Un grupo de gamberros, presumiblemente, menores de edad, cortó una calle de la ciudad de Granada con una barricada de contenedores de basura durante la pasada noche de Halloween. Fue el incidente más llamativo de una fecha tradicionalmente agitada sin que se sepa muy bien ... la razón. Desde que la capital comenzó a incorporar esta fiesta importada a su calendario de celebraciones, siempre ha habido problemas de orden público, principalmente, lanzamiento de huevos e incluso piedras a los autobuses del transporte público.
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Este año no ha sido una excepción. En total, seis niños o adolescentes fueron identificados por su presunta participación en una decena de ataques a los autocares de Alsa, la empresa concesionaria del servicio municipal, y a un vehículo de la Policía Local, que va a mantener activo durante todo el fin de semana el despliegue diseñado para prevenir y evitar este tipo de actos vandálicos, según detalló Ana Agudo, la concejal responsable de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento.
Por fortuna, nadie resultó herido y, al parecer, no hubo daños de consideración.
Un pandilla de alborotadores llegó a bloquear una calle en Granada para dificultar los movimientos de la guardia municipal y poder arrojar huevos a placer a los autobuses, según indicaron fuentes vecinales a IDEAL. Sin embargo, los patrulleros desmotaron rápidamente la barrera que habían improvisado con contenedores de basura y la normalidad quedó restablecida.
Como en ediciones anteriores de Halloween, las autoridades municipales habían preparado un plan para tratar de prevenir y frenar a los saboteadores callejeros, que, normalmente, suelen ser menores de edad. Asimismo, este año se han sumado a los efectivos de la Policía Local miembros de la Unidades de Intervención de la Policía Nacional (UIP), conocidos popularmente como antidisturbios. La edil Agudo expresó su satisfacción por la colaboración y coordinación entre ambos cuerpos, una decisión que fue consesuada por el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno en una reciente reunión de la junta local de seguridad.
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Los padres de los chavales que sean sorprendidos lanzando proyectiles contra los autobuses públicos se arriesgan a ser multados con sanciones que pueden alcanzar los 750 euros, ya que son responsables civiles de las infracciones que cometen sus hijos.
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