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Jueves, 21 de abril 2022, 00:02
El concejal de Urbanismo y Obra Pública en el Ayuntamiento de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid, informó de que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, insiste en exigir a la ciudad la devolución de 161. ... 043,95 euros en concepto de intereses de demora correspondientes a la ejecución de la tercera fase de Santa Adela. En su opinión, la decisión del Gobierno andaluz supone «una auténtica patada en las espinillas al consenso que desde 1995 ha existido en torno al que, sin lugar a dudas, es un proyecto gracias al que se está regenerando y revitalizando una zona muy degradada de Granada». La Consejería de Fomento trasladó a este periódico que un informe del servicio de asesoría jurídica obliga a exigir al Ayuntamiento estos intereses de demora.
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Fernández Madrid hizo estas manifestaciones momentos antes de la celebración en el Ayuntamiento de la ciudad de la Comisión Informativa de Urbanismo, donde dio traslado de la orden de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, de reiterar la reclamación al Ayuntamiento de Granada, como «órgano gestor y promotor del proyecto», de 161.043 euros, cantidad que alega correspondería a los intereses generados por los 2.318.778 euros que se ahorraron de la subvención de 7.844.000 euros aportada por el gobierno autonómico correspondiente a la realización de la Unidad de Ejecución número 3 de Santa Adela y que fueron devueltos a la Administración autonómica el 15 de diciembre de 2021.
El edil de Urbanismo calificó de «auténtica barbaridad» que por parte de la Junta de Andalucía «se castigue» a la ciudad «por haber ahorrado, como órgano responsable un excelente gestión, dinero sobre las previsiones iniciales», y siga exigiendo a la Consejería de Fomento que archive la orden de fecha de 1 de abril de este año por la que rechaza las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Granada el 10 diciembre de 2021 al expediente incoado por parte de la Administración autonómica con fecha de 23 de noviembre.
En este sentido, Fernández Madrid, quien anunció que el consistorio volverá a presentar recurso, reiteró que «este Ayuntamiento no va pagar nada hasta que un juez no nos lo ordene, porque desde luego no es de recibo que el Ayuntamiento, que es la institución que más aporta y asume la gestión del proyecto, sea penalizado y obligado a pagar por realizar una brillante gestión».
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Para Fernández Madrid, la actitud del Gobierno andaluz no se corresponde con el «espíritu de consenso» que el programa de Santa Adela ha tenido desde que en el año 2015 se tramitó su Plan Especial y lamentó que «la Junta de Andalucía cometa esta barbaridad, sobre todo en este momento en el que nos quedan días para presentar la documentación necesaria para abordar la siguiente fase de Santa Adela».
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