El fiscal pide 26 años de cárcel para el exedil de Urbanismo de Alhendín por el 'Marchelo'

Con todo, el que sale peor parado es el que fuera concejal de Urbanismo del municipio, Manuel Fernández Moreno, para quien el fiscal solicita 26 años de presidio por la supuesta comisión de los delito de cohecho, prevaricación urbanística o fraude en la contratación.

Respecto a los promotores implicados, el ministerio fiscal pide más de 14 años de reclusión para José Muñoz, que es el marido de la periodista televisiva Ana Rosa Quintana.

La acusación pública plantea, además, que estos dos últimos investigados abonen sendas multas de 3.533.880 euros en el supuesto de que resulten condenados. Fernández debería pagar una segunda sanción de 800.000 euros.

En total, el escrito de acusación incluye a quince personas que deberán sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial.

El documento del ministerio fiscal 'parcela' el 'caso Marchelo' en tres grandes apartados: la supuesta tramitación y construcción ilegal de una gasolinera en la avenida de Andalucía de Alhendín, las presuntas irregularidades en el Polígono Industrial Marchalendín y la edificación de la urbanización Novosur, ubicada también en la citada localidad, situada a unos quince kilómetros de la capital.

Fue en septiembre del año pasado cuando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santa Fe dictó un auto -una resolución motivada- mediante el que dejaba la causa en la antesala de la vista y ordenó dar traslado de las actuaciones a la fiscalía y a las acusaciones particulares para que formulasen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento, es decir, el archivo de las actuaciones.

En aquel auto, el magistrado que dirigía el juzgado santaferino -la causa había pasado por varios jueces desde que se iniciara en 2006- acordó continuar la tramitación por los cauces que establece la ley para que un total de 16 presuntos implicados.

La fiscalía ya ha emitido su escrito y acusa a quince personas para la mayoría de las cuales reclama penas de cárcel muy severas, multas y cientos de años de inhabilitación.