El futuro de los legados de Casa Ajsaris y Juan Manuel Brazam entra en una fase crítica

Ayer, el concejal de Cultura, Juan Ramón Ferreira, afirmó a este periódico que el consistorio ha practicado el diálogo en ambos casos. «A Juan Manuel Segura se le mostró el espacio del Rey Soler antes de que se lo quedara la Fundación Unicaja, y lo rechazó, y se le ha prometido que su colección tendrá un espacio en Casa Ágreda, pero cuando se haga la obra de transformación del edificio, para la cual hemos conseguido más de tres millones de fondos europeos», aseguró con respecto al primer caso. En lo que atiene al segundo, comentó que le consta que el coordinador del Área, Juan García Montero, el cual tiene una estrecha relación con Brazam, está en contacto con él.

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Estos días van a ser claves para la resolución de ambos asuntos, que entran en una fase crítica. En lo que se refiere a Casa Ajsaris, su propietario, Juan Manuel Segura, va a visitar el próximo jueves 27 un convento vacío en una población de la costa de Málaga, del siglo XVII, donde podría alojarse la colección. El cambio de escenario es radical, porque Segura se plantea adquirir, junto con los sobrinos de su compañero Francisco Jiménez, fallecido hace ya casi cuatro años, el inmueble, vendiendo su actual casa en el Albaicín y trasladando su residencia. Dicha venta le permitiría hacer frente a los gastos de reforma de la futura sede, aunque no descarta la colaboración pública. Ello implicaría la marcha de la colección de Granada. «Lo de Casa Ágreda va para largo y no tengo compromiso municipal por escrito de que se vaya a alojar allí, así que voy a hacer mi propio camino», afirma Segura.

El caso de Brazam es aún más complejo. El edificio donde iba a ubicarse su colección está en manos de la UGR hasta 2027, por un convenio firmado en 2023, y la vicerrectora de Extensión Universitaria, Marga Sánchez, confirmó ayer que en el ánimo de la institución no sólo está cumplirlo, sino mantener la gestión del edificio mucho más allá «porque estamos haciendo un trabajo interesante y de calidad en el barrio. Con todo, a partir del 27, el Ayuntamiento deberá decidir qué hace». Ante esta situación, Brazam, que se siente «engañado», sopesa denunciar en breve el convenio con el Ayuntamiento, aunque no quiere que este asunto «se convierta en un arma arrojadiza entre políticos».