La fiscalía no recurre la sentencia del caso Serrallo, que absolvió a Torres Hurtado

Contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Granada cabía recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS). Hasta ahora no se sabía qué había hecho exactamente el ministerio público tras la condena de sólo tres de las 17 personas acusadas por aquella operación urbanística. Pero las fuentes consultadas ayer por IDEAL para conocer la postura adoptada por la fiscalía confirmaron que por parte de la fiscal del caso, Sara Muñoz-Cobo, no se había anunciado recurso. Sí lo han hecho en cambio otras partes.

La sentencia fue dictada en el mes de julio. El plazo legal previsto para recurrir este fallo es «de cinco días hábiles desde la notificación». Y, por ahora, según otras fuentes del caso, nadie ha recurrido lo que son las absoluciones.

Cabe recordar en este punto que hubo 14 acusados absueltos, entre ellos los concejales miembros de la Junta de Gobierno Local que votaron a favor del expediente de la concesión.

El juicio, iniciado en febrero, fue largo. Se habilitó incluso por el elevado número de partes una sala en la Caleta para su celebración. La vista vio en marzo interrumpidas sus sesiones por la COVID-19, reanudándose el 8 de junio una vez garantizadas las medidas de seguridad de acusados, profesionales, tribunal y asistentes.

Finalmente,la sentencia absolvió al exalcalde y sólo fue condenatoria para la exedil de Urbanismo, Isabel Nieto; el exdirector de Licencias, el funcionario E. M. H., ya jubilado; y el promotor Roberto García Arrabal, que levantó la discoteca, que hoy continúa clausurada. La Audiencia les impuso sólo penas de inhabilitación: siete años para los dos primeros, y tres años y medio para el empresario.

Aunque la fiscalía no haya anunciado recurso al final, sí lo hicieron las defensas de los condenados y dos acusaciones. Sus recursos se tramitarán una vez se notifiquen las aclaraciones que se han pedido de la sentencia.

En concreto, de acuerdo con las fuentes del caso consultadas por este diario, han anunciado recursos de casación los abogados del promotor, de Nieto y del exfuncionario. Las acusaciones que lo han hecho igualmente han sido VOX y la empresa General de Galerías Comerciales (promotora de Tomás Olivo que construyó el Nevada Shopping en Armilla). En el caso de estas dos acusaciones se recurre expresamente la imposición de costas.

Las fuentes jurídicas antes citadas explicaron que aunque la fiscalía no haya recurrido ahora, eso no quita que luego, cuando el asunto aterrice en el Tribunal Supremo, los fiscales de Madrid puedan apoyar o impugnar los recursos que se acaben formalizando. Las partes esperan poder formalizarlos «en octubre o noviembre» y calculan que, si se admiten, el pronunciamiento del TS puede tardar «un año o año y medio».

Por otro lado, un nuevo escrito de la fiscal Sara Muñoz-Cobo llegaba ayer a manos de las partes personadas en una de las piezas separadas del caso Nazarí, la otra gran causa de presunta corrupción siendo alcalde Torres Hurtado. La pieza en cuestión es la que se centraba en la construcción de varios parkings en la capital en la década urbanística que se investiga por parte del Juzgado de Instrucción número 2, cuya titular es la magistrada María Ángeles Jiménez.

En el documento, fechado el 11 de julio y tras el que se habrán de pronunciar las partes y tomar una decisión el juzgado, el ministerio público pide el archivo de esta parte del proceso, al entender que los posibles delitos cometidos estarían prescritos.

La fiscal admite que «del atestado instruido» y de otros datos de la causa «se deduce que existen indicios racionales de la perpetración del delito de fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y/o cohecho». Sin embargo, ha llovido demasiado y los plazos son sagrados en Derecho. Por ello, «dada la fecha de los hechos» (la concesión de los aparcamientos públicos investigados se remontan a los años 2000 y 2001) y «sin perjuicio –además– de que algunos de estos hechos fueron ya objeto de denuncia», la fiscal cree que debe darse carpetazo a esta pieza separada.

Por aquella operación estaban investigados, entre otros, Enrique Legerén y José Julián Romero, los otros dos constructores salpicados por este escándalo de presunta corrupción en Granada que llenó de policías el 13 de abril de 2016 la ciudad y que hizo cambiar el color político de la Plaza del Carmen.

En este expediente ha estado bajo sospecha la concesión administrativa de cinco aparcamientos públicos: Cruz de Lagos, Avenida Joaquina Eguaras, Calle Poeta Gracián, Arabial y San Jerónimo. Fueron adjudicados a los dos empresarios a través de una UTE y posteriormente a Sierrapark. Los investigadores d ela UDEF detectaron «gravísimas irregularidades» en los procesos de adjudicación y explotación de los aparcamientos, tres de los cuales se habrían ejecutado contraviniendo el PGOU.

No es la primera pieza separada de 'la Nazarí' en la que la fiscalía ha solicitado el archivo; también lo hizo, por ejemplo, en la correspondiente al edificio de la calle Obispo Hurtado donde tienen viviendas el exregidor, la exedil de Urbanismo y algunos parientes.