Denunciada la exconsejera de Cetursa por supuestas irregularidades en su sueldo

La denuncia del ministerio público está dirigida concretamente, además de contra la ex consejera delegada de Cetursa, contra el director de organización y finanzas en el periodo 2010-2017 de esta empresa pública andaluza por la supuesta inclusión de «cantidades indebidas» en sus nóminas «a cargo de los fondos públicos».

La apertura de diligencias de investigación del ministerio fiscal fue el 23 de noviembre del año pasado, con un informe remitido a la fiscalía por la Consejería de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía a partir de una inspección de la Intervención General de la Junta de Andalucía y de la Cámara de Cuentas.

El informe de la Junta enviado a la fiscalía de Sevilla acabó siendo trasladado la fiscalía de Granada por tener en esta provincia el domicilio social la empresa pública andaluza con una participación del 95,90 %.

De acuerdo con la información facilitada a los medios de comunicación por la fiscalía andaluza, el informe, presentado por la Consejería de Turismo y Deporte, indicaba que el director de organización y finanzas de Cetursa «habría cobrado complementos por la antigüedad sin tener derecho a ello, entre los años 2012 y 2017». Sobre este cobro de antigüedad, la fiscalía solicita que se investigue el contrato fechado en julio de 2010.

Posteriormente, en el curso de las diligencias de investigación la Viceconsejería de Hacienda, Industria y Energía, Consejería de la Junta de Andalucía a la que ha quedado adscrita la empresa Cetursa, presentó otra denuncia en la fiscalía, en el mes de abril, por hechos similares que los relacionan con una adenda del contrato de la exconsejera de delegada, fechado el 1 de noviembre de 2010.

El ministerio público quiere que se investiguen también las retribuciones percibidas en el periodo 2012-2017, que presuntamente excedían de los límites retributivos fijados en las leyes presupuestarias de estabilidad que comienzan a aplicarse en el periodo de crisis y que fijaba un tope máximo salarial para los altos cargos directivos de los entes instrumentales de la Junta en 55.277 euros.

Se da la circunstancia de que en diciembre de 2015 María José López reestructuró el organigrama directivo de la empresa pública y ordenó el cese de los directores de área, creando de forma paralela jefaturas de área con las mismas funciones y con los mismos responsables acogidos al convenio de Cetursa.

Ante ello, la fiscalía quiere que el magistrado que asuma el caso investigue también esta decisión, la cual, según los informes estudiados por la fiscalía, «podría no deberse a una mejora de gestión empresarial» sino haberse adoptado para, supuestamente, eludir los límites que fijaban las leyes presupuestarias.

Aunque el ministerio público sólo haya dirigido su denuncia contra los máximos responsables de la gestión de Cetursa, abre la puerta a que otras personas sean igualmente investigadas una vez el caso sea judicializado y haya dado lugar a las diligencias previas correspondientes. Y es que el decreto añade «que no se excluye de una posible imputación de otros directivos de la empresa pública en el curso de las investigaciones judiciales que no han sido investigados en estas diligencias».

En los primeros días de marzo, IDEAL informó en exclusiva de la visita policial que habían recibido en Cetursa. Los agentes pertenecían al grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional de Granada y se personaron en las oficinas de la empresa para solicitar documentación sobre contratos, nóminas y el procedimiento de contratación del exdirectivo ahora denunciado, que dejó el cargo en 2017. Portaban un oficio de fiscalía para que le fuera entregada toda esa documentación. Ya estaban en marcha las diligencias del ministerio público que han culminado en la denuncia ahora presentada.

El asunto de los salarios no es nuevo. La Cámara de Cuentas de Andalucía emitió en 2017 un informe en el que advertía de que Cetursa en 2015 estaba obligada a cumplir la ley que regula los salarios de los cargos públicos. La norma afectaba a directores y subdirectores de entes públicos y perseguía garantizar el equilibrio financiero de las administraciones.

En 2014 se adaptaron los salarios a esta normativa, pero dos meses después se hizo un nuevo organigrama en el que las direcciones y subdirecciones se convirtieron en «áreas» y sus responsables, en jefes de las mismas. La Cámara de Cuentas señalaba en su informe que «los cambios operados en el organigrama podrían no obedecer a una mejor gestión empresarial sino a la necesidad de salvar lo dispuesto en el acuerdo del Consejo de Gobierno y en la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, evitando así la reducción de retribuciones del personal directivo, con el consiguiente menoscabo de los fondos públicos».

Directivos de Cetursa devolvieron como medida cautelar en 2018 un total de 59.302 euros de lo cobrado, a raíz del informe de la Cámara de Cuentas, en el que se aludía a una posible vulneración de la normativa aplicable en las retribuciones y los cambios efectuados en el organigrama. Así constaba en una respuesta del entonces consejero de Turismo y Deporte Francisco Javier Fernández a una pregunta escrita del parlamentario andaluz de Podemos David Moscoso.