El Gobierno remite el expediente de la Aesia y el recurso queda en manos de las instituciones

El 5 de diciembre, el Gobierno decidió adjudicar a La Coruña la sede del organismo que vigilará el uso ético y legal de las máquinas que imitan el comportamiento humano. El dictamen llegó tras una reunión de veinte minutos previa al Consejo de Ministros. En la posterior rueda de prensa no hubo explicaciones sobre los motivos de la decisión. Ese mismo día, las instituciones granadinas reclamaron la tabla de puntuaciones otorgadas a cada ciudad candidata, un documento que disiparía la sospecha de que los ministerios implicados eligieron a la ciudad gallega por motivos políticos, y no técnicos.

Los resultados del examen a las aspirantes -si existen- no quedaron publicados en el BOE. Tampoco las respuestas del Gobierno ante los medios despejaron las dudas. Las administraciones acordaron agrupar a sus gabinetes jurídicos en un grupo de trabajo para promover una reclamación ante el Supremo. Los asesores acordaron enviar una única demanda al Alto Tribunal, promovida por el Ayuntamiento, institución que presentó la candidatura a la sede. Más tarde, la UGR decidió presentar su propio recurso para impugnar el dictamen.

En paralelo, una asociación civil, Juntos por Granada, dio también el paso de recurrir ante el Supremo. El tribunal requirió al Gobierno toda la documentación relativa al dictamen y, a la espera de determinar si Juntos por Granada está legitimado para reclamar la decisión, ya la ha remitido a la plataforma. En el dossier no figuran las tablas de puntuaciones ni los nombramientos de las personas que participaron en los encuentros técnicos. Un informe clave para el nombramiento de La Coruña está firmado 52 días después de la última reunión del comité, algo que el Gobierno atribuye a un «simple error» del secretario.

Mientras Juntos por Granada ya ha podido comprobar los documentos, las administraciones locales aún no habían tenido respuesta por parte del Supremo. El anuncio de la admisión de los documentos del Gobierno es un primer paso. Está por ver si son los mismos remitidos a Juntos por Granada o hay algún cambio en los papeles. A partir de ahí, Ayuntamiento, Junta y Universidad tendrán que optar entre mantener el pulso al Ejecutivo o considerar válidas las explicaciones y renunciar a la agencia.

El delegado de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Granados, manifestó por escrito al alcalde el pasado día 24 su «sorpresa y decepción» ante la falta de información sobre el procedimiento judicial, en el que las administraciones acordaron ir de la mano. La administración autonómica exige conocer en qué punto está la demanda y por qué no se adoptan medidas cautelares para evitar que prospere la tramitación administrativa del centro en La Coruña. «Granada no merece este trato por parte del Gobierno de España, y creo que la responsabilidad de todas las administraciones y agentes sociales que integran el Pacto de los Mártires es defender los intereses de Granada», señala la misiva. Granados cree que hay un «hermetismo» absoluto por parte del Ayuntamiento, en sintonía con el Gobierno, que juega «en contra del interés de Granada». «Hay arbitrariedad en ambas administraciones», concluye el delegado.

No es el único movimiento en las últimas semanas. La Universidad, que decidió presentar su propio recurso -en paralelo al tramitado por el Ayuntamiento y al promovido por la asociación civil- redoblando la presión ante el Supremo, ahora ha optado por revertir la situación y unirse a la demanda del Consistorio. Desde la institución académica se limitan a aducir que lo han recomendado los equipos legales, que es una «cuestión de economía procesal» para «concentrar esfuerzos en uno de los recursos».

El pasado 21 de marzo, el alcalde, Paco Cuenca, aseguró que mantendría el recurso ante el Supremo para exigir transparencia. Lo hizo junto a la secretaria de Estado de Digitalización e IA, Carme Artigas, tras la firma de un convenio entre el Gobierno y un centro de investigación emiratí, Adia Lab, para crear en Granada un centro europeo avalado por uno de los mayores fondos de inversión árabes. Según la secretaria, este 'instituto' que empezará a funcionar dentro de un año tendrá un retorno económico mayor que el previsto para la agencia.