El futuro del Consejo Consultivo andaluz pende del 'dictamen' político

Una acción de este calibre, fulminar un órgano de tal peso en la comunidad autónoma, no se puede ejecutar de la noche a la mañana, sino que, según las fuentes jurídicas consultadas, pasaría por reformar el Estatuto de Autonomía. La propuesta de reforma requeriría, en todo caso, «la aprobación del Parlamento de Andalucía por mayoría de dos tercios, la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica y, finalmente, el referéndum positivo de los electores andaluces y andaluzas».

De prosperar la medida, no sería la primera vez que se prescinde de un órgano de esta naturaleza. Existe un precedente en Extremadura, donde su Consejo Consultivo se suprimió con una ley, una solución que fue respaldada el año pasado por el Tribunal Supremo (TS). Su desaparición fue acordada exactamente por la ley autonómica 19/2015 de 23 de diciembre, con la que, a juicio del Alto Tribunal, no se vulneró el Estatuto de Autonomía de ese territorio. La Sala de lo Contencioso Administrativo determinó asimismo que tampoco se incumplió el derecho al cargo del presidente de este organismo que fue cesado, al igual que los demás consejeros, tras el cierre del órgano.

El Consejo Consultivo de Andalucía, como su propio nombre indica, es un órgano al que las administraciones andaluzas -principalmente la Junta de Andalucía y los ayuntamientos- acuden para consultar sobre la legalidad de sus decisiones. Está presidido por Juan Cano Bueso y plasma su opinión en dictámenes, que pueden ser vinculantes o no. Tiene su sede en el Palacio de Bibataubín de Granada, capital judicial de Andalucía, y tuvo un presupuesto en 2017 de 3,7 millones de euros. De esa cantidad, 503.282 euros fueron para pagar a sus altos cargos; 232.000, a su personal eventual; y 1,4 millones, a sus funcionarios. Casi medio millón (469.037) se destinó a «incentivos al rendimiento» y otra cifra similar (451.250) a «cuotas, prestaciones y gastos sociales», según detalla la última memoria del órgano.

IDEAL ha recabado algunas opiniones políticas sobre la medida contemplada por las dos fuerzas que han arrebatado el gobierno andaluz a Susana Díaz y han puesto fin al 'imperio' socialista en esta comunidad, y lo cierto es que la cautela ha sobresalido en las respuestas. Por ejemplo, en la reacción del PSOE de Granada, que se ha limitado a decir que «no va a entrar a valorar la medida porque aún no es algo definitivo, más aún cuando VOX ha asegurado que si quieren su apoyo hay que revisar el programa».

Luis Salvador, portavoz de Ciudadanos en Granada, ha preferido no hacer declaraciones hasta que no se presente el acuerdo más allá de difundirlo.

El PP granadino ha sido el más contundente en su valoración -no en vano es una de las dos partes artífices del acuerdo-, pues «considera un acierto eliminar órganos cuyas funciones puedan ser asumidas por funcionarios de la administración andaluza, en quienes confía plenamente». Además, recuerda que se hace «en el marco del criterio del próximo gobierno de Juanma Moreno, entre cuyos objetivos está la eficiencia administrativa y el destino a políticas sociales, de educación, sanidad, igualdad y fomento del empleo de los gastos que conllevan este tipo de órganos».

Las mismas fuentes del PP consultadas por este diario confirmaron que al estar recogido el Consultivo en el Estatuto de Autonomía, que define sus funciones y competencias, «para aplicar esta medida será necesaria su modificación».

La formación que preside en Granada Sebastián Pérez valora así de forma «muy positiva» la decisión de suprimir este órgano y ofrece los siguientes datos: su funcionamiento en 2018 está presupuestado en 3.831.295 euros, bajo el programa de alto asesoramiento de la comunidad autónoma. De esa cantidad, el 86,7% son gastos de personal.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía configura al Consejo Consultivo como «institución de autogobierno» y establece, en su capítulo VI, que «el Consejo Consultivo de Andalucía es el superior órgano consultivo del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Junta de Andalucía, incluidos sus organismos y entes sujetos a derecho público». Aparte, es también el «supremo» órgano de asesoramiento de las entidades locales y de los organismos y entes de derecho público de ellas dependientes, así como de las universidades públicas andaluzas. El Consejo ejerce sus funciones «con autonomía orgánica y funcional» y su composición, competencia y funcionamiento están regulados por una ley del Parlamento. Este órgano cuenta con un Pleno y una Comisión Permanente. El primero está integrado por el presidente, los consejeros permanentes -que son los expresidentes de la Junta hasta que cumplan 65 años-, los consejeros electivos -seis con exclusividad y hasta seis sin ella-, el secretario y los consejeros natos. Los natos son la fiscal superior de Andalucía (Ana Tárrago), el secretario general, un representante del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, el presidente de una de las Reales Academias de Jurisprudencia y Legislación de Andalucía, el director general de la Administración Local, y el jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. La segunda está presidida igualmente por el presidente e integrada por el secretario y seis consejeros electivos renovables cada cinco años.

En función de la naturaleza de los asuntos se derivan al Pleno o la Permanente. Por ejemplo, los anteproyectos de leyes o de reforma del Estatuto de Autonomía van al primero, mientras que a la segunda van las resoluciones de contratos de Urbanismo, las reclamaciones administrativas de indemnizaciones de daños y perjuicios de más de 60.000 euros, los recursos de inconstitucionalidad o los conflictos en defensa de la autonomía local.