Tren en Granada

El Gobierno ha avalado nueve soterramientos como el que pide Granada desde 2022

El tijeretazo llega justo en el momento en que Granada, después de 16 años a la espera de soluciones, ha manifestado al unísono en el pleno del Ayuntamiento y en el avance de su nuevo plan de ordenación urbana que quiere enterrar las vías que dividen la Chana. Esta pretensión la debía evaluar un estudio encargado en 2018 y cuyos resultados nunca llegaron a publicarse. Hasta ahora, los ciudadanos solo han tenido acceso a proyecciones dibujadas con ordenador y estimaciones económicas y temporales: de 600 a 900 millones de euros y más de una década de obras para tapar casi dos kilómetros de vías y construir una estación bajo tierra. Otras fuentes rebajan la cuantía y el horizonte en el calendario.

A la espera de que el Ministerio y Adif muestren sus estudios y respondan a la solicitud de una reunión de trabajo cursada por la alcaldesa de Granada, siguen en obras o en tramitación al menos nueve soterramientos en España. Son los que figuran en la plataforma de contratación del sector público. IDEAL ha localizado 35 concursos lanzados en los últimos dos años que suman 1.771 millones. Es una parte de los 2.745 millones que costarán, aproximadamente, estos proyectos.

«Por fin llega el AVE a Murcia y lo hace como pidió, como reivindicaron muchos vecinos y vecinas de la ciudad: con las vías soterradas». Así dio la bienvenida Pedro Sánchez al AVE Murcia-Madrid. Hubo dos años de lucha por el soterramiento con concentraciones diarias. En 2019 quedó sellado el convenio entre el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif-Alta Velocidad), el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de Murcia y la sociedad Murcia Alta Velocidad para la financiación de la integración del ferrocarril. En octubre de 2013 se dio el último paso en el contrato de las obras de ejecución de la arquitectura interior, instalaciones no ferroviarias y urbanización de la nueva estación y para los servicios de maniobras de inversión de marcha en el Reguerón y San Gabriel.

El último trámite se anunció ayer mismo, la adjudicación de la obra por 328 millones de euros para soterrar las vías en un tramo de 2,9 kilómetros. También tendrá una nueva estación, Lorca-Sutullena, con las vías y andenes soterrados y seis veces más tamaño que la actual. El túnel tendrá que pasar por debajo del cauce del río Guadalentín, un desafío de mayor envergadura que el que tendría que sortear Granada: el Beiro, con menor caudal.

A finales del año pasado comenzaron los trabajos para eliminar la frontera ferroviaria de Almería, una vez cumplida la tramitación administrativa del proyecto. Las obras durarán tres años y costarán 165 millones de euros que se han repartido el Gobierno, la Junta y el Ayuntamiento, en función de su participación en el proyecto, gracias a un convenio similar al que pretende Granada para sacar adelante la integración de las vías en la Chana. La ciudad contará con una nueva estación intermodal.

A principios de 2023 hubo novedades con la integración ferroviaria en Valencia, que se desarrolla por fases. En noviembre, la alcaldesa denunció retrasos en la ejecución del proyecto y Adif los desmintió. Habrá una estación central subterránea que sustituirá a la de Joaquín Sorolla. El proyecto, según detalló Adif, contempla el soterramiento de todas las vías de acceso a las estaciones de València Nord y València Joaquín Sorolla, así como una transformación de la segunda terminal, que incluye la ampliación de su aparcamiento.

El 26 de septiembre de 2023, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana adjudicó las obras para soterrar la línea R2 de Rodalies a su paso por Montcada i Reixac, un municipio barcelonés de 35.000 habitantes. El Estado invertirá 540 millones de euros para una «transformación urbanística y ferroviaria sin precedentes, dada su diversidad y complejidad técnica y constructiva». Habrá un túnel de cuatro kilómetros y una tercera vía. Además, se remodelará la estación Montcada Bifurcació por 30,2 millones de euros. «La estación subterránea nueva se ubicará en las proximidades de la estación actual. A partir de este punto, el soterramiento seguirá avanzando en dirección norte, cruzando bajo el cauce del río Ripoll y la autopista C-33. El nuevo trazado se ha calculado con parámetros aptos para circulaciones de hasta 140 km/h y rampas máximas del 3%».

La actuación afectará a tres kilómetros, la mitad de ellos soterrados. El pasado 6 de octubre comenzó la excavación en mina del tramo integrado, de 654 metros. El resto se hace con pantallas. Habrá una nueva estación e instalaciones ferroviarias y, según Adif, permitirá crear «nuevos espacios para los ciudadanos». En 2022 se adjudicaron los últimos contratos relacionados con este proyecto.

Según La Nueva España, ha cumplido 14 años en obras y el coste ha pasado de 55 a 130 millones. Desde 2022 han salido cinco contratos relacionados con este proyecto. Las obras quedaron desbloqueadas en 2019 gracias a un convenio entre Adif, el Gobierno del Principado (que asumirá la ordenación de los terrenos liberados) y el Ayuntamiento de Langreo. La longitud de la actuación es de 3.226 metros, en los que se incluyen un túnel ya construido de 1.323,3 metros, y dos rampas de acceso a esta construcción que tienen 278 y 385,6 metros.

En diciembre de 2023 se adjudicaron las obras para un desvío provisional de la línea, paso previo al proyecto del soterramiento. Solo esto tendrá una inversión de 4,7 millones de euros, de los cuales el Gobierno de Cantabria aporta 1,4 millones. En total, el soterramiento requerirá una inversión de 83 millones de euros, financiados al 50% por Adif, al 30% por el Gobierno de Cantabria y el 20% por el Ayuntamiento de Torrelavega. Tendrá una nueva estación soterrada y un aparcamiento subterráneo.

En 2022, Adif AV puso en marcha el proyecto para la integración del ferrocarril en Vitoria-Gasteiz. La actuación permitirá liberar 250.000 metros cuadrados de zonas verdes y contará con 3,6 kilómetros soterrados. Irá aparejada de una remodelación de la estación. El proyecto lleva años de retrasos e incertidumbre y estará financiado al 50% por el Estado. Se plantea la opción de costearlo, en parte, con la liberación de terrenos para la construcción de viviendas.