Recurso por la agencia de IA

El Gobierno adjudicó la agencia de inteligencia artificial en una reunión de 20 minutos

En aquella sesión de la «comisión para la determinación de las sedes de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal» participaron 16 personas, con la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, como presidenta. Habían recibido previamente la documentación de las ciudades aspirantes a ambas entidades. Entre las 16 que pugnaron por albergar la agencia de supervisión de la inteligencia artificial estaba Granada.

Así lo relató Rodríguez al inicio del punto tres, el de la determinación de la sede de la agencia de IA, según consta en el acta remitida por el Gobierno al Tribunal Supremo tras una reclamación de la asociación civil Juntos por Granada. Hecha la presentación, tomó la palabra el director adjunto del Gabinete de la ministra de Asuntos Económicos, Andrés Valverde. Presentó «brevemente» un informe en el que terminó recomendando que «La Coruña sea la localidad elegida». Destacó otras dos candidaturas: Alicante y Granada.

A continuación intervino el secretario del grupo, director general de Cooperación Autonómica y Local, Fernando Galindo Elola-Olaso. Expuso que la comisión había elaborado un informe en el que quedaron señaladas las tres «mejores» aspirantes. «Por este orden» -cita el acta- fueron «La Coruña, Alicante y Granada». La presidenta cerró el punto explicando que se había elaborado y distribuido una propuesta de dictamen para recomendar al Consejo de Ministros la elección de La Coruña. No hubo más intervenciones y el tercer punto del orden del día quedó aprobado.

A las 8.50 del 5 de diciembre de 2022, veinte minutos después, el secretario levantó la sesión. El Consejo de Ministros celebrado a continuación siguió la recomendación del grupo de trabajo y aprobó adjudicar la agencia a La Coruña. Las deliberaciones de la comisión y del gabinete del Gobierno se hicieron públicas a las 13.11 de ese mismo día, cuando la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, lanzó el anuncio ante las cámaras: «Se ha acordado que la agencia estatal de supervisión de la inteligencia artificial tendrá su sede en La Coruña».

Ahí acaba el relato de aquella mañana y comienza el de la polémica por la asignación de la agencia: las instituciones de Granada, que trabajaron durante meses una candidatura que partía como favorita, pidieron al Gobierno el expediente y abrieron la puerta a impugnar si los papeles no llegaban a la Plaza del Carmen. Consideraban que el Ejecutivo no había argumentado debidamente, publicando los puntos otorgados a cada aspirante, la elección. Las explicaciones de los días posteriores, escasas e imprecisas, ahondaron en la sospecha -así lo expresaron los portavoces de las administraciones- de que el dictamen no obedeció a criterios objetivos.

La primera entidad en llevar el dictamen al Supremo fue la asociación civil Juntos por Granada. Luego enviaron reclamaciones el Ayuntamiento y la Universidad. El Alto Tribunal pidió al Gobierno el expediente, que ya está en manos de Juntos por Granada. La entidad ha recibido un dossier de 21 documentos que suman 397 páginas. Entre ellos está el acta de la citada reunión.

En ella se hizo referencia a dos informes. Fue el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, quien llevó a cabo el estudio pormenorizado de la documentación aportada por cada una de las localidades-candidatas para albergar la sede. Este informe, según la documentación a la que ha tenido acceso IDEAL, es el ya conocido y publicado en BOE.

Del segundo dossier referido en el acta de la reunión, el elaborado por el secretario, no hay más datos. Sí hay un informe, entre los últimos documentos que figuran en el paquete enviado al Supremo, que resume el análisis de cada una de las aspirantes. Ensalza las conexiones de La Coruña por tren y carretera, su posición en cuanto a investigaciones de IA, el apoyo de empresas y el ofrecimiento de un edificio «singular en pleno centro de la ciudad». También hace referencia a las «excelentes condiciones para el personal desplazado»: pago del 60% de los intereses de la hipoteca, complementos al seguro de salud, aportación a escuelas infantiles… No pone ni una sola a la candidatura.

Distinto es el caso de Granada. Reconoce que la ciudad acredita el apoyo de la Junta y cuenta con un «potente» ecosistema con investigadores de referencia. Tiene «una buena conectividad viaria». Pero -aquí llega el primer inconveniente- «cuenta con una insuficiente conectividad aérea, si bien se ubica a aproximadamente 90 minutos del aeropuerto de Málaga». Sobre las medidas de ayuda al personal desplazado, señala que «son menos extensas que las de otras candidaturas». Tampoco en este documento hay puntuaciones.

Juntos por Granada recibió la documentación el 17 de marzo. Como explica el líder de la asociación, César Girón, el domingo solicitaron a la sala tercera del Supremo que requiera al Gobierno los documentos que, a su juicio, deberían estar incluidos en el expediente. No está incluido, enumera, el documento de entidades públicas y privadas que apoyaron la candidatura granadina. Tampoco los textos que acreditan la designación de los miembros de la comisión, entre ellos tres directores de gabinete. Ni las puntuaciones.