos del empresario y no prorrogarlo, después de mantener «reuniones de alto nivel» con la adjudicataria.

En el banquillo también se sienta el exjefe de Contabilidad del monumento, J. M. V., a quien solo acusa la Junta de Andalucía. Está previsto que la vista concluya este miércoles con los informes finales de las defensas.